Maes, ¿se acuerdan de la eterna novela del proyecto de jornadas 4-3? Diay, esa vara que parece que lleva más tiempo en el Plenario que algunos asesores. Pues parece que los diputados finalmente se hartaron del despiche y encontraron lo que ellos creen que es una salida maestra para dejar de dar vueltas en círculos. La noticia no es que estén avanzando con las votaciones, ¡para nada! La jugada es otra: están a punto de aplicar un “reseteo” legislativo para saltarse las miles de mociones que tienen el proyecto pegado.
Para que entiendan la magnitud del enredo: al proyecto le faltan por votar cerca de 2.100 mociones de fondo y unas 2.500 más de revisión. Haciendo números, al ritmo que iban, terminarían de discutir este chunche por allá de marzo de 2026. ¡2026! Una locura. La vía rápida que le aplicaron se convirtió en una vía lentísima que, además, tiene frenados otros bretes importantes en la Asamblea. Como dijo la misma Pilar Cisneros, sin pelos en la lengua: “No hay otra opción; los diputados están a punto de reventar”. Y la verdad, con ese volumen de papeleo, a cualquiera se le queman los cables.
Entonces, ¿cuál es el plan? La propuesta, impulsada por la Unidad Social Cristiana (PUSC) y aplaudida por el oficialismo, es aplicar un artículo del reglamento para crear una comisión especial. Esto, en tico, significa: archivar el expediente actual (el 24.290) y presentar un texto nuevo, con un número nuevo. ¿La magia de esto? Al ser un proyecto nuevo, todas las miles de mociones que estaban en fila simplemente… desaparecen. Se van al traste. Borrón y cuenta nueva. Es un atajo en toda regla para evitar el filibusterismo que tiene paralizado el debate.
Doña Pilar, jefa de la fracción de Gobierno, ya anda más que segura y dice que tienen los 38 votos amarrados para aprobar la movida. De hecho, recordó que no es la primera vez que hacen algo así, citando el caso de la ley de Empleo Público. Según sus cálculos, si aprueban este procedimiento, en dos meses o dos meses y medio el proyecto ya estaría listo para la votación final en el Plenario. O sea, pasaríamos del 2026 a, posiblemente, antes de que termine este año. Un cambio bastante drástico.
Claro, este nuevo texto no será exactamente igual. Cisneros adelantó que están “puliéndolo” para incluir algunos “poquitos cambios” que habían pedido Liberación Nacional y Nueva República, como excluir explícitamente al sector agrícola y de turismo. Es la carnada para asegurar los votos. Al final, la vara es esta: por un lado, es una solución pragmática para destrabar un proyecto clave que lleva meses pegado. Por otro, deja un sinsabor, una sensación de que se están saltando el debate a la torera. La nueva comisión tendrá reglas estrictas y plazos cortos, limitando muchísimo la discusión. Así que les pregunto, maes: ¿Se vale este atajo para finalmente sacar el brete o es un bypass peligroso a la democracia legislativa?
Para que entiendan la magnitud del enredo: al proyecto le faltan por votar cerca de 2.100 mociones de fondo y unas 2.500 más de revisión. Haciendo números, al ritmo que iban, terminarían de discutir este chunche por allá de marzo de 2026. ¡2026! Una locura. La vía rápida que le aplicaron se convirtió en una vía lentísima que, además, tiene frenados otros bretes importantes en la Asamblea. Como dijo la misma Pilar Cisneros, sin pelos en la lengua: “No hay otra opción; los diputados están a punto de reventar”. Y la verdad, con ese volumen de papeleo, a cualquiera se le queman los cables.
Entonces, ¿cuál es el plan? La propuesta, impulsada por la Unidad Social Cristiana (PUSC) y aplaudida por el oficialismo, es aplicar un artículo del reglamento para crear una comisión especial. Esto, en tico, significa: archivar el expediente actual (el 24.290) y presentar un texto nuevo, con un número nuevo. ¿La magia de esto? Al ser un proyecto nuevo, todas las miles de mociones que estaban en fila simplemente… desaparecen. Se van al traste. Borrón y cuenta nueva. Es un atajo en toda regla para evitar el filibusterismo que tiene paralizado el debate.
Doña Pilar, jefa de la fracción de Gobierno, ya anda más que segura y dice que tienen los 38 votos amarrados para aprobar la movida. De hecho, recordó que no es la primera vez que hacen algo así, citando el caso de la ley de Empleo Público. Según sus cálculos, si aprueban este procedimiento, en dos meses o dos meses y medio el proyecto ya estaría listo para la votación final en el Plenario. O sea, pasaríamos del 2026 a, posiblemente, antes de que termine este año. Un cambio bastante drástico.
Claro, este nuevo texto no será exactamente igual. Cisneros adelantó que están “puliéndolo” para incluir algunos “poquitos cambios” que habían pedido Liberación Nacional y Nueva República, como excluir explícitamente al sector agrícola y de turismo. Es la carnada para asegurar los votos. Al final, la vara es esta: por un lado, es una solución pragmática para destrabar un proyecto clave que lleva meses pegado. Por otro, deja un sinsabor, una sensación de que se están saltando el debate a la torera. La nueva comisión tendrá reglas estrictas y plazos cortos, limitando muchísimo la discusión. Así que les pregunto, maes: ¿Se vale este atajo para finalmente sacar el brete o es un bypass peligroso a la democracia legislativa?
