Maes, agárrense porque la novela de Crucitas, esa que llevamos escuchando desde que estábamos en el cole, acaba de estrenar temporada. ¿Se acuerdan? La del oro, los canadienses, la Sala IV y el despiche ambiental y social en San Carlos. Bueno, parece que ahora sí, después de años de estar en el congelador, la vara se va a poner seria en el Plenario. La Comisión de Alajuela le dio luz verde al proyecto del Gobierno para meterle mano a la minería en la zona, y ahora la papa caliente pasa a los 57 diputados. La pregunta es si esta vez la solución será real o si estamos a punto de jalar otra torta histórica.
Diay, ¿y de qué va el brete este? Según el papel, la idea suena hasta ordenada. El proyecto 24.717 propone que el MINAE empiece a dar permisos de exploración a empresas que demuestren tener la plata y el conocimiento técnico para no hacer un desastre. La clave, o al menos lo que nos venden como el gancho, es que se prohíbe explícitamente la minería a cielo abierto con cochinadas como el cianuro y el mercurio. Todo tendría que ser en "ciclo cerrado". Además, la empresa que gane la concesión tiene que soltarle al menos un 5% de las ventas brutas al Estado. De esa plata, la tajada más grande (72%) se la deja el Gobierno, un 25% va para la Muni de San Carlos y un 3% para asociaciones de la zona. En papel, suena a que por fin alguien quiere poner orden y sacarle algo de provecho al oro que hoy se roban sin que nadie vea un cinco.
Pero para entender por qué a todo el mundo se le paran los pelos con este tema, hay que echar para atrás el casete. ¡Qué torta ha sido todo esto! Esta bronca no es nueva. Desde 1999, con la empresa canadiense Industrias Infinito, hemos estado en este vaivén. El proyecto avanzaba, la Sala IV lo frenaba por falta de estudios ambientales. Luego, en 2008, el gobierno de Óscar Arias se jaló la ocurrencia de declararlo de "interés público y conveniencia nacional", dándole un empujón que la Sala volvió a frenar en seco. Todo ese circo terminó con una demanda millonaria contra el país que, por suerte, no prosperó, pero igual nos costó casi $2 millones en abogados. Veinte años de pleitos, promesas rotas y un abandono estatal que convirtió a Crucitas en lo que es hoy.
Ahora, como en toda buena novela tica, el ring político está que arde. Por un lado, tenés a la diputada Priscila Vindas del Frente Amplio, que básicamente dice que esto es como querer apagar un incendio con gasolina. Ella insiste en que legalizar la minería no va a espantar al crimen organizado ni a los coligalleros que ya tienen la zona tomada; más bien, propone meterle plata a un centro de desarrollo y aumentar la presencia del Estado. Del otro lado del cuadrilátero, tenés a diputados como Jorge Rojas, Luis Diego Vargas y Leslye Bojorges, que pintan un panorama apocalíptico: Crucitas ya es "tierra de nadie", una "bomba atómica" ambiental y un nido de crimen. Su lógica es que, si la zona ya es un desastre total, cualquier intento de control es mejor que seguir haciéndose el maje. Es el argumento del "peor es nada".
Al final del día, la vara es más compleja que un simple "sí" o "no" a la minería. Crucitas es el síntoma de un abandono que lleva décadas, una herida abierta donde la ausencia del Estado creó un ecosistema perfecto para la ilegalidad, la destrucción ambiental y la desesperación. Este nuevo proyecto nos pone en una encrucijada incómoda: ¿estamos escogiendo entre un desastre ambiental teóricamente "controlado" a cambio de plata, y un desastre social y ambiental que ya está totalmente fuera de control y no nos deja nada? La decisión que tomen los diputados no solo va a impactar un pedacito de San Carlos; va a sentar un precedente sobre cómo lidiamos con nuestros problemas más enredados como país.
Diay, maes, la pregunta del millón: ¿De verdad creen que legalizar la minería, aunque sea "en ciclo cerrado", va a solucionar el despiche que ya existe en Crucitas? ¿O es solo ponerle una curita a una herida que necesita cirugía mayor? ¡Los leo!
Diay, ¿y de qué va el brete este? Según el papel, la idea suena hasta ordenada. El proyecto 24.717 propone que el MINAE empiece a dar permisos de exploración a empresas que demuestren tener la plata y el conocimiento técnico para no hacer un desastre. La clave, o al menos lo que nos venden como el gancho, es que se prohíbe explícitamente la minería a cielo abierto con cochinadas como el cianuro y el mercurio. Todo tendría que ser en "ciclo cerrado". Además, la empresa que gane la concesión tiene que soltarle al menos un 5% de las ventas brutas al Estado. De esa plata, la tajada más grande (72%) se la deja el Gobierno, un 25% va para la Muni de San Carlos y un 3% para asociaciones de la zona. En papel, suena a que por fin alguien quiere poner orden y sacarle algo de provecho al oro que hoy se roban sin que nadie vea un cinco.
Pero para entender por qué a todo el mundo se le paran los pelos con este tema, hay que echar para atrás el casete. ¡Qué torta ha sido todo esto! Esta bronca no es nueva. Desde 1999, con la empresa canadiense Industrias Infinito, hemos estado en este vaivén. El proyecto avanzaba, la Sala IV lo frenaba por falta de estudios ambientales. Luego, en 2008, el gobierno de Óscar Arias se jaló la ocurrencia de declararlo de "interés público y conveniencia nacional", dándole un empujón que la Sala volvió a frenar en seco. Todo ese circo terminó con una demanda millonaria contra el país que, por suerte, no prosperó, pero igual nos costó casi $2 millones en abogados. Veinte años de pleitos, promesas rotas y un abandono estatal que convirtió a Crucitas en lo que es hoy.
Ahora, como en toda buena novela tica, el ring político está que arde. Por un lado, tenés a la diputada Priscila Vindas del Frente Amplio, que básicamente dice que esto es como querer apagar un incendio con gasolina. Ella insiste en que legalizar la minería no va a espantar al crimen organizado ni a los coligalleros que ya tienen la zona tomada; más bien, propone meterle plata a un centro de desarrollo y aumentar la presencia del Estado. Del otro lado del cuadrilátero, tenés a diputados como Jorge Rojas, Luis Diego Vargas y Leslye Bojorges, que pintan un panorama apocalíptico: Crucitas ya es "tierra de nadie", una "bomba atómica" ambiental y un nido de crimen. Su lógica es que, si la zona ya es un desastre total, cualquier intento de control es mejor que seguir haciéndose el maje. Es el argumento del "peor es nada".
Al final del día, la vara es más compleja que un simple "sí" o "no" a la minería. Crucitas es el síntoma de un abandono que lleva décadas, una herida abierta donde la ausencia del Estado creó un ecosistema perfecto para la ilegalidad, la destrucción ambiental y la desesperación. Este nuevo proyecto nos pone en una encrucijada incómoda: ¿estamos escogiendo entre un desastre ambiental teóricamente "controlado" a cambio de plata, y un desastre social y ambiental que ya está totalmente fuera de control y no nos deja nada? La decisión que tomen los diputados no solo va a impactar un pedacito de San Carlos; va a sentar un precedente sobre cómo lidiamos con nuestros problemas más enredados como país.
Diay, maes, la pregunta del millón: ¿De verdad creen que legalizar la minería, aunque sea "en ciclo cerrado", va a solucionar el despiche que ya existe en Crucitas? ¿O es solo ponerle una curita a una herida que necesita cirugía mayor? ¡Los leo!
