¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con el Banco de Costa Rica metido en un brete que parece novela. Resulta que Sugeval, la súper que vela porque nadie haga trampa con las inversiones, le ha dicho al BCR que ponga ¢19.260 millones en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). ¡Una suma considerable, mae!
La historia, como casi todas estas, tiene sus raíces en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP). En el lejano 2020, el BCR, con toda la ilusión del mundo, decidió comprar ese parque de bodegas por unos 70 millones de dólares pensando que iba a ser pura miel sobre hojuelas. Querían administrarlo, sacar utilidades y repartirle feria a los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
Pero como dicen por ahí, “el que mucho abarca, poco aprieta”. Se descubrió que el valor real del parque era de solo 34,7 millones de dólares, estaba a medio hacer y, para colmo, hasta marzo de 2025 solamente tenía un inquilino... ¡y moroso! La transacción, además, se hizo con una empresa ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien ahora está siendo investigado por el Ministerio Público junto con algunos peces gordos del BCR. ¡Menuda combinación!
Este nuevo fallo de Sugeval no es precisamente novedoso; forma parte de una serie de medidas administrativas que se han ido tomando desde que este escándalo salió a la luz en 2021. Ahora, Sugeval quiere asegurarse de que esos ¢19.260 millones estén invertidos en cosas seguras, “de alta calidad crediticia”, para tenerlos listos si al final el BCR pierde el juicio y tiene que pagarle a los inversionistas. Un plan preventivo, digámoslo así.
Lo curioso es que esto ya no es la primera vez que Sugeval le pide al BCR y a la SAFI que transfieran dinero. Ya en 2024 le habían dicho que hicieran lo mismo por si acaso las cosas se ponían feas con la gestión del PEP. El BCR, claro, no quería, argumentando que eran “fondos públicos” que iban a parar a un fondo privado, pero no lograron convencer a nadie ni en la vía administrativa ni en la judicial. ¡Se les jaló una torta en eso!
Y ojo, porque la cosa no termina ahí. Todavía queda pendiente la orden de Sugeval para que el BCR pague los 70 millones de dólares que pagó por el PEP. Eso sí que sería un golpe duro para el banco estatal. Entre los que están sufriendo las consecuencias de todo este embrollo están muchos adultos mayores y fondos de pensiones que invirtieron su plata confiando en el BCR. ¡Qué sal!
Ahora, el BCR dice que su equipo legal está estudiando la última medida cautelar rechazada para decidir qué van a hacer. Pero mientras tanto, los inversionistas siguen exigiendo que el banco asuma la responsabilidad de esta jugadita que consideran irregular y que ya denunciaron ante el Ministerio Público. ¡Y vaya que tienen razón en reclamarle!
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y deja muchas preguntas en el aire. ¿Cómo es posible que un banco del tamaño del BCR haya podido cometer semejantes errores? ¿Quiénes serán los responsables finales de esta debacle financiera? Y lo más importante, ¿cómo protegeremos nuestros ahorros de situaciones como esta? ¡Dígame usted, compa! ¿Qué piensa que deberían hacer los inversionistas afectados?
La historia, como casi todas estas, tiene sus raíces en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP). En el lejano 2020, el BCR, con toda la ilusión del mundo, decidió comprar ese parque de bodegas por unos 70 millones de dólares pensando que iba a ser pura miel sobre hojuelas. Querían administrarlo, sacar utilidades y repartirle feria a los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
Pero como dicen por ahí, “el que mucho abarca, poco aprieta”. Se descubrió que el valor real del parque era de solo 34,7 millones de dólares, estaba a medio hacer y, para colmo, hasta marzo de 2025 solamente tenía un inquilino... ¡y moroso! La transacción, además, se hizo con una empresa ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien ahora está siendo investigado por el Ministerio Público junto con algunos peces gordos del BCR. ¡Menuda combinación!
Este nuevo fallo de Sugeval no es precisamente novedoso; forma parte de una serie de medidas administrativas que se han ido tomando desde que este escándalo salió a la luz en 2021. Ahora, Sugeval quiere asegurarse de que esos ¢19.260 millones estén invertidos en cosas seguras, “de alta calidad crediticia”, para tenerlos listos si al final el BCR pierde el juicio y tiene que pagarle a los inversionistas. Un plan preventivo, digámoslo así.
Lo curioso es que esto ya no es la primera vez que Sugeval le pide al BCR y a la SAFI que transfieran dinero. Ya en 2024 le habían dicho que hicieran lo mismo por si acaso las cosas se ponían feas con la gestión del PEP. El BCR, claro, no quería, argumentando que eran “fondos públicos” que iban a parar a un fondo privado, pero no lograron convencer a nadie ni en la vía administrativa ni en la judicial. ¡Se les jaló una torta en eso!
Y ojo, porque la cosa no termina ahí. Todavía queda pendiente la orden de Sugeval para que el BCR pague los 70 millones de dólares que pagó por el PEP. Eso sí que sería un golpe duro para el banco estatal. Entre los que están sufriendo las consecuencias de todo este embrollo están muchos adultos mayores y fondos de pensiones que invirtieron su plata confiando en el BCR. ¡Qué sal!
Ahora, el BCR dice que su equipo legal está estudiando la última medida cautelar rechazada para decidir qué van a hacer. Pero mientras tanto, los inversionistas siguen exigiendo que el banco asuma la responsabilidad de esta jugadita que consideran irregular y que ya denunciaron ante el Ministerio Público. ¡Y vaya que tienen razón en reclamarle!
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y deja muchas preguntas en el aire. ¿Cómo es posible que un banco del tamaño del BCR haya podido cometer semejantes errores? ¿Quiénes serán los responsables finales de esta debacle financiera? Y lo más importante, ¿cómo protegeremos nuestros ahorros de situaciones como esta? ¡Dígame usted, compa! ¿Qué piensa que deberían hacer los inversionistas afectados?
