¡Ay, Dios mío! La Fiscalía va echándole ganas, pero parece que la lucha contra las relaciones impropias en nuestro país sigue siendo un brete considerable. Según los últimos datos del Poder Judicial, ya son 228 personas las que han recibido sentencia de cárcel por este delito desde que se endurecieron las leyes en 2017. Una cifra que, aunque nos hace pensar que algo estamos haciendo bien, también nos levanta una ceja porque sigue habiendo mucho que hacer.
Pa’ ponerlos en clima, el artículo 159 del Código Penal tipifica esto como delito si hay una relación consentida entre alguien menor de edad y un adulto, argumentando que esas conexiones son desiguales y pueden llevar al abuso. Hay tres escenarios diferentes dependiendo de la edad y la relación previa entre los involucrados, y las penas van variando bastante según la complejidad del caso. Lo más común que vemos son condenas por el inciso 1, donde hay una diferencia de cinco años o más entre la víctima (entre 13 y 15 años) y el responsable. Ahí ya vamos por unos 162 casos, ¡una barbaridad!
Pero la abogada Larissa Arroyo, experta en temas de género, nos echa otra onda: dice que todavía tenemos un problema cultural importante. Que hay gente que todavía cree que estas relaciones no son tan graves, ¡y eso sí que da qué pensar! Ella explica que mucha gente minimiza la desigualdad inherente a estas situaciones y que además, lamentablemente, muchos casos nunca se denuncian, por el estigma social y por miedo a enfrentar un juicio largo y complicado. A veces, incluso, hay estereotipos sobre las víctimas que dificultan aún más que se haga justicia.
Y no es solo presentar la denuncia, señores. La víctima tiene que sostenerla durante años, soportando presiones de la familia y de la sociedad. Imagínense el desgaste emocional que eso le puede causar a un joven o una joven. Por eso, Arroyo insiste en que los profesionales que manejan estos casos necesitan estar bien capacitados y tener sensibilidad ante la problemática. Porque esto no es simplemente un tema legal; es un asunto humano que requiere un trato especial.
Ahora bien, si la víctima tiene 12 años o menos, ya hablamos de violación, un delito totalmente diferente. En cuanto a las cifras de denuncias, pasamos de 2.020 en 2017 a casi cuatro mil en 2019, para luego bajar un poco. Pero ojo, que de ahí a 2020 hubo 35 absoluciones en juicios, ¡y eso tampoco pinta lindo! El abogado penalista Joseph Rivera nos cuenta que estos procesos suelen enfrentar muchísimas trabas desde el principio. Dice que alrededor de ocho de cada diez casos terminan siendo desestimados.
Según Rivera, los adultos involucrados a menudo manipulan a los menores para que cambien de opinión en medio del proceso judicial, creando una situación muy difícil. La reforma al Código Penal endureció las penas precisamente porque reconocieron que estos delitos ponen en grave peligro la integridad de nuestros niños y adolescentes. Aunque la mayoría de los acusados son hombres, las estadísticas muestran que la mayoría de las víctimas son mujeres, lo que refuerza la idea de que estamos hablando de un problema de poder y vulnerabilidad.
Lo curioso es que, a pesar de todos estos esfuerzos y reformas, gran parte de los casos no llegan a buen término. Parece que todavía hay barreras significativas para garantizar la justicia en estos asuntos. Se necesita más conciencia, más apoyo a las víctimas y una actuación más efectiva por parte de las autoridades judiciales. De nada sirve tener leyes duras si no se aplican correctamente y si la cultura social no cambia para apoyar a quienes denuncian.
En fin, toda esta información nos deja reflexionando… ¿Será suficiente con criminalizar las relaciones impropias para erradicar este flagelo de nuestra sociedad, o necesitamos enfocarnos más en la educación preventiva y en el cambio de mentalidades arraigadas? ¡Díganme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan ustedes!
Pa’ ponerlos en clima, el artículo 159 del Código Penal tipifica esto como delito si hay una relación consentida entre alguien menor de edad y un adulto, argumentando que esas conexiones son desiguales y pueden llevar al abuso. Hay tres escenarios diferentes dependiendo de la edad y la relación previa entre los involucrados, y las penas van variando bastante según la complejidad del caso. Lo más común que vemos son condenas por el inciso 1, donde hay una diferencia de cinco años o más entre la víctima (entre 13 y 15 años) y el responsable. Ahí ya vamos por unos 162 casos, ¡una barbaridad!
Pero la abogada Larissa Arroyo, experta en temas de género, nos echa otra onda: dice que todavía tenemos un problema cultural importante. Que hay gente que todavía cree que estas relaciones no son tan graves, ¡y eso sí que da qué pensar! Ella explica que mucha gente minimiza la desigualdad inherente a estas situaciones y que además, lamentablemente, muchos casos nunca se denuncian, por el estigma social y por miedo a enfrentar un juicio largo y complicado. A veces, incluso, hay estereotipos sobre las víctimas que dificultan aún más que se haga justicia.
Y no es solo presentar la denuncia, señores. La víctima tiene que sostenerla durante años, soportando presiones de la familia y de la sociedad. Imagínense el desgaste emocional que eso le puede causar a un joven o una joven. Por eso, Arroyo insiste en que los profesionales que manejan estos casos necesitan estar bien capacitados y tener sensibilidad ante la problemática. Porque esto no es simplemente un tema legal; es un asunto humano que requiere un trato especial.
Ahora bien, si la víctima tiene 12 años o menos, ya hablamos de violación, un delito totalmente diferente. En cuanto a las cifras de denuncias, pasamos de 2.020 en 2017 a casi cuatro mil en 2019, para luego bajar un poco. Pero ojo, que de ahí a 2020 hubo 35 absoluciones en juicios, ¡y eso tampoco pinta lindo! El abogado penalista Joseph Rivera nos cuenta que estos procesos suelen enfrentar muchísimas trabas desde el principio. Dice que alrededor de ocho de cada diez casos terminan siendo desestimados.
Según Rivera, los adultos involucrados a menudo manipulan a los menores para que cambien de opinión en medio del proceso judicial, creando una situación muy difícil. La reforma al Código Penal endureció las penas precisamente porque reconocieron que estos delitos ponen en grave peligro la integridad de nuestros niños y adolescentes. Aunque la mayoría de los acusados son hombres, las estadísticas muestran que la mayoría de las víctimas son mujeres, lo que refuerza la idea de que estamos hablando de un problema de poder y vulnerabilidad.
Lo curioso es que, a pesar de todos estos esfuerzos y reformas, gran parte de los casos no llegan a buen término. Parece que todavía hay barreras significativas para garantizar la justicia en estos asuntos. Se necesita más conciencia, más apoyo a las víctimas y una actuación más efectiva por parte de las autoridades judiciales. De nada sirve tener leyes duras si no se aplican correctamente y si la cultura social no cambia para apoyar a quienes denuncian.
En fin, toda esta información nos deja reflexionando… ¿Será suficiente con criminalizar las relaciones impropias para erradicar este flagelo de nuestra sociedad, o necesitamos enfocarnos más en la educación preventiva y en el cambio de mentalidades arraigadas? ¡Díganme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan ustedes!
