¡Ay, Dios mío, qué pena ajena! Aquí en Costa Rica, parece que a veces la letra de la ley pesa más que la conciencia. Resulta que los cinco sospechosos de secuestrar a una jovencita de 14 años como garantía de una deuda ‘gota a gota’ andarán libres… ¡con medidas cautelares! Ni nos vamos a creerlo. Esto del ‘arraigo’ se ha convertido en un pasaporte automático para evitar la cárcel, mándale saludos al Código Procesal Penal.
La jugada, si le llamamos así, la hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Habían montado un operativo tremendo, allanamientos en varios lugares, creyendo que habían dado con la banda responsable de explotar a esa muchacha y obligarla a pagar una deuda impagable. Pero el Juzgado Penal de Cartago dijo “chao” a la prisión preventiva. Parece broma, pero es la realidad, y eso huele a podredumbre.
Según la jueza, estos señores cumplen con el requisito del ‘arraigo’: tienen casa propia y aparentan ser gente estable. Eso, según la ley, disminuye el riesgo de que huyan. ¡Imagínate! Mientras la víctima vive con el miedo recorriéndole el cuerpo, sabiendo que sus agresores están ahí afuera, firmando en el juzgado como buenos ciudadanos. ¡Esto sí que es una vara alta!
Y no es que la víctima tenga una vida fácil precisamente. Según su testimonio, sufrió toda clase de abusos, explotación laboral y hasta –dicen– delitos sexuales. Ahora, con los captores sueltos, el riesgo de que la acosen o la amedrenten es enorme. El OIJ se rompió el lomo trabajando en este caso, juntando pruebas, testimonios… para que al final termine como papel picado.
Muchos analistas ya están diciendo que esto envía un mensaje fatal a las bandas criminales: “Captúrenla, explótenla, y si tienen raíces aquí, ¡vayan tranquilos!”. Este tipo de estafas ‘gota a gota’ se han multiplicado en los últimos años, aprovechándose de la necesidad de la gente. Son unos sacamuelas, y verlos andar libres mientras sus víctimas sufren es simplemente inaceptable.
La Fiscalía, obviamente, planea apelar la decisión, pero ya estamos viendo cómo suelen salir estas cosas. Lo más probable es que tengan que saltar muchos obstáculos burocráticos antes de poder meter a estos tipos tras las rejas. Mientras tanto, la percepción de inseguridad en la Gran Área Metropolitana sigue por las nubes. La gente está harta de ver cómo los delincuentes se salen con la suya.
Y ni hablar del desgaste moral que esto causa en los funcionarios del OIJ. Invierten tiempo, esfuerzo y recursos en investigaciones complejas, solo para verse frustrados por decisiones judiciales que parecen desafiar la lógica y el sentido común. Hay que cambiar el chip, pues… porque así no podemos seguir.
Ahora me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la manipulación de la ley proteja a los depredadores y abandone a las víctimas? ¿Será que necesitamos una reforma profunda del sistema judicial para garantizar que la justicia realmente prevalezca, y no solo las apariencias? ¡Digan su opinión!
La jugada, si le llamamos así, la hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Habían montado un operativo tremendo, allanamientos en varios lugares, creyendo que habían dado con la banda responsable de explotar a esa muchacha y obligarla a pagar una deuda impagable. Pero el Juzgado Penal de Cartago dijo “chao” a la prisión preventiva. Parece broma, pero es la realidad, y eso huele a podredumbre.
Según la jueza, estos señores cumplen con el requisito del ‘arraigo’: tienen casa propia y aparentan ser gente estable. Eso, según la ley, disminuye el riesgo de que huyan. ¡Imagínate! Mientras la víctima vive con el miedo recorriéndole el cuerpo, sabiendo que sus agresores están ahí afuera, firmando en el juzgado como buenos ciudadanos. ¡Esto sí que es una vara alta!
Y no es que la víctima tenga una vida fácil precisamente. Según su testimonio, sufrió toda clase de abusos, explotación laboral y hasta –dicen– delitos sexuales. Ahora, con los captores sueltos, el riesgo de que la acosen o la amedrenten es enorme. El OIJ se rompió el lomo trabajando en este caso, juntando pruebas, testimonios… para que al final termine como papel picado.
Muchos analistas ya están diciendo que esto envía un mensaje fatal a las bandas criminales: “Captúrenla, explótenla, y si tienen raíces aquí, ¡vayan tranquilos!”. Este tipo de estafas ‘gota a gota’ se han multiplicado en los últimos años, aprovechándose de la necesidad de la gente. Son unos sacamuelas, y verlos andar libres mientras sus víctimas sufren es simplemente inaceptable.
La Fiscalía, obviamente, planea apelar la decisión, pero ya estamos viendo cómo suelen salir estas cosas. Lo más probable es que tengan que saltar muchos obstáculos burocráticos antes de poder meter a estos tipos tras las rejas. Mientras tanto, la percepción de inseguridad en la Gran Área Metropolitana sigue por las nubes. La gente está harta de ver cómo los delincuentes se salen con la suya.
Y ni hablar del desgaste moral que esto causa en los funcionarios del OIJ. Invierten tiempo, esfuerzo y recursos en investigaciones complejas, solo para verse frustrados por decisiones judiciales que parecen desafiar la lógica y el sentido común. Hay que cambiar el chip, pues… porque así no podemos seguir.
Ahora me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la manipulación de la ley proteja a los depredadores y abandone a las víctimas? ¿Será que necesitamos una reforma profunda del sistema judicial para garantizar que la justicia realmente prevalezca, y no solo las apariencias? ¡Digan su opinión!
