Exfuncionarios cuestionados figuran en ‘asesorías’ del BCIE
Dos de ellos son directores de firma que recibió pagos durante el 2007
Tobías Chacón funge como asesor del diputado José Manuel Echandi
Álvaro Murillo |
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Cuestionamientos éticos motivaron la salida de tres funcionarios públicos que ahora figuran en la lista de las 84 “consultorías” pagadas con los $2 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó a la Casa Presidencial.
El excónsul Tobías Chacón, el exdirectivo de Recope Samuel Schachtel, y el expresidente del IMAS Diego Víquez, aparecen como beneficiarios de los pagos cuyos detalles solo se conocen de manera parcial.
Schachtel y Chacón, actual asesor del diputado José Manuel Echandi, son presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Corporación Aeme Peeme S. A., mencionada en el segmento de “análisis de coyuntura y apoyo al Presidente”, en la lista entregada por el Gobierno a la comisión legislativa de Control de Gasto e ingreso público.
Schachtel comenzó en este Gobierno como directivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), pero renunció tras conocerse que una de sus empresas debía ¢611 millones a la CCSS.
“Para nosotros, la denuncia era válida y violaba el principio ético”, dijo el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, en el primer mes de esta administración.
Schachtel preside la sociedad de la cual es también directivo el asesor legislativo Tobías Chacón Ramírez, que trabaja en el despacho del diputado independiente José Manuel Echandi.
Chacón fue cónsul de Costa Rica en California durante 1987 y fue mencionado en las investigaciones del narcotráfico cometido por Ricardo Alem León, entonces director ante el BCIE.
La comisión legislativa que indagó el caso recomendó no volver a contratar a Chacón como funcionario público, aunque las conclusiones de estos foros no son de acatamiento obligatorio.
“Eso fue hace como 22 años y, si no me equivoco, la Sala Constitucional en algún momento declaró con lugar muchos recursos que se plantearon (...). A mí no se me probó absolutamente nada”, dijo ayer el asesor legislativo.
“En algún momento fui amigo de Ricardo (Alem) y se lo presenté a don Óscar Arias para que le ayudara en el comité de finanzas (del partido)”, agregó.
Chacón, sin embargo, negó ayer haber brindado consultoría alguna a la Casa Presidencial. Aseguró que Aeme Peeme S. A. solo vendió una computadora al BCIE.
La Casa Presidencial y el BCIE no han revelado los objetivos ni los montos de las contrataciones, pues alegan que tienen una naturaleza diferente a la de negocio público.
Diego Víquez Lizano figura en la lista de personas contratadas con las donaciones a la Casa Presidencial. Él fue presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hasta marzo del 2007 , cuando admitió haber cometido una falta y decidió renunciar.
Víquez tuvo contratado como chofer a un cuñado suyo, lo que él admitió como un descuido, y presentó la renuncia antes de que su caso fuera analizado por la Comisión de Ética del Gobierno. Después lanzó críticas a la forma de trabajo del IMAS y denunció presiones de sectores políticos.
Más de 50 personas y empresas fueron contratadas en los programas “Fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo”, que se ejecutan desde noviembre del 2006.
En la lista aparecen exdiputados, funcionarios de Gobiernos anteriores, asesores reconocidos del actual Gobierno y sociedades integradas por funcionarios vigentes. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, reconoció que “ningún programa es perfecto” y que algunos casos no debieron avalarse.
Arias, sin embargo, defendió la utilidad del convenio con el BCIE, dada la limitación presupuestaria en el sector estatal, y el mecanismo al margen de la luz pública, pues daba “una gran agilidad”.
