¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo. La cosa está que arde en la Asamblea y las acusaciones vuelan más rápido que cometa en feria. Resulta que varios diputados están soltando la sopa sobre cómo el gobierno de Rodrigo Chaves habría estado armando bronca pa' que votaran en contra de levantarle la inmunidad. Esto ya pinta pa' novela, ¿eh?
Todo empezó a cocinarse hace unos días, pero explotó a lo grande durante la sesión de este lunes. Parece que el ambiente en los pasillos de la Asamblea era más tenso que olla a presión. Según lo que se cuenta, el Ejecutivo, aparentemente, andaba ofreciendo hasta churros y bizcochos pa’ cambiar votos. Ya saben, esos típicos juguetitos políticos que nos hacen retorcer la boca.
Johana Obando, la diputada independiente que siempre va al grano, fue quien encendió las alarmas. Directamente a la cara dijo que habían recibido llamadas, primero la semana pasada y luego este mismo día, intentando influir en su decisión. Pero no solo eso, según ella, la cosa iba más allá de unas simples llamadas; había ofertas de puestos en embajadas, ministerios, incluso puras “dádivas” y promesas de despidos. ¡Imagínate la presión!
Y ahí no quedó la cosa. Obando siguió contando que varios colegas le confesaron que les estaban amenazando directamente con cosas feas, como quitarles las visas a sus familias. Eso ya es rayano en lo inaceptable, ¿verdad? Parece sacado de película de espías. Además, mencionaron que se estaban ofreciendo cargos en embajadas a cambio de votos favorables al Presidente, tratando de comprar conciencias… ¡tremendo brete!
Pero Obando no fue la única que se animó a hablar claro. Daniela Rojas, del PUSC, también dio fe de haber sentido presión y recibido amenazas. Ella declaró que vivir y conocer estas situaciones en una democracia como la nuestra es simplemente lamentable. "Es propio de regímenes autoritarios, no de Costa Rica", sentenció, con razón.
Por otro lado, Óscar Izquierdo, el jefe de fracción del PLN, también salió a relucir. Él denunció que su propio puesto en Acueductos y Alcantarillados estaba siendo amenazado con reestructuraciones diseñadas específicamente para eliminarlo. Al parecer, alguien en Casa Presidencial le mandó un mensajito indirecto sobre sus años trabajando en el AyA. El mae no se achicó y aseguró que su voto sería por convicción, sin importar qué mano dura usen.
Juan Carlos Hidalgo, el candidato presidencial del PUSC, también se sumó a la conversación, aprovechando una actividad nacional de su partido para agradecer a los diputados socialcristianos que respaldan el levantamiento de la inmunidad y destacar la valentía de Vanessa Castro, quien ha sido blanco de amenazas y ataques por defender su postura. Parece que este caso se ha convertido en un verdadero termómetro político, donde cada partido busca posicionarse y capitalizar la situación. ¡Qué vaina!
En fin, la cosa está calientísima y parece que todavía falta mucho por verse. La votación de hoy será crucial para definir el futuro político de nuestro país. Ahora bien, pensando en todo esto, ¿ustedes creen que estas denuncias de presiones son prueba de una estrategia sistemática del gobierno para manipular a los diputados, o simplemente ruido político previo a una importante decisión? ¿Deberían las autoridades investigar a fondo estas acusaciones para garantizar la transparencia del proceso democrático?
Todo empezó a cocinarse hace unos días, pero explotó a lo grande durante la sesión de este lunes. Parece que el ambiente en los pasillos de la Asamblea era más tenso que olla a presión. Según lo que se cuenta, el Ejecutivo, aparentemente, andaba ofreciendo hasta churros y bizcochos pa’ cambiar votos. Ya saben, esos típicos juguetitos políticos que nos hacen retorcer la boca.
Johana Obando, la diputada independiente que siempre va al grano, fue quien encendió las alarmas. Directamente a la cara dijo que habían recibido llamadas, primero la semana pasada y luego este mismo día, intentando influir en su decisión. Pero no solo eso, según ella, la cosa iba más allá de unas simples llamadas; había ofertas de puestos en embajadas, ministerios, incluso puras “dádivas” y promesas de despidos. ¡Imagínate la presión!
Y ahí no quedó la cosa. Obando siguió contando que varios colegas le confesaron que les estaban amenazando directamente con cosas feas, como quitarles las visas a sus familias. Eso ya es rayano en lo inaceptable, ¿verdad? Parece sacado de película de espías. Además, mencionaron que se estaban ofreciendo cargos en embajadas a cambio de votos favorables al Presidente, tratando de comprar conciencias… ¡tremendo brete!
Pero Obando no fue la única que se animó a hablar claro. Daniela Rojas, del PUSC, también dio fe de haber sentido presión y recibido amenazas. Ella declaró que vivir y conocer estas situaciones en una democracia como la nuestra es simplemente lamentable. "Es propio de regímenes autoritarios, no de Costa Rica", sentenció, con razón.
Por otro lado, Óscar Izquierdo, el jefe de fracción del PLN, también salió a relucir. Él denunció que su propio puesto en Acueductos y Alcantarillados estaba siendo amenazado con reestructuraciones diseñadas específicamente para eliminarlo. Al parecer, alguien en Casa Presidencial le mandó un mensajito indirecto sobre sus años trabajando en el AyA. El mae no se achicó y aseguró que su voto sería por convicción, sin importar qué mano dura usen.
Juan Carlos Hidalgo, el candidato presidencial del PUSC, también se sumó a la conversación, aprovechando una actividad nacional de su partido para agradecer a los diputados socialcristianos que respaldan el levantamiento de la inmunidad y destacar la valentía de Vanessa Castro, quien ha sido blanco de amenazas y ataques por defender su postura. Parece que este caso se ha convertido en un verdadero termómetro político, donde cada partido busca posicionarse y capitalizar la situación. ¡Qué vaina!
En fin, la cosa está calientísima y parece que todavía falta mucho por verse. La votación de hoy será crucial para definir el futuro político de nuestro país. Ahora bien, pensando en todo esto, ¿ustedes creen que estas denuncias de presiones son prueba de una estrategia sistemática del gobierno para manipular a los diputados, o simplemente ruido político previo a una importante decisión? ¿Deberían las autoridades investigar a fondo estas acusaciones para garantizar la transparencia del proceso democrático?
