En una maniobra que parece más un acto desesperado por controlar los daños que una genuina preocupación por la salud pública, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha emitido un comunicado para aclarar las recientes acusaciones sobre la presencia del fungicida Mancozeb en el agua potable.
Después de un accidente en la cuenca del río Barranca que resultó en el derrame de este químico, las autoridades se han visto obligadas a manejar una crisis de relaciones públicas más que una crisis de salud.
El informe técnico MS-DPRSA-USA-1536-2024, que según el Ministerio ha sido malinterpretado, no establece nuevos límites máximos permitidos para el agroquímico en el agua potable. Sin embargo, la realidad que enfrentan los costarricenses es que el agua que beben debería estar completamente libre de pesticidas, y cualquier indicio de lo contrario es, en el mejor de los casos, inquietante y, en el peor, una negligencia que podría costar vidas.
El Ministerio argumenta que los valores provisionales propuestos en el informe eran una medida temporal para proteger la salud pública mientras se llevaban a cabo acciones de remediación. Pero, ¿cómo puede ser tranquilizador para la población saber que sus autoridades están dispuestas a aceptar "valores provisionales" de un químico conocido por sus riesgos potenciales?
La presencia de Mancozeb en el agua, por pequeña que sea, no debería ser algo con lo que se juegue. Las normativas actuales fijan un máximo de 0,1 microgramos por litro para plaguicidas y sus metabolitos en el agua potable. Cualquier desviación de esto, temporal o no, debería encender todas las alarmas.
La población, comprensiblemente, se ha mostrado escéptica ante las garantías del Ministerio. Y no es para menos. Mientras que los análisis recientes indican que no se detectó Mancozeb ni su metabolito, la Etilentiourea (ETU), en el agua de consumo humano, la falta de transparencia inicial y la lenta respuesta han dejado un mal sabor de boca.
¿Por qué deberíamos confiar en un sistema que parece más preocupado por evitar un escándalo que por garantizar la seguridad de su gente?
El accidente en el río Barranca, que llevó a la suspensión del suministro de agua potable en varias áreas, incluida Puntarenas, expone la fragilidad de las medidas de seguridad y la falta de preparación ante una emergencia de este tipo. Durante días, la población se vio obligada a depender de camiones cisterna para obtener agua potable, lo que no solo es una solución inconveniente, sino también un reflejo de la improvisación que caracteriza la gestión pública del país.
¿Cómo es posible que, en un país que se jacta de su sostenibilidad, sus ciudadanos deban enfrentarse a la posibilidad de que su agua esté contaminada con fungicidas peligrosos?
Más preocupante aún es la actitud del Ministerio, que parece más interesado en salvar su imagen que en resolver los problemas subyacentes. Las "reuniones técnicas" y las declaraciones de compromiso con la salud pública suenan vacías cuando, en realidad, lo que la gente necesita son respuestas concretas y garantías de que esto no volverá a suceder.
Este episodio también expone una realidad más amplia: la falta de confianza en las instituciones. En una época donde la información es poder, la desinformación puede ser igualmente devastadora. La respuesta del Ministerio, lejos de calmar los ánimos, ha contribuido a una atmósfera de desconfianza y miedo. La población se pregunta, con razón, si las autoridades están realmente interesadas en protegerlos o si están más preocupadas por proteger sus propios intereses y los de las grandes empresas agrícolas que dependen del uso de estos químicos.
Es fácil decir que la situación está bajo control cuando se tiene acceso a agua potable segura en oficinas gubernamentales, pero para aquellos que viven cerca del río Barranca, la realidad es diferente. No es suficiente con decir que "no se detectó" el químico después de una serie de análisis. La confianza se ha roto, y reconstruirla requerirá más que simples palabras y comunicados. Requerirá acciones concretas, transparencia total y, sobre todo, una voluntad genuina de poner a la gente antes que a los intereses corporativos.
Así que, mientras el Ministerio de Salud intenta tranquilizar a la población con tecnicismos y promesas de cumplimiento normativo, la pregunta que realmente debemos hacernos es:
¿Estamos dispuestos a aceptar una gestión que considera aceptable cualquier nivel de un químico peligroso en nuestra agua potable, aunque sea "provisional"?
