¡Ay, Dios mío, qué torta! Aquí estamos otra vez hablando del caso Aldesa y Yanber, una movida judicial que parece tener vida propia. Ya ni me acuerdo cómo empezó todo, pero sí recuerdo cuando muchos compas perdieron sus ahorritos invirtiendo a través de estos lugares. La Fiscalía sigue batallando para llegar a un juicio, pero parece que la justicia va a paso de tortuga, y no precisamente la mía, que anda rapidito buscando mangos frescos.
Resulta que la Fiscal Criss González nos cuenta que la audiencia preliminar, esa donde decidirían si van a juicio o no, iba a ser en noviembre pasado. Pero, ¡sorpresa!, nos avisaron que ahora será a principios de 2026. ¡2026! Imagínense la cara de los inversionistas, esperando recuperar su lana. Me da unas ganas de gritar “¡Qué sal!”, pero bueno, hay que mantener la calma y esperar.
Para ponerle un poco de sabor al asunto, recordemos que todo esto comenzó hace más de una década, allá por 2011 y 2013. Se trata de inversiones que terminaron por llevar a Aldesa a la quiebra, dejando a muchísimas personas con las manos vacías. Según la Fiscalía, hubo un buen manejo de información, digamos, poquito honesta, para aparentar que todo iba bien cuando ya la cosa estaba que se jodía. Un verdadero chunche, digo, una estafa de proporciones.
González también nos comentó que están revisando el caso Yanber, cuya audiencia preliminar está agendada para abril. Esta vara es más complicada todavía porque involucra a siete personas acusadas de meterle mano a siete bancos diferentes, ¡imagínense el brete que eso representa! Al parecer, manipularon datos financieros para hacer ver que estaban manejando la plata como campeones, cuando en realidad estaban haciendo de las suyas.
Pero no solo eso, la Fiscalía tampoco se queda quieta con otros casos. Están investigando a fondo Coopeservidores y Desyfin, dos instituciones que han dado mucho de qué hablar últimamente. En el caso de Coopeservidores, hasta el año pasado habían recibido casi 218 denuncias, ¡una barbaridad! Y aún hay 11 sospechosos metidos en esta vaina. Y Desyfin, pues, acumula 50 denuncias de personas afectadas, quienes claman por justicia y recuperar lo que les pertenece.
La verdad es que toda esta situación nos plantea preguntas muy serias sobre la regulación y supervisión de las instituciones financieras en nuestro país. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? ¿No debiera haber controles más estrictos para proteger los ahorros de la gente? Creo que ya deberíamos empezar a pensar en medidas más contundentes para evitar que estos escenarios se repitan en el futuro. Porque al final, son los pequeños inversionistas los que siempre terminan pagando la factura.
Estamos viendo un panorama complicado, señores. El tiempo pasa, los casos se arrastran y la incertidumbre se mantiene. Con tanta burocracia y procesos judiciales lentos, uno se pregunta si alguna vez vamos a ver justicia efectiva en estos casos. Es evidente que se necesita una reforma profunda en el sistema judicial para agilizar los procesos y garantizar que los culpables rindan cuentas. No podemos permitir que la impunidad siga campante en nuestro país. El daño económico es inmenso, pero el daño a la confianza pública es aún mayor.
Definitivamente, estos casos nos dejan reflexionando sobre la importancia de informarnos bien antes de invertir nuestros ahorros, y sobre la necesidad de exigir transparencia y responsabilidad a las instituciones financieras. Y pensando en todo esto, me pregunto... ¿cree usted que el sistema judicial costarricense está preparado para enfrentar estos complejos casos de delitos económicos y garantizar una verdadera justicia para las víctimas?
Resulta que la Fiscal Criss González nos cuenta que la audiencia preliminar, esa donde decidirían si van a juicio o no, iba a ser en noviembre pasado. Pero, ¡sorpresa!, nos avisaron que ahora será a principios de 2026. ¡2026! Imagínense la cara de los inversionistas, esperando recuperar su lana. Me da unas ganas de gritar “¡Qué sal!”, pero bueno, hay que mantener la calma y esperar.
Para ponerle un poco de sabor al asunto, recordemos que todo esto comenzó hace más de una década, allá por 2011 y 2013. Se trata de inversiones que terminaron por llevar a Aldesa a la quiebra, dejando a muchísimas personas con las manos vacías. Según la Fiscalía, hubo un buen manejo de información, digamos, poquito honesta, para aparentar que todo iba bien cuando ya la cosa estaba que se jodía. Un verdadero chunche, digo, una estafa de proporciones.
González también nos comentó que están revisando el caso Yanber, cuya audiencia preliminar está agendada para abril. Esta vara es más complicada todavía porque involucra a siete personas acusadas de meterle mano a siete bancos diferentes, ¡imagínense el brete que eso representa! Al parecer, manipularon datos financieros para hacer ver que estaban manejando la plata como campeones, cuando en realidad estaban haciendo de las suyas.
Pero no solo eso, la Fiscalía tampoco se queda quieta con otros casos. Están investigando a fondo Coopeservidores y Desyfin, dos instituciones que han dado mucho de qué hablar últimamente. En el caso de Coopeservidores, hasta el año pasado habían recibido casi 218 denuncias, ¡una barbaridad! Y aún hay 11 sospechosos metidos en esta vaina. Y Desyfin, pues, acumula 50 denuncias de personas afectadas, quienes claman por justicia y recuperar lo que les pertenece.
La verdad es que toda esta situación nos plantea preguntas muy serias sobre la regulación y supervisión de las instituciones financieras en nuestro país. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? ¿No debiera haber controles más estrictos para proteger los ahorros de la gente? Creo que ya deberíamos empezar a pensar en medidas más contundentes para evitar que estos escenarios se repitan en el futuro. Porque al final, son los pequeños inversionistas los que siempre terminan pagando la factura.
Estamos viendo un panorama complicado, señores. El tiempo pasa, los casos se arrastran y la incertidumbre se mantiene. Con tanta burocracia y procesos judiciales lentos, uno se pregunta si alguna vez vamos a ver justicia efectiva en estos casos. Es evidente que se necesita una reforma profunda en el sistema judicial para agilizar los procesos y garantizar que los culpables rindan cuentas. No podemos permitir que la impunidad siga campante en nuestro país. El daño económico es inmenso, pero el daño a la confianza pública es aún mayor.
Definitivamente, estos casos nos dejan reflexionando sobre la importancia de informarnos bien antes de invertir nuestros ahorros, y sobre la necesidad de exigir transparencia y responsabilidad a las instituciones financieras. Y pensando en todo esto, me pregunto... ¿cree usted que el sistema judicial costarricense está preparado para enfrentar estos complejos casos de delitos económicos y garantizar una verdadera justicia para las víctimas?
