¡Ay, Dios mío, qué bronca! Resulta que una exfuncionaria de Hacienda está teniendo unos problemas bien gordos con el erario público. Después de un buen rato de papeleo y procesos legales, ahora tendrá que aflojarle la mosca al bolsillo y pagar más de un millón de colones que se le fueron ahí, dicen, por incapacidades.
La cosa viene de atrás, mae. Según nos cuentan desde La Gaceta, el Ministerio de Hacienda ha ido tras ella con todo porque no cumplió con los pagos correspondientes a esos periodos en los que estaba de reposo médico. Parece que hubo un error en los cálculos o algo así, y ahora la van a tener que resolver.
La resolución MH-DM-RES-0828-2025, firmada por el mismísimo ministro Rudolf Lücke Bolaños, le dio otro ultimátum. Ya le habían puesto el dedo encima el pasado mes de junio con la resolución N° MH-DM-RES-0493-2025, pero parece que eso no sirvió de mucho. Le dieron quince días entonces, y ahora otros quince más para que se ponga al día con la plata, pues ya saben, el Estado no se anda con rodeos.
El monto exacto que tiene que pagarla es de ¢1.128.028,80. Una varita considerable, diría yo. Y esto no es cuento, según la ley, Hacienda puede hacer dos avisos seguidos antes de meterle mano judicialmente. Como la primera vez no hizo caso, ahora van por la segunda, ¡y ojo!, si no paga...
Y es que la ley es clara, chava. El artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública dice que tienen que hacer todo este procedimiento formal con intimaciones y notificaciones para asegurarse de que estén haciendo las cosas bien. No pueden simplemente irse con todo a buscar la plata sin seguir los pasos correctos.
Ahora, la exfuncionaria tiene un plazo improrrogable. Eso quiere decir que no hay margen para discutir ni pedir más tiempo. Tiene que juntar la lana y cancelarla, sino... bueno, sino directamente la mandan a la Oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, donde seguramente la van a apretar hasta dejarla tiesa.
Esto me hace pensar en todos esos casos que vemos en las noticias de gente que se cree dueña de la plata pública. Uno piensa, ¿cómo se les ocurre siquiera intentar algo así? Pero luego te das cuenta que la tentación es grande y que algunos no aprenden la lección nunca. En fin, esperemos que este caso sirva de ejemplo para que otros piensen dos veces antes de hacerse los listos con el dinero del pueblo.
Me pregunto, ¿cree usted que las instituciones estatales deberían ser más estrictas en estos controles internos para evitar estas situaciones, o considera que la sanción actual es suficiente para disuadir a otros funcionarios de cometer actos similares?
La cosa viene de atrás, mae. Según nos cuentan desde La Gaceta, el Ministerio de Hacienda ha ido tras ella con todo porque no cumplió con los pagos correspondientes a esos periodos en los que estaba de reposo médico. Parece que hubo un error en los cálculos o algo así, y ahora la van a tener que resolver.
La resolución MH-DM-RES-0828-2025, firmada por el mismísimo ministro Rudolf Lücke Bolaños, le dio otro ultimátum. Ya le habían puesto el dedo encima el pasado mes de junio con la resolución N° MH-DM-RES-0493-2025, pero parece que eso no sirvió de mucho. Le dieron quince días entonces, y ahora otros quince más para que se ponga al día con la plata, pues ya saben, el Estado no se anda con rodeos.
El monto exacto que tiene que pagarla es de ¢1.128.028,80. Una varita considerable, diría yo. Y esto no es cuento, según la ley, Hacienda puede hacer dos avisos seguidos antes de meterle mano judicialmente. Como la primera vez no hizo caso, ahora van por la segunda, ¡y ojo!, si no paga...
Y es que la ley es clara, chava. El artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública dice que tienen que hacer todo este procedimiento formal con intimaciones y notificaciones para asegurarse de que estén haciendo las cosas bien. No pueden simplemente irse con todo a buscar la plata sin seguir los pasos correctos.
Ahora, la exfuncionaria tiene un plazo improrrogable. Eso quiere decir que no hay margen para discutir ni pedir más tiempo. Tiene que juntar la lana y cancelarla, sino... bueno, sino directamente la mandan a la Oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, donde seguramente la van a apretar hasta dejarla tiesa.
Esto me hace pensar en todos esos casos que vemos en las noticias de gente que se cree dueña de la plata pública. Uno piensa, ¿cómo se les ocurre siquiera intentar algo así? Pero luego te das cuenta que la tentación es grande y que algunos no aprenden la lección nunca. En fin, esperemos que este caso sirva de ejemplo para que otros piensen dos veces antes de hacerse los listos con el dinero del pueblo.
Me pregunto, ¿cree usted que las instituciones estatales deberían ser más estrictas en estos controles internos para evitar estas situaciones, o considera que la sanción actual es suficiente para disuadir a otros funcionarios de cometer actos similares?
