Esto muestra una vez más la incoherencia y absurdo de nuestras leyes de financiamiento electoral, que entre más prohibiciones pone, más oportunidades crea para corrupción. Lo mejor sería aceptar que le financiamiento privado de campaña electoral existe, y regularlo, en lugar de suprimirlo.
Hay que entender la mecánica del financiamiento público de la campaña electoral. Lo que se hacía tradicionalmente era los que se llamaba la "Deuda política adelantada", es decir el TSE distribuía el dinero público destinado a los partidos políticos antes de las elecciones presidenciales, en proporción al número de votantes que dichos partidos habían recibido anteriormente.
El sistema no era perfecto, pero tampoco era corrupto. Pero algunos pensaron que era así. Por ende, se reformó la ley y se dijo que el TSE daría el dinero después de las elecciones, con base al porcentaje de votos que recibía cada agrupación política.
El problema claro es que los partidos deben gastar el dinero antes de la campaña. Por ende, deben buscar una forma de obtener dinero hoy día, con la promesa de devolverlo en el momento que reciban el pago del TSE.
Ahora, los partidos pueden ir a los bancos a pedir un préstamo contra esta promesa, lo que ha sucedido regularmente. El problema es que en este caso, es que deben pagar una interés fijo por el préstamo, lo que reduce su capacidad de gastar dinero en la campaña.
Otra opción es emitir Bonos, que son simpelemente promesas de pago a futuro. Así, por ejemplo, yo puedo comprar un bono de 1 millón a un partido, a cambio de recibir una parte de la deuda política que dicho partido recibirá del TSE después de las elecciones.
En este sentido, estos bonos no son estrictamente una donación, ya que la persona que compra el bono espera recibir de vuelta todo o parte del dinero.
La cuestión se torna más sutil si se considera que en muchos casos, probablemente la gente no reciba toda su inversión de vuelta. Esto pasa porque los partidos emiten bonos en varias series, que tienen distinta prioridad de pago. Por ejemplo, la primera emisión (A) promete devolver de pago el principal más un interés (10% digamos), y será pagada antes que cualquier otra obligación. La siguiente emisión (B) promete lo mismo, pero sólo después de pagar todos los Bonos A.
Puede darse el caso que el pago de bonos A agote todo el dinero del TSE, con lo cual los tenedores del Bono B no recibirán nada. Esto es completamente legal, si se especificó en las condiciones iniciales del Bono. Pero los tenedores de los bonos B estarían haciendo una transacción muy parecida a la de un donante de una campaña, ya que dieron el dinero y no recibieron nada a cambio.
Pero esto se debe al caracter riesgoso del pago esperado. Al final, el pago que los tenedores del bono recibirán depende del resultado esperado de la elección, lo cual es un evento incierto. Es absurdo acusar a una persona de evadir la ley cuando en realidad estaba esperando recibir un pago que por las condiciones de la elección no se materializó.
La situación sin duda puede darse para el abuso. Un partido podría emitir bonos en los últimos días de la campaña para que lo compren sus partidarios, sabiendo ambas partes que la posibildad de devolver el pago sea muy remota.
La mejor solución sería entonces volver a dar la deuda política por adelantado, o permitir donaciones privadas pero con una fiscalización adecuada.
