Ay, amiga, esto sí que está duro. Resulta que Sonia Rojas, diputada del PLN, le soltó una ralla a Mary Munive, la ministra de Salud, porque parece que andaba medio perdida sobre dónde están exactamente los CEN-CINAI en territorio indígena. ¡Imagínate la bronca! Esto pasó durante la visita de la ministra a la Comisión de Asuntos Hacendarios, mientras discutían el presupuesto para el 2026. Un brete, diay.
Para refrescarles la memoria, los CEN-CINAI son Centros de Atención Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo. Suena lindo, ¿verdad? Pero la diputada Rojas agarró a la ministra con el pie en el barro cuando le preguntó cuántos de esos centros estaban atendiendo directamente a comunidades indígenas. La respuesta fue… bueno, digamos que dejó bastante que desear.
La ministra Munive tiró la bomba diciendo que en el país hay 647 CEN-CINAI, pero luego admitió que no tenía clara la distribución geográfica específica en territorios indígenas. ¡Un qué sal! La diputada Rojas, con toda la razón, le siguió apretando la vara, preguntándole hasta qué territorios pertenecen esos centros y cuántos niños indígenas están siendo atendidos fuera de sus propias comunidades. Claramente, la ministra estaba buscando cómo evadir la pregunta, hablando de estrategias regionales y enfocándose en la 'vulnerabilidad' general.
Y ahí fue cuando la diputada soltó la frase que ya está dando vueltas por todas partes: “No, ministra. Es que usted es la ministra, y dentro de sus responsabilidades está atender a la población más vulnerable, ¡y eso incluye a los territorios indígenas!”. Parece mentira que una funcionaria pública no tenga este tipo de datos a mano, ¿verdad? Esto demuestra una falta preocupante de organización y compromiso con las poblaciones más necesitadas.
El Presupuesto Ordinario para el 2026 es de 12,8 billones de colones –una suma considerable– y la discusión sigue en curso. Pero este episodio pone en tela de juicio cómo se están asignando los recursos y si realmente llegan a quienes más los necesitan. Es evidente que muchos ministerios sufren de la misma deficiencia: falta de datos precisos, poca puntualidad y una falta de responsabilidad alarmante con respecto a la población vulnerable. Un problema serio, chunche.
Más allá de la confrontación directa entre la diputada y la ministra, este caso plantea preguntas más profundas sobre la gestión pública en Costa Rica. ¿Cómo es posible que una cartera encargada de la salud infantil no tenga mapeados sus propios centros de atención especializados, especialmente aquellos dirigidos a poblaciones indígenas? ¿Estamos priorizando la burocracia sobre la eficiencia y la transparencia?
Es importante recordar que las comunidades indígenas enfrentan desafíos particulares en cuanto al acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Ignorar o minimizar estas necesidades no solo es injusto, sino que también perpetúa desigualdades históricas y limita el desarrollo integral del país. Necesitamos funcionarios públicos comprometidos con la justicia social y capaces de tomar decisiones basadas en datos sólidos y evidencia concreta. De nada sirve hablar de políticas públicas si no sabemos quiénes son los beneficiarios reales.
Este caso nos deja pensando: ¿Crees que la falta de información y planificación estratégica por parte de los ministerios es un reflejo de un problema sistémico más profundo en la administración pública costarricense, o simplemente un caso aislado de mala gestión? ¡Déjanos tus comentarios abajo!
Para refrescarles la memoria, los CEN-CINAI son Centros de Atención Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo. Suena lindo, ¿verdad? Pero la diputada Rojas agarró a la ministra con el pie en el barro cuando le preguntó cuántos de esos centros estaban atendiendo directamente a comunidades indígenas. La respuesta fue… bueno, digamos que dejó bastante que desear.
La ministra Munive tiró la bomba diciendo que en el país hay 647 CEN-CINAI, pero luego admitió que no tenía clara la distribución geográfica específica en territorios indígenas. ¡Un qué sal! La diputada Rojas, con toda la razón, le siguió apretando la vara, preguntándole hasta qué territorios pertenecen esos centros y cuántos niños indígenas están siendo atendidos fuera de sus propias comunidades. Claramente, la ministra estaba buscando cómo evadir la pregunta, hablando de estrategias regionales y enfocándose en la 'vulnerabilidad' general.
Y ahí fue cuando la diputada soltó la frase que ya está dando vueltas por todas partes: “No, ministra. Es que usted es la ministra, y dentro de sus responsabilidades está atender a la población más vulnerable, ¡y eso incluye a los territorios indígenas!”. Parece mentira que una funcionaria pública no tenga este tipo de datos a mano, ¿verdad? Esto demuestra una falta preocupante de organización y compromiso con las poblaciones más necesitadas.
El Presupuesto Ordinario para el 2026 es de 12,8 billones de colones –una suma considerable– y la discusión sigue en curso. Pero este episodio pone en tela de juicio cómo se están asignando los recursos y si realmente llegan a quienes más los necesitan. Es evidente que muchos ministerios sufren de la misma deficiencia: falta de datos precisos, poca puntualidad y una falta de responsabilidad alarmante con respecto a la población vulnerable. Un problema serio, chunche.
Más allá de la confrontación directa entre la diputada y la ministra, este caso plantea preguntas más profundas sobre la gestión pública en Costa Rica. ¿Cómo es posible que una cartera encargada de la salud infantil no tenga mapeados sus propios centros de atención especializados, especialmente aquellos dirigidos a poblaciones indígenas? ¿Estamos priorizando la burocracia sobre la eficiencia y la transparencia?
Es importante recordar que las comunidades indígenas enfrentan desafíos particulares en cuanto al acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Ignorar o minimizar estas necesidades no solo es injusto, sino que también perpetúa desigualdades históricas y limita el desarrollo integral del país. Necesitamos funcionarios públicos comprometidos con la justicia social y capaces de tomar decisiones basadas en datos sólidos y evidencia concreta. De nada sirve hablar de políticas públicas si no sabemos quiénes son los beneficiarios reales.
Este caso nos deja pensando: ¿Crees que la falta de información y planificación estratégica por parte de los ministerios es un reflejo de un problema sistémico más profundo en la administración pública costarricense, o simplemente un caso aislado de mala gestión? ¡Déjanos tus comentarios abajo!
