¡Ay, Dios mío! Parece que el tema de la revisión vehicular sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Después de tanto lío, tanta polémica y un par de giros inesperados, ahora es el ministro de Obras Públicas, Efraín Zeledón, quien tiene que decidir qué onda con el concurso que se abrió hace buen rato. Ya el tipo había soltado la espinita de que iban a tumbarlo, siguiendo la línea del Presidente Chaves, pero, como decimos acá, “las cosas nunca son tan sencillas como parecen”.
Todo empezó en julio pasado, cuando la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) decidió mandar al carajo el concurso para escoger las empresas que harían la revisión vehicular. La idea era complacer al Presidente, que estaba empeñado en desecharlo. Pero resulta que deshacer un concurso no es tarea fácil, especialmente cuando te topas con la Contraloría y con trabas internas dentro del propio Cosevi. ¡Qué despiche!
El Cosevi ha ido chocando con paredes de manera recurrente. Justamente el 17 de septiembre tuvieron que retroceder otra vez, demostrando que a veces, aunque quieras hacerlo desaparecer, un proceso legal no se va así nomás. Imagínate, una institución tratando de evadir sus propios procedimientos... ¡Eso sí que es una vara difícil de digerir!
La Contraloría General de la República (CGR), con toda su sabiduría, y algunos expertos internos del Cosevi le abrieron los ojos a los directivos, explicándoles cómo funciona la ley cuando la administración pública quiere tirar por la borda un concurso que ella misma inició. Es decir, les dijeron: “¡No se pueden andar haciendo pendejadas así!”. Resulta que hay procesos y reglas que hay que respetar, aunque el Presidente diga que quiere algo diferente.
Y ahí entra en juego el tema de la lesividad, un mecanismo que utiliza la administración pública, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para cancelar un acto administrativo que ella misma lanzó. En este caso concreto, sería la precalificación de las empresas Applus CR y Tüv Rheinland, una decisión que se venía gestando desde enero del 2025. Este recurso se activa solamente cuando existe un perjuicio para el interés público, y eso es lo que se pretende demostrar.
Pero la cosa se complica aún más. Antes de llegar a ese punto, la Auditoría Interna del Cosevi levantó la ceja ante las declaraciones previas del ministro Zeledón. Según el informe, el ministro ya se había pronunciado públicamente en contra del concurso, incluso en televisión y frente a los diputados. ¡Uy, tremenda situación! Aplaus CR, viendo la oportunidad, pidió que el ministro se abstuviera o inhibiera del resto del proceso, y lo mismo solicitaron para el viceministro Carlos Ávila.
La Auditoría identificó hasta cinco riesgos potenciales que podrían materializarse por esas declaraciones apresuradas del ministro. Entre ellos, el riesgo de que los actos administrativos sean anulados por completo, lo que generaría un embrollo legal de proporciones épicas; la posibilidad de enfrentar demandas administrativas o judiciales, lo que retrasaría indefinidamente el proceso y paralizaría la adjudicación; el desconocimiento del principio de legalidad, al tomar decisiones fuera de los canales oficiales; y, finalmente, la afectación de la transparencia y el debilitamiento de los controles internos. ¡Qué torta!
Ahora, Zeledón tiene que evaluar si declara la lesividad de esos actos administrativos, lo que significa que decide si las empresas Applus CR y Tüv Rheinland realmente fueron seleccionadas de manera justa y legal. El asunto está en sus manos, y todos estamos pendientes a ver qué decisión toma. ¿Creen que el ministro cederá a la presión política y cancelará el concurso, arriesgándose a enfrentamientos legales, o buscará una solución que respete la legalidad y garantice la transparencia del proceso? ¡Compas, díganme qué opinan ustedes! ¿Debería el ministro priorizar la voluntad del Presidente o el cumplimiento estricto de la ley?
Todo empezó en julio pasado, cuando la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) decidió mandar al carajo el concurso para escoger las empresas que harían la revisión vehicular. La idea era complacer al Presidente, que estaba empeñado en desecharlo. Pero resulta que deshacer un concurso no es tarea fácil, especialmente cuando te topas con la Contraloría y con trabas internas dentro del propio Cosevi. ¡Qué despiche!
El Cosevi ha ido chocando con paredes de manera recurrente. Justamente el 17 de septiembre tuvieron que retroceder otra vez, demostrando que a veces, aunque quieras hacerlo desaparecer, un proceso legal no se va así nomás. Imagínate, una institución tratando de evadir sus propios procedimientos... ¡Eso sí que es una vara difícil de digerir!
La Contraloría General de la República (CGR), con toda su sabiduría, y algunos expertos internos del Cosevi le abrieron los ojos a los directivos, explicándoles cómo funciona la ley cuando la administración pública quiere tirar por la borda un concurso que ella misma inició. Es decir, les dijeron: “¡No se pueden andar haciendo pendejadas así!”. Resulta que hay procesos y reglas que hay que respetar, aunque el Presidente diga que quiere algo diferente.
Y ahí entra en juego el tema de la lesividad, un mecanismo que utiliza la administración pública, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para cancelar un acto administrativo que ella misma lanzó. En este caso concreto, sería la precalificación de las empresas Applus CR y Tüv Rheinland, una decisión que se venía gestando desde enero del 2025. Este recurso se activa solamente cuando existe un perjuicio para el interés público, y eso es lo que se pretende demostrar.
Pero la cosa se complica aún más. Antes de llegar a ese punto, la Auditoría Interna del Cosevi levantó la ceja ante las declaraciones previas del ministro Zeledón. Según el informe, el ministro ya se había pronunciado públicamente en contra del concurso, incluso en televisión y frente a los diputados. ¡Uy, tremenda situación! Aplaus CR, viendo la oportunidad, pidió que el ministro se abstuviera o inhibiera del resto del proceso, y lo mismo solicitaron para el viceministro Carlos Ávila.
La Auditoría identificó hasta cinco riesgos potenciales que podrían materializarse por esas declaraciones apresuradas del ministro. Entre ellos, el riesgo de que los actos administrativos sean anulados por completo, lo que generaría un embrollo legal de proporciones épicas; la posibilidad de enfrentar demandas administrativas o judiciales, lo que retrasaría indefinidamente el proceso y paralizaría la adjudicación; el desconocimiento del principio de legalidad, al tomar decisiones fuera de los canales oficiales; y, finalmente, la afectación de la transparencia y el debilitamiento de los controles internos. ¡Qué torta!
Ahora, Zeledón tiene que evaluar si declara la lesividad de esos actos administrativos, lo que significa que decide si las empresas Applus CR y Tüv Rheinland realmente fueron seleccionadas de manera justa y legal. El asunto está en sus manos, y todos estamos pendientes a ver qué decisión toma. ¿Creen que el ministro cederá a la presión política y cancelará el concurso, arriesgándose a enfrentamientos legales, o buscará una solución que respete la legalidad y garantice la transparencia del proceso? ¡Compas, díganme qué opinan ustedes! ¿Debería el ministro priorizar la voluntad del Presidente o el cumplimiento estricto de la ley?
