Hay noticias que a uno le revuelven el estómago y le dejan un sinsabor de esos que no se quitan fácil. La vara que reventó en el Liceo de Limón Mario Bourne Bourne es una de esas. No estamos hablando de un chunche menor; son seis denuncias por presunto acoso sexual contra un mismo profesor. Y para ponerle la cereza al pastel, un profe del programa de Bachillerato Internacional, que se supone es el estándar de oro de nuestros colegios públicos. Esto, maes, es un despiche con todas las letras, uno que va mucho más allá de una simple investigación administrativa y que nos pone a pensar en qué carajos está pasando en nuestras aulas.
Claro, el MEP activó el "protocolo". Esa palabra mágica que suena a eficiencia pero que, en la práctica, a menudo se siente como una curita en una herida de bala. Según el director regional, al docente lo sacaron de la institución para "evitar cualquier contacto con estudiantes". ¿La solución? Lo mandaron a "cumplir horario" en las oficinas de la Supervisión. O sea, lo movieron de silla. Mientras las estudiantes y sus familias lidian con el trauma, el investigado cumple su jornada en una oficina, probablemente tomándose un cafecito, esperando a que el Departamento Disciplinario decida qué hacer. Es una medida preventiva, sí, pero se siente terriblemente insuficiente, como un manotazo de ahogado de un sistema que no sabe cómo reaccionar con contundencia.
Pero aquí es donde la vara se pone realmente fea y la frustración se vuelve rabia. Las declaraciones de las madres de las estudiantes son un puñetazo en la cara de la indiferencia. Una de ellas denuncia que desde el programa de BI "ni siquiera han tenido la gentileza de llamarnos". ¡Ni una llamada! Eso no es un error, es un mensaje. Demuestra una desconexión y una frialdad que asustan. Para colmo de males, otra madre cuenta que en el cole no hay orientadora fija y que los dos que asignaron al caso ni conocían a sus hijas. Es el colmo de la improvisación. Pero la frase que debería retumbar en las oficinas del MEP es esta: "Lo primero que hicieron en el colegio, cuando nos llamaron, fue hacernos sentir cómplices". ¿Perdón? Hacer sentir culpable a la víctima y a su familia es el manual de cómo no hacer las cosas, es revictimizar con una torpeza imperdonable.
Seamos claros: esto va más allá de un mae que, presuntamente, se jaló la torta de su vida y debería enfrentar todas las consecuencias legales y administrativas. Esto es sobre un sistema que parece diseñado para protegerse a sí mismo antes que a las estudiantes. Un sistema lento, burocrático y, por lo que se ve, con una falta de empatía alarmante. La confianza de esas familias en el centro educativo, en el programa que eligieron para sus hijas, diay, se fue al traste. Y no es para menos. Cuando la respuesta a una crisis de esta magnitud es el silencio, la burocracia y hacer sentir mal a quienes denuncian, el mensaje es peligrosísimo: es mejor quedarse callada.
Este caso en Limón no puede quedar como una noticia más de la sección de Nacionales. Es un síntoma de una enfermedad más grande en nuestro sistema educativo. Es la prueba de que los protocolos en papel no sirven de nada si no hay gente capacitada, sensible y con el coraje de aplicarlos pensando primero en las víctimas. La pregunta que queda en el aire es densa y nos la tenemos que hacer todos. ¿Estamos viendo un caso aislado o es que el protocolo del MEP es un chiste mal contado que no protege realmente a nadie? ¿Cuántos otros casos similares se estarán cocinando a fuego lento bajo un manto de silencio institucional? Los leo en los comentarios.
Claro, el MEP activó el "protocolo". Esa palabra mágica que suena a eficiencia pero que, en la práctica, a menudo se siente como una curita en una herida de bala. Según el director regional, al docente lo sacaron de la institución para "evitar cualquier contacto con estudiantes". ¿La solución? Lo mandaron a "cumplir horario" en las oficinas de la Supervisión. O sea, lo movieron de silla. Mientras las estudiantes y sus familias lidian con el trauma, el investigado cumple su jornada en una oficina, probablemente tomándose un cafecito, esperando a que el Departamento Disciplinario decida qué hacer. Es una medida preventiva, sí, pero se siente terriblemente insuficiente, como un manotazo de ahogado de un sistema que no sabe cómo reaccionar con contundencia.
Pero aquí es donde la vara se pone realmente fea y la frustración se vuelve rabia. Las declaraciones de las madres de las estudiantes son un puñetazo en la cara de la indiferencia. Una de ellas denuncia que desde el programa de BI "ni siquiera han tenido la gentileza de llamarnos". ¡Ni una llamada! Eso no es un error, es un mensaje. Demuestra una desconexión y una frialdad que asustan. Para colmo de males, otra madre cuenta que en el cole no hay orientadora fija y que los dos que asignaron al caso ni conocían a sus hijas. Es el colmo de la improvisación. Pero la frase que debería retumbar en las oficinas del MEP es esta: "Lo primero que hicieron en el colegio, cuando nos llamaron, fue hacernos sentir cómplices". ¿Perdón? Hacer sentir culpable a la víctima y a su familia es el manual de cómo no hacer las cosas, es revictimizar con una torpeza imperdonable.
Seamos claros: esto va más allá de un mae que, presuntamente, se jaló la torta de su vida y debería enfrentar todas las consecuencias legales y administrativas. Esto es sobre un sistema que parece diseñado para protegerse a sí mismo antes que a las estudiantes. Un sistema lento, burocrático y, por lo que se ve, con una falta de empatía alarmante. La confianza de esas familias en el centro educativo, en el programa que eligieron para sus hijas, diay, se fue al traste. Y no es para menos. Cuando la respuesta a una crisis de esta magnitud es el silencio, la burocracia y hacer sentir mal a quienes denuncian, el mensaje es peligrosísimo: es mejor quedarse callada.
Este caso en Limón no puede quedar como una noticia más de la sección de Nacionales. Es un síntoma de una enfermedad más grande en nuestro sistema educativo. Es la prueba de que los protocolos en papel no sirven de nada si no hay gente capacitada, sensible y con el coraje de aplicarlos pensando primero en las víctimas. La pregunta que queda en el aire es densa y nos la tenemos que hacer todos. ¿Estamos viendo un caso aislado o es que el protocolo del MEP es un chiste mal contado que no protege realmente a nadie? ¿Cuántos otros casos similares se estarán cocinando a fuego lento bajo un manto de silencio institucional? Los leo en los comentarios.
