¡Aguántense los puraviejos! La amenaza del 'apagón' que andaba dando vueltas sobre si Canal 7 y otras emisoras iban a dejar de salir por antena parece que se esfumó...por ahora. El gobierno de Rodrigo Chaves firmó un decreto que le pone freno a esa idea, asegurando que seguiremos pegados a nuestras teles y radios al menos hasta que se definan los resultados de las próximas elecciones. Pero ojo, que esto no significa que todo esté resuelto, ni mucho menos.
Para entender bien qué onda, el decreto simplemente extiende las concesiones de las estaciones de radio y televisión hasta después de las elecciones del 2026. Antes, se hablaba de que esas concesiones expiraban el 28 de septiembre, lo cual habría generado un gran problema porque implica que podrían haber dejado de transmitir. Esto evitó un choque frontal con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ya había dicho basta a intentar cambiar las reglas del juego en plena época electoral. Imagínate el fiestón que hubiera sido tener que buscar otra forma de enterarnos de los acontecimientos nacionales.
El Gobierno, buscando quedar bien con todos, dice que esta jugada busca asegurar que todos los costarricenses tengamos acceso a información confiable durante el proceso democrático. Además, mantienen abiertas las conversaciones para darle nuevos contratos a las emisoras, aunque eso todavía está en trámite en la Superintendencia del Telecomunicaciones (Sutel) y no entrará en vigor sino hasta mayo de 2026. Eso nos deja bastante tiempo para ver qué va a pasar, ¿no creen?
Pero acá hay un detalle que nadie quiere mencionar abiertamente: todo esto comenzó con un plan del gobierno de querer imponerle a las estaciones un nuevo impuesto, un 7,73% sobre los ingresos brutos para las televisoras y un 3,13% para las radios. ¡Una torta! El TSE, rápido de reflejos, le dijo al Ministerio de Información y Comunicaciones (MICITT) que no tocara las frecuencias durante el proceso electoral, porque eso afectaría el derecho de los ciudadanos a estar informados. Literalmente, le metieron un frenazo de disco al plan original.
Y no es ningún secreto que la relación entre el Presidente Chaves y algunos medios de comunicación, especialmente Canal 7, ha sido más turbia que el río Caño Negro. Desde su campaña en 2022, el mandatario ha soltado varias pullas y críticas hacia diferentes canales, llegando incluso a decir que “la fiesta se les acabó”. Ese tipo de lenguaje, sumado a las amenazas de cortar la señal y la presión por ese canon extra, ha creado un ambiente tenso entre el Poder Ejecutivo y la prensa nacional. Uno esperaría más respeto mutuo, pero bueno, así son las cosas a veces.
Ahora, aunque el decreto nos da un respiro y evita que nos quedemos sin tele por un rato, la incertidumbre permanece. Estas concesiones son temporales, como las plantillas del Limoncel, y dependen de decisiones políticas y reglamentarias que están pendientes. Vamos a tener que estar atentos a lo que pase en los próximos meses, porque el asunto de las frecuencias y quién paga por usarlas no se ha cerrado definitivamente. Digamos que el apagón está durmiendo la siesta, esperando a que pase el chapuzón electoral.
En resumen, la situación actual es una calma tensa. Sí, el gobierno evitó un conflicto mayor, pero el debate sobre cuánto deberían pagar las emisoras por el uso de las frecuencias estatales aún está sobre la mesa. Las negociaciones continuarán después de las elecciones, y seguramente veremos más capítulos de esta telenovela mediática. Es crucial recordar que una prensa libre e independiente es fundamental para nuestra democracia; sin ella, estaríamos a ciegas, navegando a tientas por las aguas turbulentas de la política.
Con todo esto, me pregunto: ¿Creen ustedes que el gobierno realmente está interesado en encontrar una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas, o estamos frente a una estrategia dilatoria para lograr sus objetivos a largo plazo? ¿Debería haber más transparencia en el manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica?
Para entender bien qué onda, el decreto simplemente extiende las concesiones de las estaciones de radio y televisión hasta después de las elecciones del 2026. Antes, se hablaba de que esas concesiones expiraban el 28 de septiembre, lo cual habría generado un gran problema porque implica que podrían haber dejado de transmitir. Esto evitó un choque frontal con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ya había dicho basta a intentar cambiar las reglas del juego en plena época electoral. Imagínate el fiestón que hubiera sido tener que buscar otra forma de enterarnos de los acontecimientos nacionales.
El Gobierno, buscando quedar bien con todos, dice que esta jugada busca asegurar que todos los costarricenses tengamos acceso a información confiable durante el proceso democrático. Además, mantienen abiertas las conversaciones para darle nuevos contratos a las emisoras, aunque eso todavía está en trámite en la Superintendencia del Telecomunicaciones (Sutel) y no entrará en vigor sino hasta mayo de 2026. Eso nos deja bastante tiempo para ver qué va a pasar, ¿no creen?
Pero acá hay un detalle que nadie quiere mencionar abiertamente: todo esto comenzó con un plan del gobierno de querer imponerle a las estaciones un nuevo impuesto, un 7,73% sobre los ingresos brutos para las televisoras y un 3,13% para las radios. ¡Una torta! El TSE, rápido de reflejos, le dijo al Ministerio de Información y Comunicaciones (MICITT) que no tocara las frecuencias durante el proceso electoral, porque eso afectaría el derecho de los ciudadanos a estar informados. Literalmente, le metieron un frenazo de disco al plan original.
Y no es ningún secreto que la relación entre el Presidente Chaves y algunos medios de comunicación, especialmente Canal 7, ha sido más turbia que el río Caño Negro. Desde su campaña en 2022, el mandatario ha soltado varias pullas y críticas hacia diferentes canales, llegando incluso a decir que “la fiesta se les acabó”. Ese tipo de lenguaje, sumado a las amenazas de cortar la señal y la presión por ese canon extra, ha creado un ambiente tenso entre el Poder Ejecutivo y la prensa nacional. Uno esperaría más respeto mutuo, pero bueno, así son las cosas a veces.
Ahora, aunque el decreto nos da un respiro y evita que nos quedemos sin tele por un rato, la incertidumbre permanece. Estas concesiones son temporales, como las plantillas del Limoncel, y dependen de decisiones políticas y reglamentarias que están pendientes. Vamos a tener que estar atentos a lo que pase en los próximos meses, porque el asunto de las frecuencias y quién paga por usarlas no se ha cerrado definitivamente. Digamos que el apagón está durmiendo la siesta, esperando a que pase el chapuzón electoral.
En resumen, la situación actual es una calma tensa. Sí, el gobierno evitó un conflicto mayor, pero el debate sobre cuánto deberían pagar las emisoras por el uso de las frecuencias estatales aún está sobre la mesa. Las negociaciones continuarán después de las elecciones, y seguramente veremos más capítulos de esta telenovela mediática. Es crucial recordar que una prensa libre e independiente es fundamental para nuestra democracia; sin ella, estaríamos a ciegas, navegando a tientas por las aguas turbulentas de la política.
Con todo esto, me pregunto: ¿Creen ustedes que el gobierno realmente está interesado en encontrar una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas, o estamos frente a una estrategia dilatoria para lograr sus objetivos a largo plazo? ¿Debería haber más transparencia en el manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica?
