¿Saldrá libre por un tecnicismo o un error de la fiscalía? - No pude corregir error en el título: Tribunal.
http://www.nacion.com/2010-05-14/Sucesos/UltimaHora/Sucesos2371730.aspx
Tribunal rechaza prueba traída de Panamá con la que Fiscalía apunta contra Rodríguez
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Tribunal rechaza prueba traída de Panamá con la que Fiscalía apunta contra Rodríguez
San José (Redacción). El Tribunal Penal de Hacienda acordó esta mañana dejar fuera del juicio por el caso ICE-Alcatel la prueba bancaria que la Fiscalía trajo de Panamá y con la cual la parte acusadora apunta en contra del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
Esa prueba fue recabada en dos bancos de Panamá y según la Fiscalía resulta vital para demostrar el paradero de las dádivas que, según el Ministerio Público, fueron enviadas al expresidente Rodríguez, al empresario Alfonso Guardia Mora y al exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Joaquín Alberto Fernández Alfaro.
El procurador de la ética, Miguel Cortés, declaró a La Nación el 14 de abril pasado, cuando se inició el juicio, que esta prueba bancaria era fundamental para demostrar la ruta que siguió el dinero. "Con esa prueba se demuestra de dónde vinieron los dineros, a qué cuentas ingresaron y todo el movimiento que hubo". dijo.
Por su parte, el fiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, afirmó ese mismo día que "esa prueba es fundamental" y luego reafirmó que "muy importante".
Rodríguez, sin embargo, ha sostenido que la Fiscalía, en su relación de hechos, nunca ha dicho que esos documentos lo vinculen de manera alguna con fondos provenientes de Alcatel.
De acuerdo con la Fiscalía, en el 2001 la empresa francesa Alcatel ganó la licitación pública para vender 400.000 líneas de telefonía celular GSM al ICE en una negociación mediante la cual giró sobornos. Según la acusación, Rodríguez recibió $589.000 en diversos instrumentos financieros así como $231.000 en efectivo con fondos que provenían de Alcatel.
Hoy, el tribunal consideró que las diligencias llevadas a cabo para traer la prueba desde Panamá no contaron con la supervisión de un juez, como se establece en la legislación nacional.
Por eso no hubo un control de legalidad. Los jueces tampoco aceptaron esa misma prueba pero traída mediante un tratado de las Naciones Unidas, vía con la que el Ministerio Publico pretendió subsanar el error.
Los jueces tampoco accedieron a la petición para que ellos ordenaran, como pretendía la Fiscalía, la traída de esa prueba. El Tribunal advirtió que hacer semejante diligencia podría causarles un adelanto de criterio.
Sobre este caso, el Tribunal de juicio sí aceptó la prueba bancaria que la Fiscalía obtuvo en Costa Rica.
En noviembre del 2008, el juez Ricardo Madrigal, que elevó la causa a juicio, declaró inadmisibles las pruebas bancarias que la Fiscalía obtuvo en Panamá. El juez argumentó que el levantamiento de la prueba lo hizo la Fiscalía de Panamá y no un juez, como procedía.
Eduardo Araya, codefensor de Miguel Ángel Rodríguez, afirmó el 14 de abril que "el juez de la etapa intermedia es el que decide sobre la admisión de prueba para debate. En ese momento consideró que se violaron los derechos fundamentales al abrir las cuentas bancarias sin autorización de un juez. Con eso, la prueba obtenida no es válida. Vamos a juicio con esa prueba invalidada", dijo en ese momento.
El juicio comenzó el 14 de abril y la jueza presidenta es Rosaura García Aguilar, una jurista con 19 años de experiencia. Aparte de Rodríguez, hay ocho imputados más.
Esa prueba fue recabada en dos bancos de Panamá y según la Fiscalía resulta vital para demostrar el paradero de las dádivas que, según el Ministerio Público, fueron enviadas al expresidente Rodríguez, al empresario Alfonso Guardia Mora y al exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Joaquín Alberto Fernández Alfaro.
El procurador de la ética, Miguel Cortés, declaró a La Nación el 14 de abril pasado, cuando se inició el juicio, que esta prueba bancaria era fundamental para demostrar la ruta que siguió el dinero. "Con esa prueba se demuestra de dónde vinieron los dineros, a qué cuentas ingresaron y todo el movimiento que hubo". dijo.
Por su parte, el fiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, afirmó ese mismo día que "esa prueba es fundamental" y luego reafirmó que "muy importante".
Rodríguez, sin embargo, ha sostenido que la Fiscalía, en su relación de hechos, nunca ha dicho que esos documentos lo vinculen de manera alguna con fondos provenientes de Alcatel.
De acuerdo con la Fiscalía, en el 2001 la empresa francesa Alcatel ganó la licitación pública para vender 400.000 líneas de telefonía celular GSM al ICE en una negociación mediante la cual giró sobornos. Según la acusación, Rodríguez recibió $589.000 en diversos instrumentos financieros así como $231.000 en efectivo con fondos que provenían de Alcatel.
Hoy, el tribunal consideró que las diligencias llevadas a cabo para traer la prueba desde Panamá no contaron con la supervisión de un juez, como se establece en la legislación nacional.
Por eso no hubo un control de legalidad. Los jueces tampoco aceptaron esa misma prueba pero traída mediante un tratado de las Naciones Unidas, vía con la que el Ministerio Publico pretendió subsanar el error.
Los jueces tampoco accedieron a la petición para que ellos ordenaran, como pretendía la Fiscalía, la traída de esa prueba. El Tribunal advirtió que hacer semejante diligencia podría causarles un adelanto de criterio.
Sobre este caso, el Tribunal de juicio sí aceptó la prueba bancaria que la Fiscalía obtuvo en Costa Rica.
En noviembre del 2008, el juez Ricardo Madrigal, que elevó la causa a juicio, declaró inadmisibles las pruebas bancarias que la Fiscalía obtuvo en Panamá. El juez argumentó que el levantamiento de la prueba lo hizo la Fiscalía de Panamá y no un juez, como procedía.
Eduardo Araya, codefensor de Miguel Ángel Rodríguez, afirmó el 14 de abril que "el juez de la etapa intermedia es el que decide sobre la admisión de prueba para debate. En ese momento consideró que se violaron los derechos fundamentales al abrir las cuentas bancarias sin autorización de un juez. Con eso, la prueba obtenida no es válida. Vamos a juicio con esa prueba invalidada", dijo en ese momento.
El juicio comenzó el 14 de abril y la jueza presidenta es Rosaura García Aguilar, una jurista con 19 años de experiencia. Aparte de Rodríguez, hay ocho imputados más.
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