¡Ay, Dios mío! Resulta que el Centro Nacional de Educación Helen Keller, ese lugar donde le dan duro a los muchachos y muchachas que necesitan un empujoncito extra, casi se va al traste por un brete administrativo. La Sala Constitucional, esos señores que siempre tienen la última palabra, mandó al MEP a devolverle el dinero que le quitaron el año pasado. Una torta, vamos.
Para ponerlos al tanto, la movida comenzó porque el gobierno recortó el presupuesto del centro alegando que habían acumulado un superávit durante los años 2020, 2021 y 2022. Dicen que tenían que liquidarlo antes de recibir más plata. ¡Imagínate! Como si esos fondos no fueran para ayudar a chavos con discapacidades visuales y sordoceguera. Unas ganas de salar la piel, de verdad.
Y claro, esto afectó a unos 180 estudiantes. Se quedaron sin servicios, talleres, todo. El ministerio, tratando de tapar el sol con la mano, dijo que estaban haciendo gestiones para cubrir las necesidades del centro con otros programas. Pero eso no convenció a la Sala, que les puso hielo en las venas y les recordó que la educación inclusiva es un derecho, diay.
Ahora, la sentencia n.º 2025-019649 dice clarito que el MEP tiene que garantizar esa educación adaptada. Hay que implementar medidas ya, como dicen ahí arriba. Los siete docentes van a tener que esforzarse al máximo para atender a todos los estudiantes, organizar talleres de orientación y movilidad, e incluso pedir que les contraten más gente. ¡Qué nivel de compromiso!
Pero aquí viene la parte interesante. Para que todo esto funcione, el MEP necesita una modificación presupuestaria que todavía tiene que pasar por Hacienda. Y eso, mis queridos lectores, puede tomarse dos o tres meses. ¿Dos o tres meses? ¡Eso es una eternidad para un estudiante que necesita ayuda urgentemente! Parece que la vara está alta, mi clave.
Han empezado a mover algunos hilos, sí señor. Han destinado unos ¢40 millones para viáticos y otros ¢16 millones para transporte, pero todo esto queda pendiente de la aprobación de Hacienda. Están manejándolo ahora en subpartidas separadas, supuestamente para evitar que se vayan al olvido. Esperemos que así sea y no terminen siendo otro chunche perdido en el papeleo.
Mientras tanto, la Dirección de Desarrollo Curricular estará echándoles ojo para asegurarse de que cumplen con lo que ordenó la Sala. La administración del centro tendrá la responsabilidad directa de hacer que todo salga adelante. Veremos qué tal le hacen, porque este caso tiene potencial para convertirse en un verdadero cargamento de problemas si no se maneja bien.
En fin, parece que el Centro Helen Keller logró sacar la cara y ganar esta batalla legal, pero la verdadera prueba será ver si el MEP cumple con lo ordenado a tiempo. Con toda esta burocracia y trámites, ¿creen ustedes que el MEP logrará reestablecer los servicios educativos para estos estudiantes antes de que termine el año? ¡Díganme qué piensan en los comentarios!
Para ponerlos al tanto, la movida comenzó porque el gobierno recortó el presupuesto del centro alegando que habían acumulado un superávit durante los años 2020, 2021 y 2022. Dicen que tenían que liquidarlo antes de recibir más plata. ¡Imagínate! Como si esos fondos no fueran para ayudar a chavos con discapacidades visuales y sordoceguera. Unas ganas de salar la piel, de verdad.
Y claro, esto afectó a unos 180 estudiantes. Se quedaron sin servicios, talleres, todo. El ministerio, tratando de tapar el sol con la mano, dijo que estaban haciendo gestiones para cubrir las necesidades del centro con otros programas. Pero eso no convenció a la Sala, que les puso hielo en las venas y les recordó que la educación inclusiva es un derecho, diay.
Ahora, la sentencia n.º 2025-019649 dice clarito que el MEP tiene que garantizar esa educación adaptada. Hay que implementar medidas ya, como dicen ahí arriba. Los siete docentes van a tener que esforzarse al máximo para atender a todos los estudiantes, organizar talleres de orientación y movilidad, e incluso pedir que les contraten más gente. ¡Qué nivel de compromiso!
Pero aquí viene la parte interesante. Para que todo esto funcione, el MEP necesita una modificación presupuestaria que todavía tiene que pasar por Hacienda. Y eso, mis queridos lectores, puede tomarse dos o tres meses. ¿Dos o tres meses? ¡Eso es una eternidad para un estudiante que necesita ayuda urgentemente! Parece que la vara está alta, mi clave.
Han empezado a mover algunos hilos, sí señor. Han destinado unos ¢40 millones para viáticos y otros ¢16 millones para transporte, pero todo esto queda pendiente de la aprobación de Hacienda. Están manejándolo ahora en subpartidas separadas, supuestamente para evitar que se vayan al olvido. Esperemos que así sea y no terminen siendo otro chunche perdido en el papeleo.
Mientras tanto, la Dirección de Desarrollo Curricular estará echándoles ojo para asegurarse de que cumplen con lo que ordenó la Sala. La administración del centro tendrá la responsabilidad directa de hacer que todo salga adelante. Veremos qué tal le hacen, porque este caso tiene potencial para convertirse en un verdadero cargamento de problemas si no se maneja bien.
En fin, parece que el Centro Helen Keller logró sacar la cara y ganar esta batalla legal, pero la verdadera prueba será ver si el MEP cumple con lo ordenado a tiempo. Con toda esta burocracia y trámites, ¿creen ustedes que el MEP logrará reestablecer los servicios educativos para estos estudiantes antes de que termine el año? ¡Díganme qué piensan en los comentarios!
