¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con la bronca de la corrupción. Resulta que la Fiscalía anda reventando cocos con una investigación que involucra a mandamases de Racsa y empresas que se hicieron de oro con contratos del gobierno. Esto huele feísimo, mi gente, y ya todos los gallitos andamos picoteando la información esperando ver qué sale.
Al parecer, la jugada es la siguiente: la Fiscalía Adjunta de Probidad está revisando si unos jeferazos de Racsa se juntaban en hoteles de playa con los dueños de las empresas que se llevaron la bolsa en contratos del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Como si fuera juego de niños, ¿eh?
Lo más cabrón es que, según la denuncia, Racsa, siendo una empresa estatal, hacía de intermediaria en esos procesos, pero sin tener ni la menor idea de cómo ejecutar los contratos. Así que, ¿adivinen qué hacían? Se los pasaban a otras empresas, que sí tenían pinta de hacer el trabajo, pero que se embolsaron millones de colones. Un despropósito, diay.
Y esto no es algo que haya empezado ayer, no. Dicen que la administración Chaves ha hecho de eso una especie de deporte nacional. “Acostumbrado” a coludirse para enriquecer a sus amigos, dicen los documentos de la denuncia. Ya saben cómo es, “el gobierno aprovechando la facultad de contratación pública para movilizar miles de millones entre empresas elegidas a dedo”. ¡Qué nivel de atrevimiento!
Se abrieron dos causas penales, 23-035050-0042-PE y 25-000328-1218-PE, investigando cargos como incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecios irregulares e influencia indebida. Los imputados, como si fueran personajes de novela, incluyen al gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, a la directora jurídica, Ileana Rodríguez, y a otros empresarios como Igor de Oliveira Roquim y André Bermúdez. Parece sacado de un libro de mafias, literal.
Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, las reuniones no eran solo en hoteles lujosos, ¡también en despachos de altos funcionarios! Y para rematar, hay rumores de conexiones familiares y amistades muy cercanas entre los funcionarios públicos y los empresarios beneficiados. ¡Qué sal, mi pana! Parece que algunos van directo a Villa Calletas a buscarse un buen viaje pagado por nosotros.
En uno de los casos, el contrato de tobilleras electrónicas para el MJP terminó costando $2.3 millones más de lo debido. En otro, las estaciones de pesaje del Conavi, manejadas por SGSV a través de Racsa, parecen otra estafa a gran escala. Una vara parece que nunca acaba en este país, un chunche tras otro salen a la luz. La respuesta de Racsa fue de esas cortitas: “No hemos recibido notificación alguna”. El clásico ‘no sabemos nada, majé’…
Ahora me pregunto: ¿Esto es simplemente un caso de mala planificación y decisiones cuestionables, o estamos frente a una red de corrupción bien aceitada que involucra a figuras poderosas? ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente? Compartan sus ideas en los comentarios, porque este tema necesita de toda nuestra atención y crítica constructiva.
Al parecer, la jugada es la siguiente: la Fiscalía Adjunta de Probidad está revisando si unos jeferazos de Racsa se juntaban en hoteles de playa con los dueños de las empresas que se llevaron la bolsa en contratos del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Como si fuera juego de niños, ¿eh?
Lo más cabrón es que, según la denuncia, Racsa, siendo una empresa estatal, hacía de intermediaria en esos procesos, pero sin tener ni la menor idea de cómo ejecutar los contratos. Así que, ¿adivinen qué hacían? Se los pasaban a otras empresas, que sí tenían pinta de hacer el trabajo, pero que se embolsaron millones de colones. Un despropósito, diay.
Y esto no es algo que haya empezado ayer, no. Dicen que la administración Chaves ha hecho de eso una especie de deporte nacional. “Acostumbrado” a coludirse para enriquecer a sus amigos, dicen los documentos de la denuncia. Ya saben cómo es, “el gobierno aprovechando la facultad de contratación pública para movilizar miles de millones entre empresas elegidas a dedo”. ¡Qué nivel de atrevimiento!
Se abrieron dos causas penales, 23-035050-0042-PE y 25-000328-1218-PE, investigando cargos como incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecios irregulares e influencia indebida. Los imputados, como si fueran personajes de novela, incluyen al gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, a la directora jurídica, Ileana Rodríguez, y a otros empresarios como Igor de Oliveira Roquim y André Bermúdez. Parece sacado de un libro de mafias, literal.
Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, las reuniones no eran solo en hoteles lujosos, ¡también en despachos de altos funcionarios! Y para rematar, hay rumores de conexiones familiares y amistades muy cercanas entre los funcionarios públicos y los empresarios beneficiados. ¡Qué sal, mi pana! Parece que algunos van directo a Villa Calletas a buscarse un buen viaje pagado por nosotros.
En uno de los casos, el contrato de tobilleras electrónicas para el MJP terminó costando $2.3 millones más de lo debido. En otro, las estaciones de pesaje del Conavi, manejadas por SGSV a través de Racsa, parecen otra estafa a gran escala. Una vara parece que nunca acaba en este país, un chunche tras otro salen a la luz. La respuesta de Racsa fue de esas cortitas: “No hemos recibido notificación alguna”. El clásico ‘no sabemos nada, majé’…
Ahora me pregunto: ¿Esto es simplemente un caso de mala planificación y decisiones cuestionables, o estamos frente a una red de corrupción bien aceitada que involucra a figuras poderosas? ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente? Compartan sus ideas en los comentarios, porque este tema necesita de toda nuestra atención y crítica constructiva.
