¡Ay, Dios mío! El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pa’ darle gusto a todos, ya abrió el plazo pa’ que las empresas y los institutos puedan registrarse para hacer encuestas y sondeos político-electorales durante esta campaña. Esto significa que, oficialmente, estamos entrando en otra etapa donde nos van a bombardear con números y predicciones, algunos más creíbles que otros, vamos.
Como bien sabemos, el proceso permite la participación tanto de personas físicas como jurídicas –universidades, empresas especializadas, entes públicos, todo el mundo que quiera medir el pulso del país–. Lo importante es cumplir con los requisitos que exige el TSE, que incluyen una solicitud formal, la acreditación de experiencia en el tema y, crucialmente, un carta de compromiso de tratar a todos los partidos políticos por igual. ¡Eso sí que espero que lo cumplan todos, diay!
Uno de los puntos clave es la necesidad de contar con un profesional en estadística, incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. No queremos que se vayan al brete con datos mal calculados y nos armen una torta, ¿verdad? El TSE promete publicar la lista de los aprobados, así que ahí sabremos quiénes serán los encargados de intentar predecir cómo va a votar la gente. Que tengan cuidado, porque si se salen del camino, ¡la tienen caliente con el código electoral!
Y hablando del código electoral, recordemos que hay reglas claras sobre cuándo se pueden difundir los resultados de estas encuestas. Durante los últimos tres días antes de la elección y el día de las votaciones, queda totalmente prohibido publicar cualquier tipo de sondeo. Esa es pa’ evitar confusiones y manipular el voto, ¿me entienden?
Ahora, parece que el TSE también quiere asegurarse de que todos los estudios sean transparentes. Cada empresa registrada tendrá que enviar al TSE la ficha técnica de cada estudio publicado y el informe completo, incluyendo todas las preguntas formuladas. Además, deberán informar quiénes financiaron o contrataron la investigación. ¡Eso sí que es llevarlo todo al detalle, mae!
El tiempo límite para difundir encuestas es el 28 de enero de 2026, así que todavía tenemos unos meses pa’ aguantar la avalancha de estadísticas. Y ojo, porque si alguien incumple las normas, se le aplicarán sanciones establecidas en el código electoral. Ya saben, multas y otras cosas feas. El TSE no juega con esas cositas, ni modo.
Este año, con tanta incertidumbre política y tantas vara en juego, las encuestas seguramente generarán aún más controversia. Vemos cómo los diferentes partidos intentarán sacar provecho de los resultados, aunque sean sesgados o manipulados. El panorama pinta interesante, aunque a veces pueda ser frustrante ver cómo algunos actores políticos juegan con la información.
Con todo esto, me pregunto... ¿creemos realmente que las encuestas reflejan fielmente la intención del electorado costarricense, o son simplemente otra herramienta de marketing político? ¿Cuál es su criterio para tomar en cuenta, o descartar, los resultados de estas encuestas, y qué papel jugaremos nosotros como ciudadanos informados en este proceso electoral?
Como bien sabemos, el proceso permite la participación tanto de personas físicas como jurídicas –universidades, empresas especializadas, entes públicos, todo el mundo que quiera medir el pulso del país–. Lo importante es cumplir con los requisitos que exige el TSE, que incluyen una solicitud formal, la acreditación de experiencia en el tema y, crucialmente, un carta de compromiso de tratar a todos los partidos políticos por igual. ¡Eso sí que espero que lo cumplan todos, diay!
Uno de los puntos clave es la necesidad de contar con un profesional en estadística, incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. No queremos que se vayan al brete con datos mal calculados y nos armen una torta, ¿verdad? El TSE promete publicar la lista de los aprobados, así que ahí sabremos quiénes serán los encargados de intentar predecir cómo va a votar la gente. Que tengan cuidado, porque si se salen del camino, ¡la tienen caliente con el código electoral!
Y hablando del código electoral, recordemos que hay reglas claras sobre cuándo se pueden difundir los resultados de estas encuestas. Durante los últimos tres días antes de la elección y el día de las votaciones, queda totalmente prohibido publicar cualquier tipo de sondeo. Esa es pa’ evitar confusiones y manipular el voto, ¿me entienden?
Ahora, parece que el TSE también quiere asegurarse de que todos los estudios sean transparentes. Cada empresa registrada tendrá que enviar al TSE la ficha técnica de cada estudio publicado y el informe completo, incluyendo todas las preguntas formuladas. Además, deberán informar quiénes financiaron o contrataron la investigación. ¡Eso sí que es llevarlo todo al detalle, mae!
El tiempo límite para difundir encuestas es el 28 de enero de 2026, así que todavía tenemos unos meses pa’ aguantar la avalancha de estadísticas. Y ojo, porque si alguien incumple las normas, se le aplicarán sanciones establecidas en el código electoral. Ya saben, multas y otras cosas feas. El TSE no juega con esas cositas, ni modo.
Este año, con tanta incertidumbre política y tantas vara en juego, las encuestas seguramente generarán aún más controversia. Vemos cómo los diferentes partidos intentarán sacar provecho de los resultados, aunque sean sesgados o manipulados. El panorama pinta interesante, aunque a veces pueda ser frustrante ver cómo algunos actores políticos juegan con la información.
Con todo esto, me pregunto... ¿creemos realmente que las encuestas reflejan fielmente la intención del electorado costarricense, o son simplemente otra herramienta de marketing político? ¿Cuál es su criterio para tomar en cuenta, o descartar, los resultados de estas encuestas, y qué papel jugaremos nosotros como ciudadanos informados en este proceso electoral?
