¡Ay, Dios mío! Este caso de la doctora Matamoros Víquez se ha vuelto un maje tremendo. Resulta que la señora, acusada de robar 115 ampollas de fentanilo del Hospital Raúl Blanco Cervantes en 2017, ahora anda otra vez trabajando ahí mismo, ¡en el mismo hospital!
La historia viene rodando desde hace tiempo, pero el Diario CR Hoy sacó a relucir los detalles de este proceso penal que, pa' colmo, todavía está pendiente. Según el Ministerio Público, la doctora enfrenta cinco cargos de peculado, ¡una vara bien fea! Imagínate, acusada de robar medicamento controlado y de pronto, ¡vuelta al ruedo!
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tratando de echarle agua al aguacate, dice que todo está dentro de un “procedimiento administrativo”. Claro, dicen que no tienen relación con el juicio, que siguen las reglas internas… pero a ver, ¿qué clase de reglas permiten ponerle un pie encima al riesgo que esto implica?
Lo peor de todo es que parece que la CCSS andaba un poco dormida en otras áreas. Resulta que el Hospital México también tuvo problemas, con registros triplicados de fentanilo, morfina, ketamina y diazepam en el sistema SAP. Un chunche de inconsistencias que pusieron en riesgo la trazabilidad de los medicamentos. ¡Una torta la que se armó!
Douglas Montero Chacón, director del Hospital México, y Federico Jiménez Loría, jefe de Farmacia, mandaron un oficio de alerta a la Gerencia Médica el 1° de agosto, advirtiendo sobre las “graves inconsistencias” y los posibles riesgos legales. Pero, ¿quién hizo caso? Parece que la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, recién se enteró el 12 de septiembre... ¡demasiado tarde!
Y ni hablar de Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de Delincuencia Organizada, quien no se quedó callado. Él criticó la omisión de la dirección del hospital, diciendo que debieron avisarle al Ministerio Público inmediatamente, “porque existe un grave riesgo, insisto, para la salud, para la vida de las personas”. ¡El mae tiene razón, eso es un brete!
Ahora, el OIJ ya abrió una investigación de oficio. Randall Zúñiga, director del OIJ, comentó que, aunque la Caja no puso una denuncia formal, la noticia del robo generó preocupación suficiente para investigar a fondo. El fentanilo, como todos saben, es un opioide cien veces más potente que la morfina, y caer en manos equivocadas puede tener consecuencias devastadoras, diay.
Este caso nos deja pensando: ¿Es éticamente correcto reinstalar a una funcionaria acusada de robar fentanilo en un hospital? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los pacientes y proteger el stock de medicamentos controlados? ¿Cree usted que la CCSS debería haber tomado medidas más drásticas ante estas situaciones, o considera que estaba obligada a seguir los procedimientos administrativos, aun con el riesgo potencial?
La historia viene rodando desde hace tiempo, pero el Diario CR Hoy sacó a relucir los detalles de este proceso penal que, pa' colmo, todavía está pendiente. Según el Ministerio Público, la doctora enfrenta cinco cargos de peculado, ¡una vara bien fea! Imagínate, acusada de robar medicamento controlado y de pronto, ¡vuelta al ruedo!
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tratando de echarle agua al aguacate, dice que todo está dentro de un “procedimiento administrativo”. Claro, dicen que no tienen relación con el juicio, que siguen las reglas internas… pero a ver, ¿qué clase de reglas permiten ponerle un pie encima al riesgo que esto implica?
Lo peor de todo es que parece que la CCSS andaba un poco dormida en otras áreas. Resulta que el Hospital México también tuvo problemas, con registros triplicados de fentanilo, morfina, ketamina y diazepam en el sistema SAP. Un chunche de inconsistencias que pusieron en riesgo la trazabilidad de los medicamentos. ¡Una torta la que se armó!
Douglas Montero Chacón, director del Hospital México, y Federico Jiménez Loría, jefe de Farmacia, mandaron un oficio de alerta a la Gerencia Médica el 1° de agosto, advirtiendo sobre las “graves inconsistencias” y los posibles riesgos legales. Pero, ¿quién hizo caso? Parece que la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, recién se enteró el 12 de septiembre... ¡demasiado tarde!
Y ni hablar de Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de Delincuencia Organizada, quien no se quedó callado. Él criticó la omisión de la dirección del hospital, diciendo que debieron avisarle al Ministerio Público inmediatamente, “porque existe un grave riesgo, insisto, para la salud, para la vida de las personas”. ¡El mae tiene razón, eso es un brete!
Ahora, el OIJ ya abrió una investigación de oficio. Randall Zúñiga, director del OIJ, comentó que, aunque la Caja no puso una denuncia formal, la noticia del robo generó preocupación suficiente para investigar a fondo. El fentanilo, como todos saben, es un opioide cien veces más potente que la morfina, y caer en manos equivocadas puede tener consecuencias devastadoras, diay.
Este caso nos deja pensando: ¿Es éticamente correcto reinstalar a una funcionaria acusada de robar fentanilo en un hospital? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los pacientes y proteger el stock de medicamentos controlados? ¿Cree usted que la CCSS debería haber tomado medidas más drásticas ante estas situaciones, o considera que estaba obligada a seguir los procedimientos administrativos, aun con el riesgo potencial?