Washington, D.C.- La oposición a la construcción del Centro Park 51, una mezquita planeada cerca del sitio donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas en Nueva York, exhibe diversos pelajes. Para honra de ellos, muchos adversarios del plan han evitado la vulgar xenofobia que ha devenido un rasgo central de la retórica de la derecha norteamericana. Sin embargo, aun los críticos moderados de la mezquita denotan en sus argumentos dos suposiciones tan cuestionables como arraigadas en el discurso político predominante en los Estados Unidos.
La primera de ellas es la subestimación de la intolerancia social como amenaza a la libertad. Quienes se oponen al templo, aceptan el impecable sustento legal del proyecto. Pese a ello, exigen su traslado señalando que aún una conducta rigurosamente legal puede resultar ofensiva para un grupo de ciudadanos. Me temo que esta es una ruta escabrosa para cualquier sociedad liberal.
Hace más de 150 años, en su Ensayo sobre la libertad, John Stuart Mill desbarató la noción de que el Estado y la ley son las únicas fuentes de coerción y que la lucha por la libertad individual es, exclusivamente, un enfrentamiento sin cuartel frente al poder estatal. Esta idea es moneda de curso común entre los grupos más conservadores de los EE. UU y, en particular, entre la delirante cofradía del Tea Party Movement, con Sarah Palin al frente. Sin embargo, como lo puede confirmar cualquier miembro de una comunidad históricamente perseguida –desde los gais hasta los judíos y los gitanos–, la intolerancia social puede coartar el ejercicio de los derechos fundamentales tanto como cualquier instrumento legal. A manera de ejemplo, quizá sea suficiente recordar aquí que hasta el momento en que la Corte Suprema de EE. UU. anuló las restricciones a los matrimonios interraciales en este país, en 1967, las parejas interraciales eran virtualmente desconocidas aun en los estados que legalmente las permitían. La razón de ello era muy sencilla: una mayoría las consideraba ofensivas y, en consecuencia, demandaba de esas parejas lo mismo que hoy se les exige a los musulmanes de Manhattan: respeto a las sensibilidades ajenas. En esas comarcas, existía una prohibición bajo otro nombre.
En un Estado de derecho, como los EE. UU., resulta tan injusto como deshonesto otorgar protección legal a un derecho –en este caso el de practicar nuestras convicciones religiosas como mejor nos parezca– para luego prohibir de facto y selectivamente su ejercicio simplemente porque una mayoría o una minoría lo encuentra repulsivo.
Derecho amenazado. Los estridentes llamados a detener la construcción de esta mezquita son una amenaza casi tan real a un derecho fundamental como lo sería una abierta prohibición legal. Si no se ha de permitir la construcción de un templo musulmán en la vecindad de las Torres Gemelas, entonces hay que hacerlo de la manera correcta. Quienes se sientan ofendidos deben tener la oportunidad de presionar por el cambio de la ley y argumentar a plena luz del día y sin ambages la racionalidad de tal prohibición. Eso, no menos, demanda la democracia.
La segunda suposición tiene que ver con lo sucedido el 11 de setiembre del 2001. Los adversarios más militantes de la mezquita insisten en que su construcción debe impedirse porque será, dicen, un monumento a los perpetradores de una atrocidad. En la base de este argumento yace la idea de que lo sucedido hace 9 años fue un acto explícitamente religioso llevado a cabo por un culto hostil, cuyos seguidores –aun aquellos que han denunciado la barbarie– están irredimiblemente manchados por el hecho y merecen, por ello, ver limitados sus derechos.
Haciendo manifiesta su incomodidad con este tipo de razones, otros críticos han aclarado con vehemencia que no hay en esto una disputa con el islam. Han preferido, así, fundar su oposición en el ya familiar argumento del respeto a las familias agraviadas por la tragedia. Sorprende que este razonamiento no sea llevado hasta su lógica conclusión: permitir la construcción de la mezquita sería el mensaje más contundente de que esta controversia, en efecto, no tiene un sustento religioso.
Problema político. El verdadero problema, sin embargo, es otro. En el momento en que se deja de percibir al 11 de setiembre como un evento religioso, no queda más remedio que aceptar una incómoda verdad: los atentados fueron, ante todo, un hecho político, en cuya raíz se encuentran decisiones muy concretas del Gobierno de EE. UU, que van desde su alianza con algunos gobernantes ostensiblemente corruptos y autoritarios en el Medio Oriente, hasta su visible presencia militar en Arabia Saudita y su sistemática indiferencia frente al sufrimiento del pueblo palestino en los territorios ocupados.
Estas políticas pueden o no ser indispensables para el resguardo de los intereses de seguridad de los EE. UU., pero es indiscutible que han alimentado un enfado en el mundo islámico que, con frecuencia, ha tomado caminos brutales y homicidas. En todo caso, las disputas sobre estas políticas están muy lejos de configurar un conflicto teológico. En otras palabras, si se rechaza la naturaleza religiosa de los atentados del 11 de setiembre, se acaba inevitablemente contemplando la responsabilidad del Gobierno de EE. UU. en la gestación de las mismas fuerzas que hoy combate. Esto incluye la posibilidad de que, como en tantos otros casos de aliados convertidos luego en villanos –Manuel Antonio Noriega y Saddam Hussein vienen a la mente–, las primeras gestas de Osama bin Laden en Afganistán hayan sido auspiciadas por la CIA.
Durante casi una década, cualquier intento por desviar la discusión sobre los atentados del 11 de setiembre de la narrativa teológica prevaleciente ha sido percibido como subversivo y anti-patriótico en los EE. UU. Basta recordar aquí los vitriólicos ataques desatados durante la última campaña electoral contra el otrora pastor del presidente Obama, el Rev. Jeremiah Wright, por haber afirmado en una homilía ampliamente difundida que los atentados eran simplemente los lodos nacidos del polvo largamente diseminado por la política exterior norteamericana.
Es posible estar profundamente en desacuerdo con el Rev. Wright, pero no es posible negar, en cambio, que la sociedad norteamericana ha eludido sistemáticamente una discusión seria sobre las causas políticas que pueden explicar –mas no justificar, por supuesto– lo sucedido en el 2001.
Así, confrontados con dos desagradables opciones discursivas, la mayoría de los adversarios de la mezquita han escogido refugiarse en la primera de ellas: la narrativa teológica de los atentados. A fin de cuentas, es una narrativa que exige la suspensión de cualquier facultad crítica y que derrama bendiciones inagotables sobre aquellos que presuntamente luchan del lado de la luz. Contemplar la otra opción es perturbador en demasía.
Solo cabe rogar, contra toda esperanza, que la opinión pública norteamericana rechace no solo los insistentes llamados para impedir la construcción de la mezquita de Park 51, sino también las controvertidas suposiciones que sostienen la resistencia a ella. Si así sucediera, esta gran nación habría dado un paso significativo para ser más libre y tolerante dentro de sus fronteras, y más fuerte y respetada fuera de ellas.