Porque si la respuesta es sí, quizás el problema sea mucho más grande de lo que parece. Y si es no, entonces es hora de exigir más, mucho más, de aquellos que se supone deben protegernos.
Después de un accidente en la cuenca del río Barranca que resultó en el derrame de este químico, las autoridades se han visto obligadas a manejar una crisis de relaciones públicas más que una crisis de salud.
El informe técnico MS-DPRSA-USA-1536-2024, que según el Ministerio ha sido malinterpretado, no establece nuevos límites máximos permitidos para el agroquímico en el agua potable. Sin embargo, la realidad que enfrentan los costarricenses es que el agua que beben debería estar completamente libre de pesticidas, y cualquier indicio de lo contrario es, en el mejor de los casos, inquietante y, en el peor, una negligencia que podría costar vidas.
El Ministerio argumenta que los valores provisionales propuestos en el informe eran una medida temporal para proteger la salud pública mientras se llevaban a cabo acciones de remediación. Pero, ¿cómo puede ser tranquilizador para la población saber que sus autoridades están dispuestas a aceptar "valores provisionales" de un químico conocido por sus riesgos potenciales?
La presencia de Mancozeb en el agua, por pequeña que sea, no debería ser algo con lo que se juegue. Las normativas actuales fijan un máximo de 0,1 microgramos por litro para plaguicidas y sus metabolitos en el agua potable. Cualquier desviación de esto, temporal o no, debería encender todas las alarmas.
La población, comprensiblemente, se ha mostrado escéptica ante las garantías del Ministerio. Y no es para menos. Mientras que los análisis recientes indican que no se detectó Mancozeb ni su metabolito, la Etilentiourea (ETU), en el agua de consumo humano, la falta de transparencia inicial y la lenta respuesta han dejado un mal sabor de boca.
¿Por qué deberíamos confiar en un sistema que parece más preocupado por evitar un escándalo que por garantizar la seguridad de su gente?
El accidente en el río Barranca, que llevó a la suspensión del suministro de agua potable en varias áreas, incluida Puntarenas, expone la fragilidad de las medidas de seguridad y la falta de preparación ante una emergencia de este tipo. Durante días, la población se vio obligada a depender de camiones cisterna para obtener agua potable, lo que no solo es una solución inconveniente, sino también un reflejo de la improvisación que caracteriza la gestión pública del país.
¿Cómo es posible que, en un país que se jacta de su sostenibilidad, sus ciudadanos deban enfrentarse a la posibilidad de que su agua esté contaminada con fungicidas peligrosos?
Más preocupante aún es la actitud del Ministerio, que parece más interesado en salvar su imagen que en resolver los problemas subyacentes. Las "reuniones técnicas" y las declaraciones de compromiso con la salud pública suenan vacías cuando, en realidad, lo que la gente necesita son respuestas concretas y garantías de que esto no volverá a suceder.
Este episodio también expone una realidad más amplia: la falta de confianza en las instituciones. En una época donde la información es poder, la desinformación puede ser igualmente devastadora. La respuesta del Ministerio, lejos de calmar los ánimos, ha contribuido a una atmósfera de desconfianza y miedo. La población se pregunta, con razón, si las autoridades están realmente interesadas en protegerlos o si están más preocupadas por proteger sus propios intereses y los de las grandes empresas agrícolas que dependen del uso de estos químicos.
Es fácil decir que la situación está bajo control cuando se tiene acceso a agua potable segura en oficinas gubernamentales, pero para aquellos que viven cerca del río Barranca, la realidad es diferente. No es suficiente con decir que "no se detectó" el químico después de una serie de análisis. La confianza se ha roto, y reconstruirla requerirá más que simples palabras y comunicados. Requerirá acciones concretas, transparencia total y, sobre todo, una voluntad genuina de poner a la gente antes que a los intereses corporativos.
Así que, mientras el Ministerio de Salud intenta tranquilizar a la población con tecnicismos y promesas de cumplimiento normativo, la pregunta que realmente debemos hacernos es:
¿Estamos dispuestos a aceptar una gestión que considera aceptable cualquier nivel de un químico peligroso en nuestra agua potable, aunque sea "provisional"?
Porque si la respuesta es sí, quizás el problema sea mucho más grande de lo que parece. Y si es no, entonces es hora de exigir más, mucho más, de aquellos que se supone deben protegernos.
