Ay, comadre, qué vaina. Resulta que la CCSS, con sus costosos proyectos de modernización, nos ha metido en un lío más grande que una vaca en una tienda de chinchorros. Prometieron un sistema ERP-SAP que iba a agilizar todo, unificar procesos y hacer maravillas administrativas. Pero, dígame usted, ¿dónde quedó la magia?
La cosa empezó a torcerse casi inmediatamente después de lanzarlo el 2 de junio. Primero fueron las quejas de los sindicatos, luego los proveedores que no recibían sus pagos, y así, poco a poco, la situación se fue complicando hasta convertirse en un verdadero despache institucional. Nos tocó ver paros, denuncias, una investigación penal que, afortunadamente, resultó un susto, y la junta directiva en la mira de todos.
Y mire usted, en solo cuatro meses, la novela tuvo varios capítulos. En junio, el primer llanto de los sindicatos. Julio trajo el reclamo furioso de los proveedores, que empezaron a sentir el pinchazo en el bolsillo. Agosto llegó con una auditoría interna que sacudió la mesa, mostrando fallos garrafales en inventarios y finanzas. Y septiembre… ay, septiembre, ¡qué sal! Apareció el caso del fentanilo, convirtiendo un problemón técnico en un escándalo político a nivel nacional. El Observador hizo un buen trabajo analizando la maraña, y vaya que era una maraña.
La idea original era simple: unificar la gestión administrativa, financiera y logística en una sola plataforma. Pero lo que obtuvimos fue un batiburrillo de errores que afectaron desde los pagos hasta las incapacidades, pasando por las farmacias. Proveedores desesperados, farmacias operando a ojo de cerradura con registros manuales, y miles de boletas de incapacidad acumulándose sin procesar. La diputada Paulina Ramírez ya había avisado en julio: implementar eso ponía en riesgo la salud de los costarricenses. Y parece que tenía razón.
Pero la junta directiva, con una fe inquebrantable (o quizás ciega), decidió extender el proyecto hasta 2026, garantizando su continuidad pese a todas las alertas. La presidenta Mónica Taylor lo vendió como un “paso necesario” hacia la modernización, mientras tanto, la CCSS acumulaba montañas de facturas impagas y un avance paupérrimo en el cierre financiero. ¡Una torta! Y encima, amenazando con afectar el presupuesto 2026. Los controles manuales y la falta de trazabilidad eran una bomba de tiempo, como bien señalaba la auditoría interna.
Y luego vino el clímax: el caso del fentanilo. Una inspección en el Hospital México reveló que los registros del sistema y los físicos no coincidían. Se hablaba de 21.000 ampollas desaparecidas. ¡Imagínese la reacción! El Organismo Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Farmacéuticos, todos moviéndose. La CCSS, indignada, denunció por supuesto robo, aunque rápidamente admitieron que el error provenía del mismísimo ERP-SAP. El Presidente Chaves, en medio del embrollo, acusó a los sindicatos de estar detrás del supuesto robo para desacreditar el sistema. ¡Un verdadero circo!
Afortunadamente, el OIJ aclaró que no hubo robo, sino un error informático. Un fallo en la comunicación entre los sistemas. Se encontraron las 21.750 ampollas, todo en orden. Pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Semanas de especulaciones sobre robos, brechas en inventarios y falta de control. Undeca, el sindicato, salió con otro comunicado exigiendo disculpas públicas y responsabilidades políticas, acusando a la presidencia ejecutiva de criminalizar a los trabajadores. Después de todo este trajín, lo único claro es que la transformación prometida aún está muy lejos de completarse, y la CCSS sigue pagando los platos rotos.
Entonces, mi estimado lector, la gran pregunta es: ¿quién va a asumir la responsabilidad final por este desastre? ¿La junta directiva, la dirección del proyecto, o simplemente el Estado, que termina cargando con la factura de un sistema que prometía oro y nos entregó cenizas? Comparta sus opiniones, yo quiero saber qué piensa al respecto. ¡Díame su criterio!
La cosa empezó a torcerse casi inmediatamente después de lanzarlo el 2 de junio. Primero fueron las quejas de los sindicatos, luego los proveedores que no recibían sus pagos, y así, poco a poco, la situación se fue complicando hasta convertirse en un verdadero despache institucional. Nos tocó ver paros, denuncias, una investigación penal que, afortunadamente, resultó un susto, y la junta directiva en la mira de todos.
Y mire usted, en solo cuatro meses, la novela tuvo varios capítulos. En junio, el primer llanto de los sindicatos. Julio trajo el reclamo furioso de los proveedores, que empezaron a sentir el pinchazo en el bolsillo. Agosto llegó con una auditoría interna que sacudió la mesa, mostrando fallos garrafales en inventarios y finanzas. Y septiembre… ay, septiembre, ¡qué sal! Apareció el caso del fentanilo, convirtiendo un problemón técnico en un escándalo político a nivel nacional. El Observador hizo un buen trabajo analizando la maraña, y vaya que era una maraña.
La idea original era simple: unificar la gestión administrativa, financiera y logística en una sola plataforma. Pero lo que obtuvimos fue un batiburrillo de errores que afectaron desde los pagos hasta las incapacidades, pasando por las farmacias. Proveedores desesperados, farmacias operando a ojo de cerradura con registros manuales, y miles de boletas de incapacidad acumulándose sin procesar. La diputada Paulina Ramírez ya había avisado en julio: implementar eso ponía en riesgo la salud de los costarricenses. Y parece que tenía razón.
Pero la junta directiva, con una fe inquebrantable (o quizás ciega), decidió extender el proyecto hasta 2026, garantizando su continuidad pese a todas las alertas. La presidenta Mónica Taylor lo vendió como un “paso necesario” hacia la modernización, mientras tanto, la CCSS acumulaba montañas de facturas impagas y un avance paupérrimo en el cierre financiero. ¡Una torta! Y encima, amenazando con afectar el presupuesto 2026. Los controles manuales y la falta de trazabilidad eran una bomba de tiempo, como bien señalaba la auditoría interna.
Y luego vino el clímax: el caso del fentanilo. Una inspección en el Hospital México reveló que los registros del sistema y los físicos no coincidían. Se hablaba de 21.000 ampollas desaparecidas. ¡Imagínese la reacción! El Organismo Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Farmacéuticos, todos moviéndose. La CCSS, indignada, denunció por supuesto robo, aunque rápidamente admitieron que el error provenía del mismísimo ERP-SAP. El Presidente Chaves, en medio del embrollo, acusó a los sindicatos de estar detrás del supuesto robo para desacreditar el sistema. ¡Un verdadero circo!
Afortunadamente, el OIJ aclaró que no hubo robo, sino un error informático. Un fallo en la comunicación entre los sistemas. Se encontraron las 21.750 ampollas, todo en orden. Pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Semanas de especulaciones sobre robos, brechas en inventarios y falta de control. Undeca, el sindicato, salió con otro comunicado exigiendo disculpas públicas y responsabilidades políticas, acusando a la presidencia ejecutiva de criminalizar a los trabajadores. Después de todo este trajín, lo único claro es que la transformación prometida aún está muy lejos de completarse, y la CCSS sigue pagando los platos rotos.
Entonces, mi estimado lector, la gran pregunta es: ¿quién va a asumir la responsabilidad final por este desastre? ¿La junta directiva, la dirección del proyecto, o simplemente el Estado, que termina cargando con la factura de un sistema que prometía oro y nos entregó cenizas? Comparta sus opiniones, yo quiero saber qué piensa al respecto. ¡Díame su criterio!
