¡Ay, pata! Acá estamos viendo cómo la Contralora General, Marta Acosta, encendió las alarmas en el Foro. Parece que le preocupa a montón cómo anda la plata del país, y no le gusta nada que las zonas francas se estén llevando un buen pedazo del pastel sin aportar mucho, según ella. Esto pinta pa’ un debate interesante, porque las zonas francas son vitales para la economía tica.
Acosta, quien siempre va al grano, soltó la bomba durante una presentación en la Comisión de Hacienda del Congreso: “No es posible que empresas se perpetúen ahí (en el régimen de Zonas Francas) y que nadie revise”. Lo dice así, directito, como nos gustan acá. La preocupación central es que la recaudación fiscal no está creciendo al mismo ritmo que la economía, y eso afecta directamente la inversión en cosas importantes como educación, salud y seguridad, lo cual es una verdadera torta.
Según los últimos datos, tenemos un déficit de ¢139 mil millones en las arcas del Estado. ¡Imagínate qué se podría hacer con esa lana! Podríamos mejorar las escuelas, equipar los hospitales, poner más patrulleros en las calles... Pero parece que gran parte de esos recursos se están escapando debido a los beneficios fiscales que disfrutan las zonas francas. Ahí radica la bronca, diay.
Ahora, no todo es tan blanco y negro. Los números también cuentan otra historia. El crecimiento económico del país, un impresionante 4.8% interanual, se atribuye en gran medida al dinamismo de las zonas francas. De hecho, su producción aumentó un 18.1%, impulsando significativamente el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). Daniel Suchar, el economista famoso, comentó que amanecimos con buenas noticias, gracias a la recuperación veloz de este sector.
Pero ojo, que el resto de la economía no se queda atrás, aunque a un ritmo más pausado, de apenas 2.8%. Eso indica que hay una tendencia general de mejora, pero la disparidad entre ambos sectores es evidente. El verdadero brete está en encontrar un equilibrio que permita seguir aprovechando los beneficios de las zonas francas sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. Jalarse una torta sería acabar con el poco crecimiento que hemos logrado.
Lo que plantea Acosta no es cerrar las zonas francas ni abolir los incentivos fiscales de golpe. Más bien, propone una revisión exhaustiva para determinar si estos beneficios siguen siendo necesarios y justificados. Preguntándose si ya cumplieron su cometido inicial de impulsar el desarrollo industrial y generar empleo, o si ahora es momento de priorizar otros sectores económicos. Hay que evaluar si todavía vale la pena la exoneración, chunche.
Algunos expertos argumentan que las zonas francas han sido fundamentales para atraer inversión extranjera y crear empleos, especialmente en áreas rurales donde las oportunidades laborales son limitadas. Otros señalan que los beneficios fiscales excesivos pueden generar distorsiones en la economía y reducir la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Qué carga discutir esto, porque cada uno tiene sus argumentos y razones de peso, diay.
En fin, la propuesta de Marta Acosta ha abierto un debate crucial sobre el futuro de las zonas francas en Costa Rica. ¿Será posible reformular los incentivos fiscales de manera que se maximicen los beneficios para el país y se minimicen los costos para las arcas públicas? ¿Deberíamos replantearnos la forma en que incentivamos el desarrollo económico, buscando alternativas que sean más equitativas y sostenibles? ¿Ustedes, compas del Foro, creen que la Contralora va por buen camino o se está jalando una torta con esta idea?
Acosta, quien siempre va al grano, soltó la bomba durante una presentación en la Comisión de Hacienda del Congreso: “No es posible que empresas se perpetúen ahí (en el régimen de Zonas Francas) y que nadie revise”. Lo dice así, directito, como nos gustan acá. La preocupación central es que la recaudación fiscal no está creciendo al mismo ritmo que la economía, y eso afecta directamente la inversión en cosas importantes como educación, salud y seguridad, lo cual es una verdadera torta.
Según los últimos datos, tenemos un déficit de ¢139 mil millones en las arcas del Estado. ¡Imagínate qué se podría hacer con esa lana! Podríamos mejorar las escuelas, equipar los hospitales, poner más patrulleros en las calles... Pero parece que gran parte de esos recursos se están escapando debido a los beneficios fiscales que disfrutan las zonas francas. Ahí radica la bronca, diay.
Ahora, no todo es tan blanco y negro. Los números también cuentan otra historia. El crecimiento económico del país, un impresionante 4.8% interanual, se atribuye en gran medida al dinamismo de las zonas francas. De hecho, su producción aumentó un 18.1%, impulsando significativamente el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). Daniel Suchar, el economista famoso, comentó que amanecimos con buenas noticias, gracias a la recuperación veloz de este sector.
Pero ojo, que el resto de la economía no se queda atrás, aunque a un ritmo más pausado, de apenas 2.8%. Eso indica que hay una tendencia general de mejora, pero la disparidad entre ambos sectores es evidente. El verdadero brete está en encontrar un equilibrio que permita seguir aprovechando los beneficios de las zonas francas sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. Jalarse una torta sería acabar con el poco crecimiento que hemos logrado.
Lo que plantea Acosta no es cerrar las zonas francas ni abolir los incentivos fiscales de golpe. Más bien, propone una revisión exhaustiva para determinar si estos beneficios siguen siendo necesarios y justificados. Preguntándose si ya cumplieron su cometido inicial de impulsar el desarrollo industrial y generar empleo, o si ahora es momento de priorizar otros sectores económicos. Hay que evaluar si todavía vale la pena la exoneración, chunche.
Algunos expertos argumentan que las zonas francas han sido fundamentales para atraer inversión extranjera y crear empleos, especialmente en áreas rurales donde las oportunidades laborales son limitadas. Otros señalan que los beneficios fiscales excesivos pueden generar distorsiones en la economía y reducir la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Qué carga discutir esto, porque cada uno tiene sus argumentos y razones de peso, diay.
En fin, la propuesta de Marta Acosta ha abierto un debate crucial sobre el futuro de las zonas francas en Costa Rica. ¿Será posible reformular los incentivos fiscales de manera que se maximicen los beneficios para el país y se minimicen los costos para las arcas públicas? ¿Deberíamos replantearnos la forma en que incentivamos el desarrollo económico, buscando alternativas que sean más equitativas y sostenibles? ¿Ustedes, compas del Foro, creen que la Contralora va por buen camino o se está jalando una torta con esta idea?
