¡Ay, Dios mío! La Sala Constitucional se la está sudando. Este 2025 entró al libro Guinness de los récords… pero no precisamente por algo bueno. Según los datos que mandaron este lunes, con corte al domingo 28 de diciembre, recibieron más de 40,000 expedientes. ¡Cuarenta mil varas, mae! Nunca antes había pasado algo así en la historia de este país.
Para ponerle pausa a la cosa, esto significa que entraron exactamente 40.059 expedientes. Imagínate la pila de papeleos que tienen ahí dentro. El magistrado Luis Fernando Salazar, quien ahorita anda haciendo las veces de presidente, dice que esto demuestra la confianza que la gente tiene en la Sala para defender sus derechos. Bueno, sí, pero también significa que están hasta arriba, vamos.
Salazar, con toda la calma del mundo, aseguró que pese a la torta que es tener tanto trabajo, la Sala sigue cumpliendo con su rol. Dicen que han puesto unos mecanismos pa’ agilizar las cosas y poder darle respuesta a la gente. Pero, siendo honestos, ¿cree alguien que van a poder procesar todo eso antes de que se les caiga el pelo?
Lo curioso es que mientras el resto del Poder Judicial estaba tomando un merecido asueto colectivo, la Sala Cuarta seguía echándole ganas, con el magistrado presidente y dos compañeros de guardia. Así que, aunque estén batallando, no han parado de trabajar. El expediente número 40.000, que entró el viernes 26 de diciembre, es un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Siquirres y su departamento de patentes. Parece que alguien andaba reclamando que le estaban cobrando por una licencia comercial que ya no estaba usando desde 2023. ¡Un brete!
Si nos ponemos a revisar atrás, la Sala Constitucional siempre ha estado trabajando duro. En el 2022 resolvieron unas 27,431 demandas, y el año siguiente esa cifra saltó a 36,074. ¡Y eso ni hablar del 2024! Ahí cerraron con 38,484 resoluciones. Esto explica por qué muchos estamos preocupados porque ahora, con esta nueva avalancha de expedientes, ¿cómo harán para mantener la calidad y la eficiencia?
El problema se agravó aún más con el final de los períodos de nombramiento de 12 magistrados suplentes. Esto generó una especie de limbo legal que complicó las cosas. Ahora la Asamblea Legislativa está en la tarea de elegir nuevos suplentes, pero esto lleva tiempo y más incertidumbre. Esperemos que puedan resolverlo pronto para no seguir afectando el funcionamiento de la Sala.
La verdad es que la situación pinta complicada, pero tampoco hay que alarmarse demasiado. La Sala está tratando de hacer frente a la crisis con las herramientas que tiene disponibles. La clave está en mejorar la eficiencia interna, digitalizar procesos y, claro, contar con personal suficiente para cubrir todas las necesidades. Además, sería importante que la ciudadanía tenga alternativas para solucionar sus problemas sin necesidad de recurrir a la Sala Constitucional, ¡aunque a veces parece la única opción, diay!
Con todos estos números y situaciones, uno se queda pensando: ¿Este aumento drástico en la cantidad de expedientes reflejará realmente un mayor acceso a la justicia para la población, o simplemente evidencia una creciente desconfianza en otras vías de solución de conflictos y una saturación del sistema judicial costarricense? ¿Ustedes qué opinan, compas del foro? ¡Déjenme sus comentarios!
Para ponerle pausa a la cosa, esto significa que entraron exactamente 40.059 expedientes. Imagínate la pila de papeleos que tienen ahí dentro. El magistrado Luis Fernando Salazar, quien ahorita anda haciendo las veces de presidente, dice que esto demuestra la confianza que la gente tiene en la Sala para defender sus derechos. Bueno, sí, pero también significa que están hasta arriba, vamos.
Salazar, con toda la calma del mundo, aseguró que pese a la torta que es tener tanto trabajo, la Sala sigue cumpliendo con su rol. Dicen que han puesto unos mecanismos pa’ agilizar las cosas y poder darle respuesta a la gente. Pero, siendo honestos, ¿cree alguien que van a poder procesar todo eso antes de que se les caiga el pelo?
Lo curioso es que mientras el resto del Poder Judicial estaba tomando un merecido asueto colectivo, la Sala Cuarta seguía echándole ganas, con el magistrado presidente y dos compañeros de guardia. Así que, aunque estén batallando, no han parado de trabajar. El expediente número 40.000, que entró el viernes 26 de diciembre, es un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Siquirres y su departamento de patentes. Parece que alguien andaba reclamando que le estaban cobrando por una licencia comercial que ya no estaba usando desde 2023. ¡Un brete!
Si nos ponemos a revisar atrás, la Sala Constitucional siempre ha estado trabajando duro. En el 2022 resolvieron unas 27,431 demandas, y el año siguiente esa cifra saltó a 36,074. ¡Y eso ni hablar del 2024! Ahí cerraron con 38,484 resoluciones. Esto explica por qué muchos estamos preocupados porque ahora, con esta nueva avalancha de expedientes, ¿cómo harán para mantener la calidad y la eficiencia?
El problema se agravó aún más con el final de los períodos de nombramiento de 12 magistrados suplentes. Esto generó una especie de limbo legal que complicó las cosas. Ahora la Asamblea Legislativa está en la tarea de elegir nuevos suplentes, pero esto lleva tiempo y más incertidumbre. Esperemos que puedan resolverlo pronto para no seguir afectando el funcionamiento de la Sala.
La verdad es que la situación pinta complicada, pero tampoco hay que alarmarse demasiado. La Sala está tratando de hacer frente a la crisis con las herramientas que tiene disponibles. La clave está en mejorar la eficiencia interna, digitalizar procesos y, claro, contar con personal suficiente para cubrir todas las necesidades. Además, sería importante que la ciudadanía tenga alternativas para solucionar sus problemas sin necesidad de recurrir a la Sala Constitucional, ¡aunque a veces parece la única opción, diay!
Con todos estos números y situaciones, uno se queda pensando: ¿Este aumento drástico en la cantidad de expedientes reflejará realmente un mayor acceso a la justicia para la población, o simplemente evidencia una creciente desconfianza en otras vías de solución de conflictos y una saturación del sistema judicial costarricense? ¿Ustedes qué opinan, compas del foro? ¡Déjenme sus comentarios!
