¡Ay, Dios mío, qué bronca! Aquí seguimos sacudiendo polvo de escándalos viejos. Resulta que, tras años de papeleo y movidas judiciales, finalmente le cayeron ocho añitos de cárcel a un exfuncionario de Japdeva y a un empresario por unos negocios turbios que datan de allá por el lejano 2005. Parece que la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) puso sus cartas sobre la mesa y demostró que hubo unas macanas bien feas con dos contratos que dejaron a Japdeva con una mordida considerable.
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes, Japdeva, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, siempre ha sido un pozo de controversias. Entre licitaciones cuestionables y manejos de fondos poco transparentes, uno siempre se pregunta si ahí hay alguien cuidando el bolsillo del pueblo. En este caso, la lupa se posó sobre la nacionalización de dos embarcaciones: la lancha remolcadora Quribrí y la grúa portica Pablo Presbere. Un brete que, aparentemente, se llevó por delante más de cien millones colones.
Según la Fiscalía, la trama comenzó cuando el Departamento de Proveeduría de Japdeva, liderado entonces por Félix Pecou Johnson, abrió una licitación directa para estos trámites. Invitaron a varias empresas, pero resultó que el señor Javier Fonseca Castañeda, dueño de la empresa seleccionada, no estaba precisamente calificado para hacer esos papeles aduaneros. ¡Imagínate! Además, parece que su oferta no era la mejor opción desde el punto de vista técnico. Pero bueno, ahí quedó. ¡A darle!
Y así, en pleno 2005, se le dio luz verde a Fonseca Castañeda para realizar el trabajo por un jugoso monto de 168 millones 712 mil 580 colones con nuestros impuestos. Pero la cosa se puso aún más turbia. La FAPTA descubrió que, con la ayuda de un tercero (ya fallecido, para que no pueda contar su versión), Fonseca Castañeda metió información falsa en los documentos aduaneros para pagar una suma mucho menor de lo que realmente correspondía. ¡Un verdadero pingüizo!
Con estas artimañas, lograron reducir el pago a apenas 89 millones de colones, embolsándose una ganancia ilícita superior a los 76 millones. ¡Dinero que desapareció como agua entre los dedos! Y eso no es todo, porque la Fiscalía también encontró un segundo delito de peculado relacionado con otro mal uso de los fondos públicos. Parece que Pecou Johnson, con el argumento de que las embarcaciones estaban abandonadas, aprobó un desembolso extra de casi 40 millones más para Fonsecsa Castañeda. ¡Más despilfarro con nuestro dinero!
Al final, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública los condenó a ocho años de prisión y les impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años. Ahora, mientras la sentencia se consolida, tendrán que reportarse mensualmente, entregar sus pasaportes y quedarse en Costa Rica. ¡Menos mal que la justicia, aunque lenta, a veces da sus frutos! Sucy Wing, la actual presidenta de Japdeva, celebró el veredicto como un “hito” en la lucha contra la corrupción. Dijo que demuestra que la corrupción no tiene cabida en la institución y que los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad y transparencia. ¡Esperemos que esto sirva de ejemplo para que nadie vuelva a meter las manos donde no debe!
El caso, que se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE, es un claro recordatorio de que la corrupción sigue siendo un problema grave en Costa Rica. Aunque este veredicto puede dar cierta esperanza, todavía queda mucho por hacer para fortalecer las instituciones y garantizar que el erario público se utilice de manera eficiente y honesta. Al fin y al cabo, somos nosotros, los ciudadanos, quienes sufrimos las consecuencias de estas malas prácticas. Y no es ningún secreto que las arcas públicas están más secas que hojaldre.
Pero dime, ¿crees que esta condena será suficiente para limpiar la imagen de Japdeva y disuadir a otros funcionarios corruptos? ¿O simplemente estamos viendo caer a las ovejas negras, mientras que otros siguen campantes en la sombra? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes, Japdeva, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, siempre ha sido un pozo de controversias. Entre licitaciones cuestionables y manejos de fondos poco transparentes, uno siempre se pregunta si ahí hay alguien cuidando el bolsillo del pueblo. En este caso, la lupa se posó sobre la nacionalización de dos embarcaciones: la lancha remolcadora Quribrí y la grúa portica Pablo Presbere. Un brete que, aparentemente, se llevó por delante más de cien millones colones.
Según la Fiscalía, la trama comenzó cuando el Departamento de Proveeduría de Japdeva, liderado entonces por Félix Pecou Johnson, abrió una licitación directa para estos trámites. Invitaron a varias empresas, pero resultó que el señor Javier Fonseca Castañeda, dueño de la empresa seleccionada, no estaba precisamente calificado para hacer esos papeles aduaneros. ¡Imagínate! Además, parece que su oferta no era la mejor opción desde el punto de vista técnico. Pero bueno, ahí quedó. ¡A darle!
Y así, en pleno 2005, se le dio luz verde a Fonseca Castañeda para realizar el trabajo por un jugoso monto de 168 millones 712 mil 580 colones con nuestros impuestos. Pero la cosa se puso aún más turbia. La FAPTA descubrió que, con la ayuda de un tercero (ya fallecido, para que no pueda contar su versión), Fonseca Castañeda metió información falsa en los documentos aduaneros para pagar una suma mucho menor de lo que realmente correspondía. ¡Un verdadero pingüizo!
Con estas artimañas, lograron reducir el pago a apenas 89 millones de colones, embolsándose una ganancia ilícita superior a los 76 millones. ¡Dinero que desapareció como agua entre los dedos! Y eso no es todo, porque la Fiscalía también encontró un segundo delito de peculado relacionado con otro mal uso de los fondos públicos. Parece que Pecou Johnson, con el argumento de que las embarcaciones estaban abandonadas, aprobó un desembolso extra de casi 40 millones más para Fonsecsa Castañeda. ¡Más despilfarro con nuestro dinero!
Al final, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública los condenó a ocho años de prisión y les impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años. Ahora, mientras la sentencia se consolida, tendrán que reportarse mensualmente, entregar sus pasaportes y quedarse en Costa Rica. ¡Menos mal que la justicia, aunque lenta, a veces da sus frutos! Sucy Wing, la actual presidenta de Japdeva, celebró el veredicto como un “hito” en la lucha contra la corrupción. Dijo que demuestra que la corrupción no tiene cabida en la institución y que los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad y transparencia. ¡Esperemos que esto sirva de ejemplo para que nadie vuelva a meter las manos donde no debe!
El caso, que se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE, es un claro recordatorio de que la corrupción sigue siendo un problema grave en Costa Rica. Aunque este veredicto puede dar cierta esperanza, todavía queda mucho por hacer para fortalecer las instituciones y garantizar que el erario público se utilice de manera eficiente y honesta. Al fin y al cabo, somos nosotros, los ciudadanos, quienes sufrimos las consecuencias de estas malas prácticas. Y no es ningún secreto que las arcas públicas están más secas que hojaldre.
Pero dime, ¿crees que esta condena será suficiente para limpiar la imagen de Japdeva y disuadir a otros funcionarios corruptos? ¿O simplemente estamos viendo caer a las ovejas negras, mientras que otros siguen campantes en la sombra? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
