Costa Rica ha sido criticada por pensar en pequeño, pero en relación con el próximo traspaso de poder, pensamos en diminuto. La comisión de traspaso dispone de ¢100 millones para organizar uno de los acontecimientos cimeros de la democracia.
Los actos no son para nosotros, los ciudadanos, aunque somos los primeros con derecho a celebrarlos. Son para la buena imagen del país frente a decenas de delegaciones extranjeras cuya presencia honra a Costa Rica y ayuda a proyectarle al mundo nuestras sólidas credenciales democráticas.
El dinero previsto no alcanza y las autoridades del nuevo gobierno andan con el sombrero en la mano, en busca de donaciones para reunir otros ¢200 millones. El total de ¢300 millones sigue siendo un presupuesto modesto, pero es el mínimo necesario para dar a los actos la dignidad esperada por extranjeros y nacionales.
El dinero adicional es indispensable para salvar la cara, y si las autoridades entrantes no encuentran otro remedio, deberán persistir en el propósito de recurrir a las donaciones privadas, pero ese recurso entraña peligros que ninguna nueva administración debería verse obligada a enfrentar. Basta un donante con intenciones incorrectas, entre muchos de buena fe, para manchar un festejo que distingue al país de otros menos afortunados.
Todo el dinero, en cantidad suficiente para celebrar el acto con decoro, debió salir del presupuesto nacional. Si la Asamblea Legislativa y la actual administración estuvieran a tiempo, deberían empeñarse para proveer los recursos. Si no, las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo deben asegurarse de que semejante imprevisión desaparezca en el futuro.
No es un gasto superfluo. La celebración tiene importantes implicaciones diplomáticas. Ofrece una oportunidad idónea para comunicar los nuevos lineamientos de la política exterior y estrechar lazos con países amigos, entre los cuales figuran muchos de gran importancia para las relaciones comerciales y de cooperación. En ese sentido, el festejo también puede ser visto como una inversión.
Nuestra nación tiene relaciones diplomáticas con 157 países cuyos jefes de Estado ya recibieron la invitación para acompañarnos el 8 de mayo. No todos asistirán, pero quienes lo hagan deben ser alojados y atendidos como corresponde a sus altos cargos. Se harán acompañar de colaboradores y funcionarios gubernamentales, a quienes también es preciso brindar hospitalidad. Además, la comisión tiene prevista la presencia de unos mil invitados especiales.
La empresa privada puede y debe colaborar con causas de interés nacional. Lo hace con frecuencia, destinando recursos a fines ambientales, educativos, sanitarios y de atención de emergencias, entre otros. Esa intervención altruista en procura de fines sociales específicos, es muy distinta del financiamiento de necesidades impuestas por el funcionamiento interno del Gobierno.
Una empresa privada puede, sin objeción, donar veinte radiopatrullas al Ministerio de Seguridad Pública, pero no un auto para uso del Ministro. Ese es mejor que lo financie el presupuesto nacional, con el propósito de que la independencia de la función quede a salvo en lo sustancial y también en apariencia. Casta y pareciéndolo, como la hija del César.
Ningún motivo existe para desconfiar de la comisión de traspaso y de las buenas intenciones de quienes acometen la tarea de recaudar los fondos. Si no hay otra salida, habrá que apoyar el esfuerzo, pero a sus intensas gestiones deberán añadir una dosis extrema de cuidado para mantener alejados a los traficantes de influencias y a los personajes oscuros, que siempre pretenden un lugar en la fiesta.
