¡Ay, Dios mío, qué torta se armó en la CCSS!
Parece que el asunto del nombramiento de Mónica Taylor como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha terminado. Ahora, la Contraloría General de la República (CGR) está analizando una denuncia que le llegó desde la propia Auditoría Interna de la CCSS. Esto, después de que la ANEP echara humo por el asunto, alegando que Taylor tiene un pie todavía en Hacienda, lo cual, según la ley, la deja fuera de juego para estar en la Junta Directiva de la Caja. ¡Un verdadero brete!
Según nos cuentan los bruces en la CGR, el proceso está en fase de adminisibilidad, lo que significa que están revisando si realmente vale la pena investigar a fondo. La Auditoría hizo todo lo posible para pasarle la bola a la Contraloría, presentando pruebas y documentos, pero ahora les toca a los contralores decidir si abren expediente o no. A ver quién sale ileso de esto, porque huele a guachapalabra.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) fue quien puso el palito en la rueda, argumentando que Taylor no debería estar en la CCSS mientras sigue laborando en el Ministerio de Hacienda. Una prohibición bien clara establecida en la Ley Constitutiva de la institución, ¿eh? Parece que alguien se olvidó de leerla, o peor aún, decidió ignorarla. ¡Qué sal!
Para confirmar sus sospechas, la ANEP recibió un oficio de la Auditoría Interna, al que CR Hoy tuvo acceso, confirmando que sí habían remitido la denuncia a la Contraloría. En el documento, la Auditoría explica que hicieron las gestiones necesarias y presentaron el caso, pero dejan claro que no están dando su opinión definitiva sobre si el nombramiento es legal o no. Eso, obviamente, le compete a la Contraloría. Además, solicitaron a la Procuraduría General de la República un criterio jurídico sobre cómo interpretar algunos artículos clave de la ley de la CCSS – ¡pura movida!
Recordemos que Taylor fue nombrada por el Consejo de Gobierno el 8 de enero de 2025 y antes de llegar a la CCSS, era asesora de nuestro querido Presidente Rodrigo Chaves. No es ningún secreto que ambos tienen una relación cercana, así que este caso pinta para ser más complicado de lo que parece. Algunos dicen que hay intereses muy fuertes detrás de esto, otros simplemente creen que hubo un descuido. Lo cierto es que la polémica no da señales de querer apagarse.
Pero eso no es todo. El sindicato Undeca también denunció el nombramiento ante la Procuraduría de la Ética Pública el pasado junio, acusando al Consejo de Gobierno de ignorar la prohibición mencionada anteriormente. Según el sindicato, se ha violado el principio de probidad, consagrado en la Ley contra la Corrupción, y exigen que se verifique la legalidad del nombramiento y que, de confirmarse la irregularidad, se apliquen las sanciones correspondientes. La Procuraduría, como buen chunche, se lavó las manos diciendo que no pueden comentar sobre investigaciones preliminares. ¡Quédiay!
En fin, este caso promete darle mucho que hablar a los ticos. El tiempo dirá si la Contraloría encuentra algo turbio o si todo se trata de una simple equivocación administrativa. Pero una cosa es segura: este es un recordatorio de que la transparencia y el respeto a la ley son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Y hablando de eso... ¿creen ustedes que la Contraloría va a encontrar algo concreto o este caso se va a ir al traste como tantos otros?
Parece que el asunto del nombramiento de Mónica Taylor como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha terminado. Ahora, la Contraloría General de la República (CGR) está analizando una denuncia que le llegó desde la propia Auditoría Interna de la CCSS. Esto, después de que la ANEP echara humo por el asunto, alegando que Taylor tiene un pie todavía en Hacienda, lo cual, según la ley, la deja fuera de juego para estar en la Junta Directiva de la Caja. ¡Un verdadero brete!
Según nos cuentan los bruces en la CGR, el proceso está en fase de adminisibilidad, lo que significa que están revisando si realmente vale la pena investigar a fondo. La Auditoría hizo todo lo posible para pasarle la bola a la Contraloría, presentando pruebas y documentos, pero ahora les toca a los contralores decidir si abren expediente o no. A ver quién sale ileso de esto, porque huele a guachapalabra.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) fue quien puso el palito en la rueda, argumentando que Taylor no debería estar en la CCSS mientras sigue laborando en el Ministerio de Hacienda. Una prohibición bien clara establecida en la Ley Constitutiva de la institución, ¿eh? Parece que alguien se olvidó de leerla, o peor aún, decidió ignorarla. ¡Qué sal!
Para confirmar sus sospechas, la ANEP recibió un oficio de la Auditoría Interna, al que CR Hoy tuvo acceso, confirmando que sí habían remitido la denuncia a la Contraloría. En el documento, la Auditoría explica que hicieron las gestiones necesarias y presentaron el caso, pero dejan claro que no están dando su opinión definitiva sobre si el nombramiento es legal o no. Eso, obviamente, le compete a la Contraloría. Además, solicitaron a la Procuraduría General de la República un criterio jurídico sobre cómo interpretar algunos artículos clave de la ley de la CCSS – ¡pura movida!
Recordemos que Taylor fue nombrada por el Consejo de Gobierno el 8 de enero de 2025 y antes de llegar a la CCSS, era asesora de nuestro querido Presidente Rodrigo Chaves. No es ningún secreto que ambos tienen una relación cercana, así que este caso pinta para ser más complicado de lo que parece. Algunos dicen que hay intereses muy fuertes detrás de esto, otros simplemente creen que hubo un descuido. Lo cierto es que la polémica no da señales de querer apagarse.
Pero eso no es todo. El sindicato Undeca también denunció el nombramiento ante la Procuraduría de la Ética Pública el pasado junio, acusando al Consejo de Gobierno de ignorar la prohibición mencionada anteriormente. Según el sindicato, se ha violado el principio de probidad, consagrado en la Ley contra la Corrupción, y exigen que se verifique la legalidad del nombramiento y que, de confirmarse la irregularidad, se apliquen las sanciones correspondientes. La Procuraduría, como buen chunche, se lavó las manos diciendo que no pueden comentar sobre investigaciones preliminares. ¡Quédiay!
En fin, este caso promete darle mucho que hablar a los ticos. El tiempo dirá si la Contraloría encuentra algo turbio o si todo se trata de una simple equivocación administrativa. Pero una cosa es segura: este es un recordatorio de que la transparencia y el respeto a la ley son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Y hablando de eso... ¿creen ustedes que la Contraloría va a encontrar algo concreto o este caso se va a ir al traste como tantos otros?
