El abogado Leonel Villalobos Salazar, defensor de los dos mexicanos relacionados con el caso de la narcoavioneta, presentó ayer una denuncia en contra del juez Joaquín Hernández, por suspender la medida de arresto domiciliario que la jueza Katia Jiménez había otorgado a sus defendidos la semana anterior. La demanda es por incumplimiento de deberes del señor juez y se solicitó la intervención del Ministerio Público, porque según el defensor se cometió un delito al rehusar la decisión de otorgar casa por cárcel.
“Nos parece que el juez está incumpliendo sus deberes al cambiar la decisión de la jueza que había otorgado a mis clientes casa por cárcel”, aseguró Villalobos a los medios.
Por otra parte, el litigante dijo que se mantienen en busca de una nueva vivienda, la cual reúna las condiciones necesarias de seguridad.
“En este momento no tenemos ninguna otra vivienda, pero la estamos buscando y vamos a pedirle expresamente al Juzgado Penal que no le comunique a los medios de comunicación donde se ubica la casa, esto porque los medios alertan a los vecinos”, expresó el defensor.
Los dos sospechosos de apellidos Martínez y Mendoza tenían el jueves programado trasladarse hasta una vivienda en Goicoechea, donde debido a la presión ejercida por los vecinos, y a una breve inspección realizada por algunos miembros de la Fuerza Pública, se determinó que el inmueble no era un lugar apto para el traslado de los imputados.
De vuelta a prisión
En virtud de lo anterior, el juez Joaquín Hernández ordenó que los mexicanos fueran devueltos al centro penitenciario La Reforma, donde desde hace siete meses guardan prisión preventiva.
La Fiscalía del Narcotráfico vincula a los extranjeros con la empresa propietaria de los 177 kilos de cocaína que viajaban ocultos en la avioneta guatemalteca, la cual se precipitó el pasado mes de octubre en el margen del río Torres, La Uruca.
Tras varios meses en La Reforma, el defensor de los mexicanos presentó una solicitud para que sus clientes obtuvieran el beneficio de casa por cárcel, petición la cual fue aprobada el 10 de mayo pasado por parte de la jueza Katia Jiménez.
El primer intento para trasladar a los mexicanos a una casa resultó infructuoso, pues el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, presentó un escrito ante el Juzgado Penal de Pavas, donde explicaba el riesgo y el alto costo en que incurría la Fuerza Pública para brindar custodia a los detenidos.
El jueves anterior se dio el segundo intento de llevar a los indiciados hasta la casa ubicada en Goicoechea; sin embargo, el juez Joaquín Hernández consideró riesgoso el traslado, esto porque los vecinos estaban eufóricos y la casa no cumplía con los requerimientos determinados por la jueza Katia Jiménez.
De momento las partes se mantienen a la espera de una nueva audiencia, donde de nuevo podría cambiarse la medida de arresto domiciliario. Esa fue programada para el próximo miércoles 25 de mayo a las 9.00 de la mañana.
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