¡Aguafiestas! Resulta que la justicia finalmente le metió presión a Félix Pecou Johnson, exjefe del Departamento de Proveeduría de JAPDEVA, y al empresario Javier Fonseca Castañeda. Después de años de batallas legales, ambos recibieron sentencias de ocho años de prisión y cinco de inhabilitación por meterle las manos donde no debían a los fondos públicos. Un caso que empezó como un trámite rutinario para nacionalizar unas embarcaciones se convirtió en un verdadero escándalo que sacudió al país y nos dejó a todos con la boca abierta.
La movida, que data del lejano 2005, tenía que ver con la nacionalización de la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. JAPDEVA, necesitaba hacer los papeles para que estas naves estuvieran legalmente operativas, pero parece que alguien vio ahí una oportunidad para engordar sus bolsillos. Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), se armó un plan bien maquiavélico para desviar unos buenos billetes.
Todo comenzó con una contratación directa – ¡qué fácil! – a cinco empresas para gestionar los trámites aduaneros. Pero, sorpresa, sorpresa, Fonseca Castañeda, el empresario, resultó no estar habilitado para ejercer como agente aduanero, y su propuesta, aunque llegaba tarde, fue elegida misteriosamente. No sabemos si hubo soborno, influencias o simplemente pura tontería, pero el resultado es que se le adjudicaron ¢168.7 millones para cubrir impuestos y cargas tributarias. ¡Una vara enorme!
Pero aquí viene lo bueno: Fonseca, junto con Pecou Johnson, usaron trucos turbios con ayuda de un tercero que ya no está entre nosotros para manipular las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA). Insertaron información falsa, pagaron una suma ridículamente baja de apenas ¢89 millones y se quedaron con más de ¢76 millones en ganancias injustificadas. ¡Qué barbaridad! Una verdadera estafa a la nación, esos tipos se creyeron más listos que nadie, pero la verdad, se jalaron una torta monumental.
Y eso no es todo, chunches. El despiste continuó en agosto de 2005. Pecou Johnson autorizó otro pago extra alegando que las embarcaciones se habían ido al traste por no nacionalizarse a tiempo. Solicitaron ¢39.3 millones a JAPDEVA sin presentar ningún documento que respaldara esa afirmación. ¡Más evidencias de corrupción desenfrenada! Este segundo capítulo añadió otros ¢115 millones al daño económico causado por estos personajes, sumando un perjuicio considerable para las arcas públicas.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública tuvo claro que esto no podía quedar impune. Además de las sentencias de cárcel e inhabilitación, ambos deberán cumplir con medidas cautelares estrictas mientras se resuelve el recurso de apelación. Esto implica firmar mensualmente, informar sobre cualquier cambio de domicilio, entregar sus pasaportes y verse imposibilitados de salir del país. Parece que ahora sí andarán tranquilos, con visitas periódicas a la oficina de corrección.
Este caso resalta, una vez más, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Pura diay cómo algunos funcionarios se creen dueños del erario público, pensando que pueden salirse con la suya. Hay que seguir vigilando y exigiendo que se aplique la ley a todos por igual, sin importar cargos ni influencias. Uno se da cuenta que hasta las instituciones más sólidas necesitan una limpia de tanto humo y negocios turbios.
Con este panorama, me pregunto: ¿Qué medidas concretas debemos implementar para fortalecer los mecanismos de control y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro? ¿Será suficiente con endurecer las penas y aumentar la vigilancia, o necesitamos reformas más profundas en la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas?
La movida, que data del lejano 2005, tenía que ver con la nacionalización de la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. JAPDEVA, necesitaba hacer los papeles para que estas naves estuvieran legalmente operativas, pero parece que alguien vio ahí una oportunidad para engordar sus bolsillos. Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), se armó un plan bien maquiavélico para desviar unos buenos billetes.
Todo comenzó con una contratación directa – ¡qué fácil! – a cinco empresas para gestionar los trámites aduaneros. Pero, sorpresa, sorpresa, Fonseca Castañeda, el empresario, resultó no estar habilitado para ejercer como agente aduanero, y su propuesta, aunque llegaba tarde, fue elegida misteriosamente. No sabemos si hubo soborno, influencias o simplemente pura tontería, pero el resultado es que se le adjudicaron ¢168.7 millones para cubrir impuestos y cargas tributarias. ¡Una vara enorme!
Pero aquí viene lo bueno: Fonseca, junto con Pecou Johnson, usaron trucos turbios con ayuda de un tercero que ya no está entre nosotros para manipular las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA). Insertaron información falsa, pagaron una suma ridículamente baja de apenas ¢89 millones y se quedaron con más de ¢76 millones en ganancias injustificadas. ¡Qué barbaridad! Una verdadera estafa a la nación, esos tipos se creyeron más listos que nadie, pero la verdad, se jalaron una torta monumental.
Y eso no es todo, chunches. El despiste continuó en agosto de 2005. Pecou Johnson autorizó otro pago extra alegando que las embarcaciones se habían ido al traste por no nacionalizarse a tiempo. Solicitaron ¢39.3 millones a JAPDEVA sin presentar ningún documento que respaldara esa afirmación. ¡Más evidencias de corrupción desenfrenada! Este segundo capítulo añadió otros ¢115 millones al daño económico causado por estos personajes, sumando un perjuicio considerable para las arcas públicas.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública tuvo claro que esto no podía quedar impune. Además de las sentencias de cárcel e inhabilitación, ambos deberán cumplir con medidas cautelares estrictas mientras se resuelve el recurso de apelación. Esto implica firmar mensualmente, informar sobre cualquier cambio de domicilio, entregar sus pasaportes y verse imposibilitados de salir del país. Parece que ahora sí andarán tranquilos, con visitas periódicas a la oficina de corrección.
Este caso resalta, una vez más, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Pura diay cómo algunos funcionarios se creen dueños del erario público, pensando que pueden salirse con la suya. Hay que seguir vigilando y exigiendo que se aplique la ley a todos por igual, sin importar cargos ni influencias. Uno se da cuenta que hasta las instituciones más sólidas necesitan una limpia de tanto humo y negocios turbios.
Con este panorama, me pregunto: ¿Qué medidas concretas debemos implementar para fortalecer los mecanismos de control y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro? ¿Será suficiente con endurecer las penas y aumentar la vigilancia, o necesitamos reformas más profundas en la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas?
