¡Aguante, pura vida! Después de un trajín que pa' cuenta va, finalmente 42 diputados le dieron luz verde a la Ley contra el Sicariato. Ya saben, la que pretende ponerle candado a esos tipos que contratan asesinos a sueldo. Se hablaba mucho del tema, y ahora sí, parece que vamos por el camino correcto para frenar esta onda tan oscura que nos afecta.
Como les cuento, el proyecto venía arrastrando desde hace meses, con idas y vueltas, consultas y mil modificaciones. Empezó como una promesa del diputado David Segura, de Nueva República, y tuvo que sortear hasta una consulta a la Sala Constitucional que, bueno, al final no prosperó porque dijeron que las preguntas no estaban claritas. Pero mira vos, al final la abuelita hizo agua y lograron aprobarla en dos debates, demostrando que, aunque lento, el sistema a veces funciona.
Y no es pa’ bromear, las penas son contundentes: hasta 40 años de prisión para quien mande matar y entre 3 y 5 años para el que contrata al sicario. Esto busca mandar el mensaje claro: en Costa Rica no se juega con la vida de las personas. Además, si te dedicas a ofrecer estos servicios, ahí te van otros 3 a 5 años pa' reflexionar detrás de los barrotes. Me imagino que hay algunos 'mae' que están sudando frío con esta noticia, diay.
Pero no todo fue risas y flores en el debate, eh. El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sacó a relucir que el Gobierno, con don Rodri Chaves a la cabeza, no quiere invertir 8 billones en el Poder Judicial para reforzar la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Y remató diciendo que el Presidente alguna vez llamó a los investigadores del OIJ “animales ponzoñosos”. ¡Qué vareta! Uno se queda pensando qué intereses hay detrás de tanto atropello a las instituciones.
Gloria Navas, también diputada, sí estuvo a favor de apurar el caso, pero le preocupa que esta ley pueda generar doble negación de justicia, porque, según ella, el delito ya estaba contemplado en el Código Penal. Obviamente, está a favor de combatir la inseguridad, pero también quiere evitar que se armen líos legales después. Una preocupación válida, ¿no creen?
Rocío Alfaro Molina, jefe de fracción del Frente Amplio, puso el dedo en la llaga, señalando las contradicciones del Gobierno. Acusó al Congreso de romper el quórum, pero luego salió a decir que el mismo Poder Ejecutivo bloqueó la agenda con el tema de las jornadas 4x3. ¿Quién anda jugando con nosotros, mae? Parece novela de teleserie, honestamente. Entre cuórums rotos y proyectos bloqueados, la ciudadanía terminamos viendo el circo.
El texto de la ley es bastante específico. Adiciona artículos al Código Penal para tipificar el homicidio por sicariato (pena de 20 a 40 años) y la oferta pública de servicios de sicariato (pena de 3 a 5 años). También, va duro con aquellos que ofrecen preparación o entrenamiento para cometer estos crímenes. Ahora, esto pasa al Poder Ejecutivo para que le dé su visto bueno y se convierta oficialmente en ley de la República. Esperemos que don Rodri no le haga ningún tipo de 'guerra' a esta iniciativa importante.
En fin, parece que estamos dando pasos firmes para combatir el sicariato en nuestro país. Sin embargo, me pregunto: ¿Será suficiente esta ley para erradicar este flagelo, o necesitamos abordar también las causas profundas que llevan a alguien a contratar un sicario? ¿Creen que el gobierno realmente invertirá en fortalecer nuestras instituciones para hacer cumplir esta ley y otras medidas contra el crimen organizado? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
Como les cuento, el proyecto venía arrastrando desde hace meses, con idas y vueltas, consultas y mil modificaciones. Empezó como una promesa del diputado David Segura, de Nueva República, y tuvo que sortear hasta una consulta a la Sala Constitucional que, bueno, al final no prosperó porque dijeron que las preguntas no estaban claritas. Pero mira vos, al final la abuelita hizo agua y lograron aprobarla en dos debates, demostrando que, aunque lento, el sistema a veces funciona.
Y no es pa’ bromear, las penas son contundentes: hasta 40 años de prisión para quien mande matar y entre 3 y 5 años para el que contrata al sicario. Esto busca mandar el mensaje claro: en Costa Rica no se juega con la vida de las personas. Además, si te dedicas a ofrecer estos servicios, ahí te van otros 3 a 5 años pa' reflexionar detrás de los barrotes. Me imagino que hay algunos 'mae' que están sudando frío con esta noticia, diay.
Pero no todo fue risas y flores en el debate, eh. El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sacó a relucir que el Gobierno, con don Rodri Chaves a la cabeza, no quiere invertir 8 billones en el Poder Judicial para reforzar la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Y remató diciendo que el Presidente alguna vez llamó a los investigadores del OIJ “animales ponzoñosos”. ¡Qué vareta! Uno se queda pensando qué intereses hay detrás de tanto atropello a las instituciones.
Gloria Navas, también diputada, sí estuvo a favor de apurar el caso, pero le preocupa que esta ley pueda generar doble negación de justicia, porque, según ella, el delito ya estaba contemplado en el Código Penal. Obviamente, está a favor de combatir la inseguridad, pero también quiere evitar que se armen líos legales después. Una preocupación válida, ¿no creen?
Rocío Alfaro Molina, jefe de fracción del Frente Amplio, puso el dedo en la llaga, señalando las contradicciones del Gobierno. Acusó al Congreso de romper el quórum, pero luego salió a decir que el mismo Poder Ejecutivo bloqueó la agenda con el tema de las jornadas 4x3. ¿Quién anda jugando con nosotros, mae? Parece novela de teleserie, honestamente. Entre cuórums rotos y proyectos bloqueados, la ciudadanía terminamos viendo el circo.
El texto de la ley es bastante específico. Adiciona artículos al Código Penal para tipificar el homicidio por sicariato (pena de 20 a 40 años) y la oferta pública de servicios de sicariato (pena de 3 a 5 años). También, va duro con aquellos que ofrecen preparación o entrenamiento para cometer estos crímenes. Ahora, esto pasa al Poder Ejecutivo para que le dé su visto bueno y se convierta oficialmente en ley de la República. Esperemos que don Rodri no le haga ningún tipo de 'guerra' a esta iniciativa importante.
En fin, parece que estamos dando pasos firmes para combatir el sicariato en nuestro país. Sin embargo, me pregunto: ¿Será suficiente esta ley para erradicar este flagelo, o necesitamos abordar también las causas profundas que llevan a alguien a contratar un sicario? ¿Creen que el gobierno realmente invertirá en fortalecer nuestras instituciones para hacer cumplir esta ley y otras medidas contra el crimen organizado? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
