¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde caeremos?
La onda se armó reaguada con las declaraciones que soltó el exministro Luis Amador ante la Fiscalía. Resulta que parece que el Presidente Chaves le estaba apretando la oreja a varios – al propio Amador, a Mónica Araya, al Banco Nacional e incluso al BID – pa’ que le dieran el contrato del proyecto Barranca-Limonal a la compañía mexicana Tradeco. Una rosca más que huele raro, digámoslo así.
Ahora bien, la Sección Contra el Crimen Organizado del OIJ anda picoteando el caso, investigando a Chaves y al exministro Mauricio Batalla por el delito de peculado. Peculado, pa' los que no sepan, significa que alguien se está aprovechando de la plata del Estado pa’ sus propios bolsillos o pa' favorecer a unos amigos. ¡Una lata!
Andrea Álvarez, diputada del PLN, se puso las pilas y le soltó: "Esto es súper preocupante porque calza perfecto con un patrón que hemos visto en este gobierno. Ya cuando el Presidente Chaves le pone cara a la junta del Banco Nacional, la famosa 'junta espuria', inmediatamente les pide que revisen créditos específicos. Lo que denuncia Amador coincide con una grabación que tenemos todos. ¿No es acaso evidente que se está intentando meter mano en decisiones que son responsabilidad exclusiva de los bancos?".
Gilberto Campos, del PLP, fue más contundente: "Este gobierno nos está sacando canas verdes. Esperaremos los resultados de la investigación, pero lo cierto es que esto no le hace ningún favor a Costa Rica. Nuestras estadísticas de corrupción han ido para abajo, y eso es una tristeza enorme para todos nosotros. ¡Nos estamos hundiendo!”. Claro que nadie quiere verte en los últimos lugares por corrupción, ¡qué barra!
Johana Obando, diputada independiente, fue clara: “No es la primera vez que vemos intentos de injerencia política del Presidente Chaves en temas técnicos y financieros. Si esto se confirma, estaríamos hablando de abuso de poder y una amenaza directa a nuestra institucionalidad. Que quede claro: la función pública debe guiarse por el interés nacional, la ética y la legalidad, no por favores políticos. ¡Ya basta de corrupción que marque el futuro de nuestro país!”. La verdad, una cosaa es decir y otra es demostrar.
Incluso Vanessa Castro Mora, presidenta interina del Congreso y diputada del PUSC, expresó su preocupación: “El deber de probidad en la función pública es sagrado. Si se ha violado ese deber, si hubo presiones indebidas, es imperativo investigar a fondo y determinar si hay motivos para tomar medidas legales”.
Y pa’ rematar, la Fiscalía confirmó que el caso también involucra a la ex presidenta del INS, Mónica Araya, a quien Chaves le habría pedido dar una garantía a Tradeco, aunque la empresa no cumplía con los requisitos. Además, recordemos que Araya fue despedida argumentando “pérdida de confianza”, “desempeño negativo” y otras cosas turbias. ¡Un brete el que está viviendo el país!
Ahora me pregunto, ¿hasta qué punto la búsqueda de eficiencia y agilidad en los proyectos justifica la intervención directa del poder ejecutivo en decisiones que tradicionalmente corresponden a instituciones autónomas? ¿Deberíamos exigir mayor transparencia y control en estos procesos para evitar que se repitan situaciones similares?
La onda se armó reaguada con las declaraciones que soltó el exministro Luis Amador ante la Fiscalía. Resulta que parece que el Presidente Chaves le estaba apretando la oreja a varios – al propio Amador, a Mónica Araya, al Banco Nacional e incluso al BID – pa’ que le dieran el contrato del proyecto Barranca-Limonal a la compañía mexicana Tradeco. Una rosca más que huele raro, digámoslo así.
Ahora bien, la Sección Contra el Crimen Organizado del OIJ anda picoteando el caso, investigando a Chaves y al exministro Mauricio Batalla por el delito de peculado. Peculado, pa' los que no sepan, significa que alguien se está aprovechando de la plata del Estado pa’ sus propios bolsillos o pa' favorecer a unos amigos. ¡Una lata!
Andrea Álvarez, diputada del PLN, se puso las pilas y le soltó: "Esto es súper preocupante porque calza perfecto con un patrón que hemos visto en este gobierno. Ya cuando el Presidente Chaves le pone cara a la junta del Banco Nacional, la famosa 'junta espuria', inmediatamente les pide que revisen créditos específicos. Lo que denuncia Amador coincide con una grabación que tenemos todos. ¿No es acaso evidente que se está intentando meter mano en decisiones que son responsabilidad exclusiva de los bancos?".
Gilberto Campos, del PLP, fue más contundente: "Este gobierno nos está sacando canas verdes. Esperaremos los resultados de la investigación, pero lo cierto es que esto no le hace ningún favor a Costa Rica. Nuestras estadísticas de corrupción han ido para abajo, y eso es una tristeza enorme para todos nosotros. ¡Nos estamos hundiendo!”. Claro que nadie quiere verte en los últimos lugares por corrupción, ¡qué barra!
Johana Obando, diputada independiente, fue clara: “No es la primera vez que vemos intentos de injerencia política del Presidente Chaves en temas técnicos y financieros. Si esto se confirma, estaríamos hablando de abuso de poder y una amenaza directa a nuestra institucionalidad. Que quede claro: la función pública debe guiarse por el interés nacional, la ética y la legalidad, no por favores políticos. ¡Ya basta de corrupción que marque el futuro de nuestro país!”. La verdad, una cosaa es decir y otra es demostrar.
Incluso Vanessa Castro Mora, presidenta interina del Congreso y diputada del PUSC, expresó su preocupación: “El deber de probidad en la función pública es sagrado. Si se ha violado ese deber, si hubo presiones indebidas, es imperativo investigar a fondo y determinar si hay motivos para tomar medidas legales”.
Y pa’ rematar, la Fiscalía confirmó que el caso también involucra a la ex presidenta del INS, Mónica Araya, a quien Chaves le habría pedido dar una garantía a Tradeco, aunque la empresa no cumplía con los requisitos. Además, recordemos que Araya fue despedida argumentando “pérdida de confianza”, “desempeño negativo” y otras cosas turbias. ¡Un brete el que está viviendo el país!
Ahora me pregunto, ¿hasta qué punto la búsqueda de eficiencia y agilidad en los proyectos justifica la intervención directa del poder ejecutivo en decisiones que tradicionalmente corresponden a instituciones autónomas? ¿Deberíamos exigir mayor transparencia y control en estos procesos para evitar que se repitan situaciones similares?
