¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con este asunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sus jubilaciones. Resulta que el Presidente Chaves le echó balde de agua fría al proyecto de ley que les permitía pensionarse a los 55 años, justo cuando parecía que íbamos a tener solución. Una movida que ha levantado más polvo que rediputada entera, digámoslo así.
Para ponerlos al tanto, el brete empezó hace un buen rato, allá por el 2021 cuando el diputado Donalescu metió la idea en la arena. Después, la liberacionista Alejandra Larios retomó la vara y tras varios debates, la Asamblea Legislativa dio luz verde al proyecto en abril. Llegó a contar con 40 votos a favor, ¡una cifra considerable!, pero bueno, Chaves siempre anda con sus sorpresas, y esta vez nos sacó de quicio con el veto.
Según el Presidente, la razón detrás de esta decisión es que el proyecto crea una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública. También dice que estas pensiones podrían acabar engordando el Presupuesto Nacional, lo cual, con la situación económica que estamos viviendo, no es precisamente una buena noticia. Pero Randall Zúñiga, el director del OIJ, salió a defender la postura de su gente, asegurando que existe un informe actuarial que garantiza la sostenibilidad del fondo de pensiones. Vamos, que aseguran que tienen todo controlado, ¡pero quién nos cree!
Lo interesante de todo esto es cómo surgió la propuesta. Parece ser que fue el sindicato del OIJ quien originalmente la impulsó, y Zúñiga simplemente le dio su apoyo. Argumenta que los agentes del OIJ trabajan jornadas extenuantes, alrededor de 60 horas semanales, mientras que otros policías no llegan ni a la mitad de eso. Según él, esa diferencia justifica una jubilación anticipada. ¡Pero claro, siempre hay que buscarle la vuelta para justificar el negocio, diay!
Ahora bien, analicemos la cosa con calma. Entiendo la preocupación del Presidente por el Presupuesto y la necesidad de evitar desigualdades, pero también hay que considerar las condiciones de trabajo de los agentes del OIJ. Son personas que enfrentan situaciones muy peligrosas y estresantes todos los días, y merecen un reconocimiento especial. Además, si no se les ofrece incentivos, ¿quién quiere meterse en esos líos?
Por otro lado, la insistencia de algunos diputados en aprobar este tipo de proyectos, sin tomar en cuenta las consecuencias fiscales, me da un poco de qué pensar. Es fácil prometer cosas bonitas para conseguir votos, pero luego tenemos que pagar la factura todos los costarricenses. Y créeme, la planilla ya está bastante inflada, ¡necesitamos ahorrar, no gastar más!
Esto ha reavivado el debate sobre las pensiones en Costa Rica, que ya de por sí es un tema complicado. El Régimen General de Pensiones está tambaleándose, y necesitamos reformas urgentes. Permitir jubilaciones anticipadas a grupos selectos de funcionarios públicos solo agrava la situación y pone en riesgo el futuro de todos nosotros. ¡Es un círculo vicioso que parece no tener fin!
Así que ahora volvemos a empezar, con la Asamblea Legislativa debatiendo si ratifican o no el veto presidencial. ¿Será que finalmente encontrarán una salida que beneficie a los agentes del OIJ sin comprometer las finanzas públicas? ¿O seguiremos dando vueltas en este carrete interminable? Dime tú, chunche: ¿crees que el Presidente tiene razón al vetar el proyecto, o deberíamos darle vía libre a los agentes del OIJ para que puedan jubilarse anticipadamente?
Para ponerlos al tanto, el brete empezó hace un buen rato, allá por el 2021 cuando el diputado Donalescu metió la idea en la arena. Después, la liberacionista Alejandra Larios retomó la vara y tras varios debates, la Asamblea Legislativa dio luz verde al proyecto en abril. Llegó a contar con 40 votos a favor, ¡una cifra considerable!, pero bueno, Chaves siempre anda con sus sorpresas, y esta vez nos sacó de quicio con el veto.
Según el Presidente, la razón detrás de esta decisión es que el proyecto crea una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública. También dice que estas pensiones podrían acabar engordando el Presupuesto Nacional, lo cual, con la situación económica que estamos viviendo, no es precisamente una buena noticia. Pero Randall Zúñiga, el director del OIJ, salió a defender la postura de su gente, asegurando que existe un informe actuarial que garantiza la sostenibilidad del fondo de pensiones. Vamos, que aseguran que tienen todo controlado, ¡pero quién nos cree!
Lo interesante de todo esto es cómo surgió la propuesta. Parece ser que fue el sindicato del OIJ quien originalmente la impulsó, y Zúñiga simplemente le dio su apoyo. Argumenta que los agentes del OIJ trabajan jornadas extenuantes, alrededor de 60 horas semanales, mientras que otros policías no llegan ni a la mitad de eso. Según él, esa diferencia justifica una jubilación anticipada. ¡Pero claro, siempre hay que buscarle la vuelta para justificar el negocio, diay!
Ahora bien, analicemos la cosa con calma. Entiendo la preocupación del Presidente por el Presupuesto y la necesidad de evitar desigualdades, pero también hay que considerar las condiciones de trabajo de los agentes del OIJ. Son personas que enfrentan situaciones muy peligrosas y estresantes todos los días, y merecen un reconocimiento especial. Además, si no se les ofrece incentivos, ¿quién quiere meterse en esos líos?
Por otro lado, la insistencia de algunos diputados en aprobar este tipo de proyectos, sin tomar en cuenta las consecuencias fiscales, me da un poco de qué pensar. Es fácil prometer cosas bonitas para conseguir votos, pero luego tenemos que pagar la factura todos los costarricenses. Y créeme, la planilla ya está bastante inflada, ¡necesitamos ahorrar, no gastar más!
Esto ha reavivado el debate sobre las pensiones en Costa Rica, que ya de por sí es un tema complicado. El Régimen General de Pensiones está tambaleándose, y necesitamos reformas urgentes. Permitir jubilaciones anticipadas a grupos selectos de funcionarios públicos solo agrava la situación y pone en riesgo el futuro de todos nosotros. ¡Es un círculo vicioso que parece no tener fin!
Así que ahora volvemos a empezar, con la Asamblea Legislativa debatiendo si ratifican o no el veto presidencial. ¿Será que finalmente encontrarán una salida que beneficie a los agentes del OIJ sin comprometer las finanzas públicas? ¿O seguiremos dando vueltas en este carrete interminable? Dime tú, chunche: ¿crees que el Presidente tiene razón al vetar el proyecto, o deberíamos darle vía libre a los agentes del OIJ para que puedan jubilarse anticipadamente?
