¡Ay, Dios mío! Esta vainera del exdiputado Humberto Vargas Corrales parece no tener final. Resulta que cinco sociedades anónimas, todas enredadas con él, anduvieron jugando al escondite cambiando de forma legal justo después de venderle propiedades al BCR SAFI. Y ojo, según la Fiscalía, ¡todo esto con un sobreprecio que puede dejar a muchos inversionistas llorando!
La movida empezó con Barniza S.A., una sociedad manejada por Héctor Giovanni Barrantes Marín, mano derecha de Vargas Corrales. Luego apareció otra, la 3-101-713672 S.A., encabezada por el hijito, Humberto Vargas Sotres, quien anda juntito con Manrique Gutiérrez Loría. Parece que este pandillerío andaba buscando cómo sacarles raja al pobre banco.
Lo más curioso es que Barniza S.A., después de engordarse con la venta, decidió cambiar de traje y convertirse en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pero ¡aguanta!, eso no fue suficiente; ¡se disolvió poco después! Una jugada rarísima, ¿no creen? Parece que querían borrar huellas, qué fiaca.
Y ni hablar de las propiedades. Estas sociedades le vendieron a la SAFI el edificio Madrid y el CE Santa Ana, por unos $3.640.000, $450.000 y $2.410.000 respectivamente. Unas sumitas considerables, especialmente si la Fiscalía dice que eran precios inflados, ¡una estafa a toda madre!
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya puso la lupa encima. Hace poquito realizaron 16 allanamientos para agarrarle documentos a 14 personas imputadas en este caso penal, donde se les acusa de sobreprecio irregular e influencia indebida sobre la Hacienda Pública. ¡Se les cayó el teatro, huevones!
Pero eso no es todo, amigos. Según el Ministerio Público, este grupete de interés económico, con el apoyo de al menos ocho funcionarios del BCR y algunos consultores externos, se habría embolsado cerca de $92 millones con estas maniobras turbias. ¿Ustedes saben cuánto es eso? ¡Una fortuna! Imaginen cuántas escuelas o hospitales podríamos haber construido con esa plata.
Entre las sociedades más llamativas está la 3-101-746316 S.A., que vendió el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a la SAFI. Después, ¡sorpresa!, cambiaron de nombre y de cédula jurídica varias veces hasta que finalmente desaparecieron. También figura Aguram S.A., que recibió el dinero de la venta del PEP y luego se convirtió en su administradora. Parece que todo estaba planeado al dedillo, ¿verdad?
Esta novela sigue desarrollándose y hay mucho por aclarar. Con todo este rollo, uno se pregunta: ¿hasta dónde llegará la justicia en este caso? ¿Serán capaces de recuperar el dinero perdido y llevar a los responsables ante la ley? ¡Déjenme saber sus opiniones en los comentarios! ¿Creen que realmente vamos a ver a estos personajes pagar por sus fechorías o será otro caso que se va a ir al olvido como tantos otros?
La movida empezó con Barniza S.A., una sociedad manejada por Héctor Giovanni Barrantes Marín, mano derecha de Vargas Corrales. Luego apareció otra, la 3-101-713672 S.A., encabezada por el hijito, Humberto Vargas Sotres, quien anda juntito con Manrique Gutiérrez Loría. Parece que este pandillerío andaba buscando cómo sacarles raja al pobre banco.
Lo más curioso es que Barniza S.A., después de engordarse con la venta, decidió cambiar de traje y convertirse en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pero ¡aguanta!, eso no fue suficiente; ¡se disolvió poco después! Una jugada rarísima, ¿no creen? Parece que querían borrar huellas, qué fiaca.
Y ni hablar de las propiedades. Estas sociedades le vendieron a la SAFI el edificio Madrid y el CE Santa Ana, por unos $3.640.000, $450.000 y $2.410.000 respectivamente. Unas sumitas considerables, especialmente si la Fiscalía dice que eran precios inflados, ¡una estafa a toda madre!
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya puso la lupa encima. Hace poquito realizaron 16 allanamientos para agarrarle documentos a 14 personas imputadas en este caso penal, donde se les acusa de sobreprecio irregular e influencia indebida sobre la Hacienda Pública. ¡Se les cayó el teatro, huevones!
Pero eso no es todo, amigos. Según el Ministerio Público, este grupete de interés económico, con el apoyo de al menos ocho funcionarios del BCR y algunos consultores externos, se habría embolsado cerca de $92 millones con estas maniobras turbias. ¿Ustedes saben cuánto es eso? ¡Una fortuna! Imaginen cuántas escuelas o hospitales podríamos haber construido con esa plata.
Entre las sociedades más llamativas está la 3-101-746316 S.A., que vendió el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a la SAFI. Después, ¡sorpresa!, cambiaron de nombre y de cédula jurídica varias veces hasta que finalmente desaparecieron. También figura Aguram S.A., que recibió el dinero de la venta del PEP y luego se convirtió en su administradora. Parece que todo estaba planeado al dedillo, ¿verdad?
Esta novela sigue desarrollándose y hay mucho por aclarar. Con todo este rollo, uno se pregunta: ¿hasta dónde llegará la justicia en este caso? ¿Serán capaces de recuperar el dinero perdido y llevar a los responsables ante la ley? ¡Déjenme saber sus opiniones en los comentarios! ¿Creen que realmente vamos a ver a estos personajes pagar por sus fechorías o será otro caso que se va a ir al olvido como tantos otros?
