¡Ay, Dios mío! El caso del exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, sigue dando de qué hablar. Al filo de las dos de la tarde, el señorito apareció en los tribunales de San José para la indigación, acompañado de su abogado Federico Campos. No dio ni media declaración a la prensa, así que, ¡qué le vamos a hacer!, toca esperar qué sale de esto.
Como saben, todo empezó con unos allanamientos sorpresa en su casa y oficina esta mañana. El Ministerio Público movió pesado, buscando pruebas que respalden las acusaciones en su contra. Dicen que encontraron cositas interesantes en soportes electrónicos y documentos, aunque la fiscal de Género, Debbie Garay, prefiere andar con pies de plomo y dice que esos archivos serán revisados con toda la calma del mundo y “apegados a todas las garantías del proceso penal”. ¡Un brete!
Pero ojo, que la cosa no pinta linda para Don Randall. Resulta que no una, sino TRES causas pesadas pesan sobre él. La primera, presentada en Corredores, habla de una presunta violación. ¡Uy, eso sí que es una vara delicada! Luego tenemos la de Cartago, donde se le acusa de violación y contagio venéreo; ¡y encima, la de Goicoechea, que suma supuesto contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad! ¡Se armó la chinchorrona!
Lo curioso es que hasta hace poco, el señor Zúñiga andaba quejándose de que no le dejaban ver el expediente. Ahora sí lo tiene entre manos y puede decidir si declara o no. Pero con estas acusaciones encima, ¿qué estrategia seguirá? ¿Intentará limpiar su nombre o buscará protegerse como pueda?
Y aquí viene lo interesante: la fiscal Garay anunció que las tres causas se han unido en una sola, bajo la figura de la “acumulación”. Esto significa que todos los procesos se van a manejar en un mismo procedimiento. Así, dicen, se agilizan las cosas y se evitan rodeos. Aunque algunos expertos señalan que también facilita recabar más pruebas y tener una visión general del caso. ¡Quién sabe qué pasará!
Muchos se preguntan cómo pudo llegar a esta situación un hombre que dirigía una institución encargada de investigar crímenes. El OIJ siempre ha sido visto como un bastión de legalidad e imparcialidad, y este escándalo mancha la imagen de la fuerza policial. Además, plantea interrogantes sobre los controles internos y la selección de personal en instituciones clave del país. No hay duda de que este caso sacudirá al país entero.
Este asunto ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la calle. La gente está harta de la corrupción y de ver a figuras públicas involucradas en actos reprobables. Algunos reclaman que se investigue a fondo a todos los implicados y que se les apliquen las penas correspondientes. Otros, más escépticos, dudan de que se haga justicia y temen que el caso quede archivado sin consecuencias. Veremos si la Fiscalía logra aclarar todas las versiones y llevar a los responsables ante la ley.
En fin, la trama se pone cada vez más densa y nos deja pensando: ¿Cómo creen que impactará este caso en la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales del país y qué medidas deberían tomarse para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir?
Como saben, todo empezó con unos allanamientos sorpresa en su casa y oficina esta mañana. El Ministerio Público movió pesado, buscando pruebas que respalden las acusaciones en su contra. Dicen que encontraron cositas interesantes en soportes electrónicos y documentos, aunque la fiscal de Género, Debbie Garay, prefiere andar con pies de plomo y dice que esos archivos serán revisados con toda la calma del mundo y “apegados a todas las garantías del proceso penal”. ¡Un brete!
Pero ojo, que la cosa no pinta linda para Don Randall. Resulta que no una, sino TRES causas pesadas pesan sobre él. La primera, presentada en Corredores, habla de una presunta violación. ¡Uy, eso sí que es una vara delicada! Luego tenemos la de Cartago, donde se le acusa de violación y contagio venéreo; ¡y encima, la de Goicoechea, que suma supuesto contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad! ¡Se armó la chinchorrona!
Lo curioso es que hasta hace poco, el señor Zúñiga andaba quejándose de que no le dejaban ver el expediente. Ahora sí lo tiene entre manos y puede decidir si declara o no. Pero con estas acusaciones encima, ¿qué estrategia seguirá? ¿Intentará limpiar su nombre o buscará protegerse como pueda?
Y aquí viene lo interesante: la fiscal Garay anunció que las tres causas se han unido en una sola, bajo la figura de la “acumulación”. Esto significa que todos los procesos se van a manejar en un mismo procedimiento. Así, dicen, se agilizan las cosas y se evitan rodeos. Aunque algunos expertos señalan que también facilita recabar más pruebas y tener una visión general del caso. ¡Quién sabe qué pasará!
Muchos se preguntan cómo pudo llegar a esta situación un hombre que dirigía una institución encargada de investigar crímenes. El OIJ siempre ha sido visto como un bastión de legalidad e imparcialidad, y este escándalo mancha la imagen de la fuerza policial. Además, plantea interrogantes sobre los controles internos y la selección de personal en instituciones clave del país. No hay duda de que este caso sacudirá al país entero.
Este asunto ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la calle. La gente está harta de la corrupción y de ver a figuras públicas involucradas en actos reprobables. Algunos reclaman que se investigue a fondo a todos los implicados y que se les apliquen las penas correspondientes. Otros, más escépticos, dudan de que se haga justicia y temen que el caso quede archivado sin consecuencias. Veremos si la Fiscalía logra aclarar todas las versiones y llevar a los responsables ante la ley.
En fin, la trama se pone cada vez más densa y nos deja pensando: ¿Cómo creen que impactará este caso en la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales del país y qué medidas deberían tomarse para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir?
