¡Ay, Dios mío, qué torta! Resulta que la Sala Constitucional le pegó pa’ arriba al Ministerio de Educación Pública (MEP). Parece que nuestros niños y niñas con discapacidad no tienen que seguir sufriendo en condiciones que ni pa’ un gallinero servirían. Hablamos de seis estudiantes sordos del Colegio Técnico Profesional Mario Quirós Sasso, allá en La Unión de Cartago, que hasta hoy estaban tomando clases en una bodega sin ventanas, ¡sin ventanas, mae! Imagínate el calor, la poca luz, el ruido… una pesadilla.
La cosa es así: estos jóvenes, algunos con diagnósticos bien complicados –sordera profunda, síndrome de Usher, parálisis cerebral, e incluso epilepsia– presentaron un recurso de amparo porque ya no podían más. Estaban diciendo que la bodega era “sofocante”, y es que sí, ¡parecía una sauna! La falta de luz dificulta muchísimo el aprendizaje, sobre todo si dependen del lenguaje de señas (LESCO) y la lectura de labios. Además, les ponía en riesgo la salud, con posibilidades de agravar la pérdida de visión o desencadenar crisis sensoriales. ¡Qué sal!
Al parecer, durante el proceso, el director del colegio admitió que andaban cortos de espacio y de presupuesto. ¡Pero qué excusa es esa! Un maestro debería estar luchando por sus alumnos, buscando soluciones, no poniendo pretextos. Aunque luego vino el director regional del MEP y dijo otra cosa, creando un majeío tremendo entre ambos. Pero bueno, da igual, la ley es clara, ¿verdad?
La Sala Cuarta, sin rodeos, declaró con lugar el recurso de amparo. Es decir, mandó al MEP a reacomodar a estos muchachos a un espacio adecuado dentro del mismo colegio, ¡y rápido! Les dieron un plazo máximo de dos meses. Dos meses, vamos, que parece mucho, pero teniendo en cuenta cómo funciona la administración pública, ¡es todo un milagro!
Ahora, esto nos recuerda que la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad dice textualmente que el Estado tiene que garantizar una educación inclusiva y de calidad. ¿Y qué estamos haciendo realmente para cumplir con eso? Este caso es un claro ejemplo de que todavía hay mucho por hacer. No se trata solo de construir escuelas bonitas, sino de crear entornos accesibles y adecuados para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades especiales.
Y hablando de temas educativos, recordemos que hace poco el ministerio anunció nuevos programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. ¿Será que esto indica un cambio de actitud, una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión? Esperemos que sí, porque la verdad, hemos visto muchas promesas que se van al traste, diay.
Este fallo de la Sala Cuarta es una victoria importante para los derechos de las personas con discapacidad, pero también una llamada de atención para el MEP. Necesitamos que los funcionarios entiendan que la educación es un derecho fundamental, y que todos los niños y niñas merecen tener las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. ¡No podemos seguir permitiendo que nuestros estudiantes sufran por falta de voluntad política o de recursos!
Bueno, pues ahora me pregunto: ¿cree usted que este fallo de la Sala Cuarta servirá para impulsar cambios reales en el sistema educativo costarricense, o será solo una solución puntual a un problema aislado? ¿Deberían endurecer las sanciones para las instituciones públicas que incumplan las leyes de igualdad de oportunidades? ¡Déjeme su opinión en el foro, estoy deseando leerla!
La cosa es así: estos jóvenes, algunos con diagnósticos bien complicados –sordera profunda, síndrome de Usher, parálisis cerebral, e incluso epilepsia– presentaron un recurso de amparo porque ya no podían más. Estaban diciendo que la bodega era “sofocante”, y es que sí, ¡parecía una sauna! La falta de luz dificulta muchísimo el aprendizaje, sobre todo si dependen del lenguaje de señas (LESCO) y la lectura de labios. Además, les ponía en riesgo la salud, con posibilidades de agravar la pérdida de visión o desencadenar crisis sensoriales. ¡Qué sal!
Al parecer, durante el proceso, el director del colegio admitió que andaban cortos de espacio y de presupuesto. ¡Pero qué excusa es esa! Un maestro debería estar luchando por sus alumnos, buscando soluciones, no poniendo pretextos. Aunque luego vino el director regional del MEP y dijo otra cosa, creando un majeío tremendo entre ambos. Pero bueno, da igual, la ley es clara, ¿verdad?
La Sala Cuarta, sin rodeos, declaró con lugar el recurso de amparo. Es decir, mandó al MEP a reacomodar a estos muchachos a un espacio adecuado dentro del mismo colegio, ¡y rápido! Les dieron un plazo máximo de dos meses. Dos meses, vamos, que parece mucho, pero teniendo en cuenta cómo funciona la administración pública, ¡es todo un milagro!
Ahora, esto nos recuerda que la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad dice textualmente que el Estado tiene que garantizar una educación inclusiva y de calidad. ¿Y qué estamos haciendo realmente para cumplir con eso? Este caso es un claro ejemplo de que todavía hay mucho por hacer. No se trata solo de construir escuelas bonitas, sino de crear entornos accesibles y adecuados para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades especiales.
Y hablando de temas educativos, recordemos que hace poco el ministerio anunció nuevos programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. ¿Será que esto indica un cambio de actitud, una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión? Esperemos que sí, porque la verdad, hemos visto muchas promesas que se van al traste, diay.
Este fallo de la Sala Cuarta es una victoria importante para los derechos de las personas con discapacidad, pero también una llamada de atención para el MEP. Necesitamos que los funcionarios entiendan que la educación es un derecho fundamental, y que todos los niños y niñas merecen tener las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. ¡No podemos seguir permitiendo que nuestros estudiantes sufran por falta de voluntad política o de recursos!
Bueno, pues ahora me pregunto: ¿cree usted que este fallo de la Sala Cuarta servirá para impulsar cambios reales en el sistema educativo costarricense, o será solo una solución puntual a un problema aislado? ¿Deberían endurecer las sanciones para las instituciones públicas que incumplan las leyes de igualdad de oportunidades? ¡Déjeme su opinión en el foro, estoy deseando leerla!
