¡Ay, Dios mío! Esto de Guatemala está más caliente que gallina pochada. Aquí en Costa Rica nos hemos echado frijoles negros con arroz, y estamos viendo con preocupación cómo intentan meterle las manos al proceso democrático allá. El Gobierno de nuestro país no se anduvo con rodeos: salió a decirles a los jueces guatemaltecos que eso no se hace, y le dieron todo su apoyo al Presidente Arévalo.
Como bien saben, hace poquito se eligió al nuevo Presidente en Guatemala, Bernardo Arévalo, quien representa una esperanza renovadora para el país. Pero parece que algunos sectores del poder judicial no les tragaron el sapo y ahora están tratando de bloquearlo a toda costa. Ahí es donde entró Costa Rica con pinzas, defendiendo que ninguna institución está por encima de la voluntad del pueblo, y que eso de manipular la justicia con fines políticos – el famoso ‘lawfare’ – es un verdadero despache.
El comunicado de la Presidencia fue directo y al grano: “Ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado”. Es decir, si el pueblo habló, hay que respetarlo, chunche. No se trata de inventarle trabas ni de buscarle la térmica a la democracia. Recordemos que nosotros acá también pasamos por momentos difíciles, y sabemos lo importante que es defender las instituciones y el derecho a elegir libremente.
Y esto no es cualquier jugada, amigos. Lo que está pasando en Guatemala tiene ramificaciones mucho más amplias. Si permiten que este tipo de maniobras quede impune, quién sabe qué otros países podrían verse tentados a seguir ese camino. Estamos hablando de una posible regresión democrática en Centroamérica, que afectaría a todos nosotros. Por eso, la postura firme de Costa Rica es tan importante; demuestra que seguimos comprometidos con la defensa de los valores democráticos en la región.
Pero la cosa no termina ahí. El gobierno no solamente condenó lo que pasó, sino que además hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Les pidió que activaran sus mecanismos de protección democrática para ayudar a Guatemala a superar esta crisis. También le piden al pueblo guatemalteco que se defienda, que no se deje amedrentar por estas bravatas judiciales y que siga adelante con su lucha por la democracia.
Ahora, vamos a ser honestos: esto nos pone a reflexionar sobre nuestra propia realidad. ¿Hemos aprendido la lección de nuestros propios errores? ¿Estamos haciendo todo lo posible para fortalecer nuestras instituciones y evitar que se utilicen con fines partidistas? Porque aunque Costa Rica se considere un faro de estabilidad democrática en la región, siempre hay margen de mejora. La corrupción sigue siendo un problema endémico, y la polarización política amenaza con dividirnos aún más.
Y hablando de problemas, bueno, recuerden el brete del Tramo Central… ¡Ay, qué vara! Parece que el conflicto entre el Gobierno y el BID va a paralizarnos la carretera por completo. Mientras tanto, se investiga al director del OIJ, Randall Zúñiga, por presunta violación. ¡Qué carga de problemas tenemos! Parece que nunca vamos a salir del paso, diay.
En fin, es evidente que la situación en Guatemala es delicada y requiere de atención urgente. ¿Ustedes creen que el apoyo de Costa Rica será suficiente para proteger la democracia guatemalteca, o necesitamos ver una movilización mayor de la comunidad internacional? ¿Cómo podemos aprender de estos acontecimientos para fortalecer nuestra propia democracia y evitar que situaciones similares ocurran aquí?
Como bien saben, hace poquito se eligió al nuevo Presidente en Guatemala, Bernardo Arévalo, quien representa una esperanza renovadora para el país. Pero parece que algunos sectores del poder judicial no les tragaron el sapo y ahora están tratando de bloquearlo a toda costa. Ahí es donde entró Costa Rica con pinzas, defendiendo que ninguna institución está por encima de la voluntad del pueblo, y que eso de manipular la justicia con fines políticos – el famoso ‘lawfare’ – es un verdadero despache.
El comunicado de la Presidencia fue directo y al grano: “Ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado”. Es decir, si el pueblo habló, hay que respetarlo, chunche. No se trata de inventarle trabas ni de buscarle la térmica a la democracia. Recordemos que nosotros acá también pasamos por momentos difíciles, y sabemos lo importante que es defender las instituciones y el derecho a elegir libremente.
Y esto no es cualquier jugada, amigos. Lo que está pasando en Guatemala tiene ramificaciones mucho más amplias. Si permiten que este tipo de maniobras quede impune, quién sabe qué otros países podrían verse tentados a seguir ese camino. Estamos hablando de una posible regresión democrática en Centroamérica, que afectaría a todos nosotros. Por eso, la postura firme de Costa Rica es tan importante; demuestra que seguimos comprometidos con la defensa de los valores democráticos en la región.
Pero la cosa no termina ahí. El gobierno no solamente condenó lo que pasó, sino que además hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Les pidió que activaran sus mecanismos de protección democrática para ayudar a Guatemala a superar esta crisis. También le piden al pueblo guatemalteco que se defienda, que no se deje amedrentar por estas bravatas judiciales y que siga adelante con su lucha por la democracia.
Ahora, vamos a ser honestos: esto nos pone a reflexionar sobre nuestra propia realidad. ¿Hemos aprendido la lección de nuestros propios errores? ¿Estamos haciendo todo lo posible para fortalecer nuestras instituciones y evitar que se utilicen con fines partidistas? Porque aunque Costa Rica se considere un faro de estabilidad democrática en la región, siempre hay margen de mejora. La corrupción sigue siendo un problema endémico, y la polarización política amenaza con dividirnos aún más.
Y hablando de problemas, bueno, recuerden el brete del Tramo Central… ¡Ay, qué vara! Parece que el conflicto entre el Gobierno y el BID va a paralizarnos la carretera por completo. Mientras tanto, se investiga al director del OIJ, Randall Zúñiga, por presunta violación. ¡Qué carga de problemas tenemos! Parece que nunca vamos a salir del paso, diay.
En fin, es evidente que la situación en Guatemala es delicada y requiere de atención urgente. ¿Ustedes creen que el apoyo de Costa Rica será suficiente para proteger la democracia guatemalteca, o necesitamos ver una movilización mayor de la comunidad internacional? ¿Cómo podemos aprender de estos acontecimientos para fortalecer nuestra propia democracia y evitar que situaciones similares ocurran aquí?
