¡Aguántense!, porque esto trae tela toda. La Sala Cuatro, esos señores que siempre tienen la última palabra, le dieron la razón al Banco Central de Costa Rica (BCR) en el hueso de la acción de inconstitucionalidad que había puesto la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Básicamente, el BCR sí puede pedirle datos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sobre nuestros créditos. ¡Qué cargón!
Para refrescarles la memoria, todo empezó el año pasado, en noviembre, cuando el BCR le pidió a la Sugef unos datos bien particulares. La ABC, preocupada (y con justa razón, pa' ser honestos), pensó que eso violaba la ley y metió una demanda ante la Sala Constitucional. Argumentaban que el BCR se estaba pasando de listo y buscando meterse donde no le tocaba.
Pero resulta que la Sala, tras analizarlo a fondo –y vaya que le tomaron tiempo, ¡qué despache!– determinó que el BCR sí tenía derecho a pedir esa información. Según la resolución, todo está dentro de lo establecido en la Ley Orgánica del BCR y en la Ley del Sistema de Estadísticas Nacional. Eso quiere decir que, legalmente, el Banco está en su derecho de hacer estas solicitudes para llevarle la contraría a las estadísticas y ver cómo andamos todos en el tema de las deudas.
Ahora, la Sugef se encarga de aclarar que no hay de qué alarmarse. Dicen que tanto ellos como el Banco Central van a proteger muy bien nuestros datos. “Tanto la Sugef como el BCCR están sujetos al deber de confidencialidad que garantiza la protección de los datos de los deudores”, aseguraron desde la Superintendencia. Pero, vamos, ¡a quién le va a entrar la confianza ahora!
Lo interesante de este rollo es que el Banco Central justifica esta medida argumentando que necesitan saber cómo afectan los imprevistos, como los desastres naturales que nos han golpeado últimamente –lluvias, volcanes, ¡toda la pesca! –, a nuestra capacidad de pagar nuestras deudas. Esto, según ellos, ayuda a mantener la estabilidad del sistema financiero. Parece una vara importante, sin lugar a dudas.
Y ahí entra la Sugef reforzando la alianza con el BCR, diciendo que este fallo les permite hacer análisis conjuntos para tomar mejores decisiones. Lo que significa, entre otras cosas, que podrían endurecer las reglas para los préstamos si ven venir problemas. “El fallo nos permitirá reforzar el análisis conjunto para definir medidas macroprudenciales y microprudenciales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema financiero”, declararon, bastante técnicos, pa’ ser sinceros. ¡Qué nivel de tecnicismos!
Por supuesto, no cualquiera está contento con todo esto. Algunos economistas, como el jefe de esos expertos, ya están levantando la ceja y sugiriendo que el Banco Central podría empezar a cruzar información de nosotros con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluso Hacienda. ¡Imagínate el brete si te empiezan a meter en los mismos detalles personales! Esperemos que no lleguen a eso, porque eso sí sería irse al traste.
En fin, parece que el Banco Central va a seguir adelante con sus planes de recopilar más información sobre nuestras finanzas. Esta decisión abre un debate importante: ¿Es necesario este mayor control estatal para asegurar la estabilidad económica, o estamos cediendo demasiada privacidad en aras de la seguridad financiera? ¿Van a sentirse tranquilos sabiendo que el Estado tiene más información sobre sus movimientos financieros, o creen que esto puede abrir la puerta a abusos?
Para refrescarles la memoria, todo empezó el año pasado, en noviembre, cuando el BCR le pidió a la Sugef unos datos bien particulares. La ABC, preocupada (y con justa razón, pa' ser honestos), pensó que eso violaba la ley y metió una demanda ante la Sala Constitucional. Argumentaban que el BCR se estaba pasando de listo y buscando meterse donde no le tocaba.
Pero resulta que la Sala, tras analizarlo a fondo –y vaya que le tomaron tiempo, ¡qué despache!– determinó que el BCR sí tenía derecho a pedir esa información. Según la resolución, todo está dentro de lo establecido en la Ley Orgánica del BCR y en la Ley del Sistema de Estadísticas Nacional. Eso quiere decir que, legalmente, el Banco está en su derecho de hacer estas solicitudes para llevarle la contraría a las estadísticas y ver cómo andamos todos en el tema de las deudas.
Ahora, la Sugef se encarga de aclarar que no hay de qué alarmarse. Dicen que tanto ellos como el Banco Central van a proteger muy bien nuestros datos. “Tanto la Sugef como el BCCR están sujetos al deber de confidencialidad que garantiza la protección de los datos de los deudores”, aseguraron desde la Superintendencia. Pero, vamos, ¡a quién le va a entrar la confianza ahora!
Lo interesante de este rollo es que el Banco Central justifica esta medida argumentando que necesitan saber cómo afectan los imprevistos, como los desastres naturales que nos han golpeado últimamente –lluvias, volcanes, ¡toda la pesca! –, a nuestra capacidad de pagar nuestras deudas. Esto, según ellos, ayuda a mantener la estabilidad del sistema financiero. Parece una vara importante, sin lugar a dudas.
Y ahí entra la Sugef reforzando la alianza con el BCR, diciendo que este fallo les permite hacer análisis conjuntos para tomar mejores decisiones. Lo que significa, entre otras cosas, que podrían endurecer las reglas para los préstamos si ven venir problemas. “El fallo nos permitirá reforzar el análisis conjunto para definir medidas macroprudenciales y microprudenciales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema financiero”, declararon, bastante técnicos, pa’ ser sinceros. ¡Qué nivel de tecnicismos!
Por supuesto, no cualquiera está contento con todo esto. Algunos economistas, como el jefe de esos expertos, ya están levantando la ceja y sugiriendo que el Banco Central podría empezar a cruzar información de nosotros con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluso Hacienda. ¡Imagínate el brete si te empiezan a meter en los mismos detalles personales! Esperemos que no lleguen a eso, porque eso sí sería irse al traste.
En fin, parece que el Banco Central va a seguir adelante con sus planes de recopilar más información sobre nuestras finanzas. Esta decisión abre un debate importante: ¿Es necesario este mayor control estatal para asegurar la estabilidad económica, o estamos cediendo demasiada privacidad en aras de la seguridad financiera? ¿Van a sentirse tranquilos sabiendo que el Estado tiene más información sobre sus movimientos financieros, o creen que esto puede abrir la puerta a abusos?
