¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con este gobierno que parece que le gusta más echarle gasolina al fuego que apagarlo. Resulta que, luego de varias semanas de silencio, salió a relucir un maje, un informante anónimo, que nos soltó la sopa sobre cómo se manejaron los fondos destinados a la educación pública. Y, díganme, ¿qué encontramos ahí dentro? Un verdadero despunte de irregularidades, mae.
La cosa empezó a picar cuando algunos directores escolares empezaron a quejarse de que no les llegaban los materiales básicos, ni siquiera lápices para los ninos. Padres de familia protestando porque sus hijos tienen que ir a clases con pupitres rotos, sin aire acondicionado en medio de este calorazo, y esperando milagros para tener acceso a internet. Pero aparentemente, parte de esos dineros terminaron en cuentas personales, eso dicen los documentos que ya están circulando por redes sociales y que, aunque no quiero hacerme responsable de todo, parecen bastante convincentes.
Según fuentes internas, que prefieren mantenerse en el anonimato (porque, claro, quién quiere meterse en brete con el gobierno), se habrían desviado millones de colones a empresas fantasma, contratadas para “servicios de consultoría” que nadie entiende. ¡Un mamarracho!, diría mi abuela. Contratan gente para que haga cosas que luego nunca se ven, y nosotros pagamos la cuenta. Y lo peor de todo es que esto ocurre mientras los maestros andan batallando para llegar a fin de mes y los estudiantes sufren las consecuencias de la falta de inversión.
Lo que más me preocupa, y creo que debería preocuparle a todos los costarricenses, es la falta de transparencia en este proceso. No hay información clara sobre cómo se tomó la decisión de contratar estas empresas, ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores. Parece que todo se hizo a puerta cerrada, sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y ustedes saben, mae, que la opacidad siempre huele a chamusquina.
El Ministro de Educación, Don Alberto Rodríguez, salió a defenderse, como es costumbre, alegando que se trata de una campaña difamatoria orquestada por sus adversarios políticos. Dice que todas las contrataciones se realizaron cumpliendo con la ley y que cualquier irregularidad será investigada a fondo. ¡Pero bueno!, ya hemos escuchado esas mismas promesas antes. Que si van a investigar, que si van a sancionar, que si van a limpiar la casa… y al final, nada cambia. Qué sal!
Y hablando de investigaciones, resulta que la Contraloría General de la República ya inició una auditoría exhaustiva de los gastos realizados por el Ministerio de Educación durante los últimos dos años. Esto podría poner aún más presión sobre el gobierno y obligarlos a aclarar las dudas que han surgido. Aunque, siendo sinceros, yo no le pondría muchas esperanzas. Conocemos el juego, los abogados se lucen encontrando tecnicismos legales para justificar lo injustificable, y al final, pocos responsables asumen sus culpas.
Ahora, no digo que todos los funcionarios públicos sean corruptos, que no. Hay muchos mae decentes trabajando duro para mejorar nuestro país. Pero estos casos, como este del presupuesto de educación, me hacen perder la fe en el sistema. Me dan ganas de agarrarme la cabeza y gritar: ¡Qué torta! Necesitamos un cambio radical en la forma en que se manejan los recursos públicos. Tenemos que exigir más transparencia, más responsabilidad y, sobre todo, más compromiso con el bienestar de la población.
En fin, este caso pinta para ser largo y complicado. Lo cierto es que la educación de nuestros niños está en riesgo, y eso no podemos permitirlo. Así que, diganme, queridos lectores, ¿creen que el gobierno tomará medidas efectivas para solucionar esta problemática o seguiremos viendo cómo se dilapidan los recursos públicos mientras la calidad de nuestra educación sigue decayendo?
La cosa empezó a picar cuando algunos directores escolares empezaron a quejarse de que no les llegaban los materiales básicos, ni siquiera lápices para los ninos. Padres de familia protestando porque sus hijos tienen que ir a clases con pupitres rotos, sin aire acondicionado en medio de este calorazo, y esperando milagros para tener acceso a internet. Pero aparentemente, parte de esos dineros terminaron en cuentas personales, eso dicen los documentos que ya están circulando por redes sociales y que, aunque no quiero hacerme responsable de todo, parecen bastante convincentes.
Según fuentes internas, que prefieren mantenerse en el anonimato (porque, claro, quién quiere meterse en brete con el gobierno), se habrían desviado millones de colones a empresas fantasma, contratadas para “servicios de consultoría” que nadie entiende. ¡Un mamarracho!, diría mi abuela. Contratan gente para que haga cosas que luego nunca se ven, y nosotros pagamos la cuenta. Y lo peor de todo es que esto ocurre mientras los maestros andan batallando para llegar a fin de mes y los estudiantes sufren las consecuencias de la falta de inversión.
Lo que más me preocupa, y creo que debería preocuparle a todos los costarricenses, es la falta de transparencia en este proceso. No hay información clara sobre cómo se tomó la decisión de contratar estas empresas, ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores. Parece que todo se hizo a puerta cerrada, sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y ustedes saben, mae, que la opacidad siempre huele a chamusquina.
El Ministro de Educación, Don Alberto Rodríguez, salió a defenderse, como es costumbre, alegando que se trata de una campaña difamatoria orquestada por sus adversarios políticos. Dice que todas las contrataciones se realizaron cumpliendo con la ley y que cualquier irregularidad será investigada a fondo. ¡Pero bueno!, ya hemos escuchado esas mismas promesas antes. Que si van a investigar, que si van a sancionar, que si van a limpiar la casa… y al final, nada cambia. Qué sal!
Y hablando de investigaciones, resulta que la Contraloría General de la República ya inició una auditoría exhaustiva de los gastos realizados por el Ministerio de Educación durante los últimos dos años. Esto podría poner aún más presión sobre el gobierno y obligarlos a aclarar las dudas que han surgido. Aunque, siendo sinceros, yo no le pondría muchas esperanzas. Conocemos el juego, los abogados se lucen encontrando tecnicismos legales para justificar lo injustificable, y al final, pocos responsables asumen sus culpas.
Ahora, no digo que todos los funcionarios públicos sean corruptos, que no. Hay muchos mae decentes trabajando duro para mejorar nuestro país. Pero estos casos, como este del presupuesto de educación, me hacen perder la fe en el sistema. Me dan ganas de agarrarme la cabeza y gritar: ¡Qué torta! Necesitamos un cambio radical en la forma en que se manejan los recursos públicos. Tenemos que exigir más transparencia, más responsabilidad y, sobre todo, más compromiso con el bienestar de la población.
En fin, este caso pinta para ser largo y complicado. Lo cierto es que la educación de nuestros niños está en riesgo, y eso no podemos permitirlo. Así que, diganme, queridos lectores, ¿creen que el gobierno tomará medidas efectivas para solucionar esta problemática o seguiremos viendo cómo se dilapidan los recursos públicos mientras la calidad de nuestra educación sigue decayendo?
