¡Ay, Dios mío! La onda se armó tremenda en La Reforma, má’ porque parece que alguien se durmió en los laureles y un reo terminó perdiendo la vida. La cosa es que la familia del fallecido, don Alberto Bron, anda furiosa acusando al sistema penitenciario de omisión de auxilio, mientras que el ministro Campos dice que todo se manejó conforme a reglamento. ¡Qué brete!
Bron, un señor que ya arrastraba varios problemas de asma crónica –dicen que estaba más que complicado el panorama–, murió el jueves pasado después de, según la familia, pasar cuatro días rogándole a gritos a la policía penitenciaria que le dieran atención médica. La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad está echándose para adelante con ellos, prometiendo llevar el caso hasta las últimas consecuencias y presentando denuncias penales contra los responsables. ¡Un quilombo, vamos!
Según cuentan los allegados, el mae estaba pidiendo ayuda desde hacía días. Dicen que gritaba y llamaba a la puerta de los custodios, pero nadie le hacía ni cosquillas. “Es una pena que un hombre sufriera así, prácticamente abandonado a su suerte”, comentó Doña Marta, hermana del difunto, visiblemente afectada. La Asociación incluso cuenta con testimonios de otros internos que corroboran la falta de atención. Esto pinta feo, puro problema.
Por otro lado, el ministro Gerald Campos salió a defender los protocolos del sistema penitenciario, asegurando que Bron sí recibió atención médica, aunque admitió que hubo retrasos en la emisión de recetas debido a un fallo técnico en el servidor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Ningún interno ha visto afectada su salud por este inconveniente,” declaró el ministro en una conferencia de prensa que dejó a muchos con la boca abierta.
Pero ahí no termina la telenovela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento del cuerpo, clasificó el deceso como una “aparente muerte natural”. ¡Aparente!, mayate… eso deja muchas preguntas abiertas. Algunos expertos en derecho penal señalan que, dada la gravedad de la enfermedad preexistente y las denuncias sobre la falta de atención, podría tratarse de un delito de homicidio culposo o, en el peor de los casos, de omisión de auxilio agravada. ¡Uy, uy, uy!
Este caso vuelve a abrir el debate sobre las condiciones de salud en las cárceles de Costa Rica. Ya habíamos hablado de esto varias veces, ¿verdad? La falta de recursos, personal médico insuficiente y la burocracia excesiva son algunos de los problemas que aquejan al sistema penitenciario, poniendo en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad. La Superintendencia Penitenciaria debería ponerle lupa a esto, pues la seguridad humana es fundamental.
Además, la denuncia de la familia y la evidencia presentada por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad generan una enorme desconfianza hacia las autoridades penitenciarias. Se necesita una investigación exhaustiva e imparcial para determinar qué pasó realmente en La Reforma y si hubo alguna negligencia que haya contribuido a la muerte de don Alberto Bron. De pronto, el ministro, con todo respeto, tendrá que rendir cuentas claras y transparentes, y demostrar que la justicia se cumple también detrás de los muros de prisión. ¡Esto no puede quedar impune!
En fin, una tragedia lamentable que nos obliga a reflexionar sobre el papel del Estado en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que se encuentran privados de su libertad. ¿Ustedes creen que el ministro Campos debería renunciar ante semejante escándalo o será suficiente con la revisión interna que ya ordenó?
Bron, un señor que ya arrastraba varios problemas de asma crónica –dicen que estaba más que complicado el panorama–, murió el jueves pasado después de, según la familia, pasar cuatro días rogándole a gritos a la policía penitenciaria que le dieran atención médica. La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad está echándose para adelante con ellos, prometiendo llevar el caso hasta las últimas consecuencias y presentando denuncias penales contra los responsables. ¡Un quilombo, vamos!
Según cuentan los allegados, el mae estaba pidiendo ayuda desde hacía días. Dicen que gritaba y llamaba a la puerta de los custodios, pero nadie le hacía ni cosquillas. “Es una pena que un hombre sufriera así, prácticamente abandonado a su suerte”, comentó Doña Marta, hermana del difunto, visiblemente afectada. La Asociación incluso cuenta con testimonios de otros internos que corroboran la falta de atención. Esto pinta feo, puro problema.
Por otro lado, el ministro Gerald Campos salió a defender los protocolos del sistema penitenciario, asegurando que Bron sí recibió atención médica, aunque admitió que hubo retrasos en la emisión de recetas debido a un fallo técnico en el servidor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Ningún interno ha visto afectada su salud por este inconveniente,” declaró el ministro en una conferencia de prensa que dejó a muchos con la boca abierta.
Pero ahí no termina la telenovela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento del cuerpo, clasificó el deceso como una “aparente muerte natural”. ¡Aparente!, mayate… eso deja muchas preguntas abiertas. Algunos expertos en derecho penal señalan que, dada la gravedad de la enfermedad preexistente y las denuncias sobre la falta de atención, podría tratarse de un delito de homicidio culposo o, en el peor de los casos, de omisión de auxilio agravada. ¡Uy, uy, uy!
Este caso vuelve a abrir el debate sobre las condiciones de salud en las cárceles de Costa Rica. Ya habíamos hablado de esto varias veces, ¿verdad? La falta de recursos, personal médico insuficiente y la burocracia excesiva son algunos de los problemas que aquejan al sistema penitenciario, poniendo en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad. La Superintendencia Penitenciaria debería ponerle lupa a esto, pues la seguridad humana es fundamental.
Además, la denuncia de la familia y la evidencia presentada por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad generan una enorme desconfianza hacia las autoridades penitenciarias. Se necesita una investigación exhaustiva e imparcial para determinar qué pasó realmente en La Reforma y si hubo alguna negligencia que haya contribuido a la muerte de don Alberto Bron. De pronto, el ministro, con todo respeto, tendrá que rendir cuentas claras y transparentes, y demostrar que la justicia se cumple también detrás de los muros de prisión. ¡Esto no puede quedar impune!
En fin, una tragedia lamentable que nos obliga a reflexionar sobre el papel del Estado en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que se encuentran privados de su libertad. ¿Ustedes creen que el ministro Campos debería renunciar ante semejante escándalo o será suficiente con la revisión interna que ya ordenó?
