¡Ay, pata! El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anda moviéndose pa' ahorrarle unos colones al pueblo. Parece que la cosa va encaminada a aliviar un poco el bolsillo de todos, con una reducción significativa en la deuda política que se maneaba hasta ahora. Esto, después de una serie de cambios legislativos que le dieron un buen empujón a la eficiencia, vamos.
Todo esto viene porque, tradicionalmente, el financiamiento de las campañas políticas ha sido bastante salado. Antes, el Estado contribuía con un 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB) para ayudar a los partidos a costear sus actividades electorales. Pero gracias a una reforma impulsada por el Frente Amplio, ese porcentaje bajó a un más digerible 0.11% del PIB. ¡Imagínate la diferencia!
Según datos oficiales, esta modificación significa un ahorro de más de ¢42 mil millones entre 2024 y 2026. Y para el próximo año, 2026, la reducción directa será de ¢11 mil millones, como bien destacó el diputado Jonathan Acuña. Se trata de un dinerito considerable que puede destinarse a otras necesidades más urgentes para el país, ¿no les parece?
Para darle mayor claridad, el TSE tiene un presupuesto total de ¢77.807 millones para este año. De esos, ¢15.363 millones se destinarán a cubrir el 46% de la deuda política en 2026. El resto, alrededor de ¢23.929 millones, se transferirá a los partidos políticos en 2027. Una distribución estratégica, si me preguntan, para tener las cuentas claras y evitar sorpresas desagradables.
Magistradas y diputados aseguran que este ajuste es producto de un esfuerzo consciente por optimizar los recursos públicos. Eugenia Zamora, magistrada del TSE, explicó que el lineamiento de Hacienda para 2026 era de ¢20 mil millones y que la contribución estatal se ha dividido en dos años para ajustarse a los montos de liquidación de los partidos. Un plan bien pensado, parece.
No obstante, Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE, también señaló que aún existen desafíos pendientes. Reconoció que hay más de mil funcionarios bajo el régimen de salario compuesto y enfatizó que el presupuesto destinado a la democracia electoral representa un porcentaje pequeño del presupuesto nacional. “Tratamos de recortar todo aquello que no sea inminente o afecte los servicios que brindamos,” afirmó.
Un punto a destacar es que el presupuesto del TSE incluye más de ¢1.500 millones para agregados salariales como la dedicación exclusiva, la responsabilidad electoral y la provisión de ejercicio profesional. Son cosas necesarias para garantizar que las elecciones se desarrollen sin problemas y con toda la transparencia necesaria, aunque siempre hay quienes critican cualquier gasto público, ¡qué torta!
Así que, viendo todo esto, me pregunto… ¿Crees que estas medidas serán suficientes para asegurar la sostenibilidad financiera de las futuras elecciones en Costa Rica, o deberíamos explorar otras alternativas para reducir la dependencia del Estado en el financiamiento político? ¡Déjanos tus opiniones en el foro!
Todo esto viene porque, tradicionalmente, el financiamiento de las campañas políticas ha sido bastante salado. Antes, el Estado contribuía con un 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB) para ayudar a los partidos a costear sus actividades electorales. Pero gracias a una reforma impulsada por el Frente Amplio, ese porcentaje bajó a un más digerible 0.11% del PIB. ¡Imagínate la diferencia!
Según datos oficiales, esta modificación significa un ahorro de más de ¢42 mil millones entre 2024 y 2026. Y para el próximo año, 2026, la reducción directa será de ¢11 mil millones, como bien destacó el diputado Jonathan Acuña. Se trata de un dinerito considerable que puede destinarse a otras necesidades más urgentes para el país, ¿no les parece?
Para darle mayor claridad, el TSE tiene un presupuesto total de ¢77.807 millones para este año. De esos, ¢15.363 millones se destinarán a cubrir el 46% de la deuda política en 2026. El resto, alrededor de ¢23.929 millones, se transferirá a los partidos políticos en 2027. Una distribución estratégica, si me preguntan, para tener las cuentas claras y evitar sorpresas desagradables.
Magistradas y diputados aseguran que este ajuste es producto de un esfuerzo consciente por optimizar los recursos públicos. Eugenia Zamora, magistrada del TSE, explicó que el lineamiento de Hacienda para 2026 era de ¢20 mil millones y que la contribución estatal se ha dividido en dos años para ajustarse a los montos de liquidación de los partidos. Un plan bien pensado, parece.
No obstante, Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE, también señaló que aún existen desafíos pendientes. Reconoció que hay más de mil funcionarios bajo el régimen de salario compuesto y enfatizó que el presupuesto destinado a la democracia electoral representa un porcentaje pequeño del presupuesto nacional. “Tratamos de recortar todo aquello que no sea inminente o afecte los servicios que brindamos,” afirmó.
Un punto a destacar es que el presupuesto del TSE incluye más de ¢1.500 millones para agregados salariales como la dedicación exclusiva, la responsabilidad electoral y la provisión de ejercicio profesional. Son cosas necesarias para garantizar que las elecciones se desarrollen sin problemas y con toda la transparencia necesaria, aunque siempre hay quienes critican cualquier gasto público, ¡qué torta!
Así que, viendo todo esto, me pregunto… ¿Crees que estas medidas serán suficientes para asegurar la sostenibilidad financiera de las futuras elecciones en Costa Rica, o deberíamos explorar otras alternativas para reducir la dependencia del Estado en el financiamiento político? ¡Déjanos tus opiniones en el foro!
