¡Ay, Dios mío, qué vaina! El caso del financiamiento del Pueblo Soberano (PPSO) se está poniendo más caliente que gallina pochada. Resulta que el TSE está revisando minuciosamente cómo le están metiendo mano a la plata para la campaña de Laura Fernández, y parece que hay más chinchorros de los que pintaba inicialmente. La cosa es que todo gira alrededor de unos bonos de deuda política y donaciones privadas que, según parece, no estaban tan transparentes como debieran.
Como ya saben, esos bonos – esos certificados que los partidos venden pa’ juntar moras– son legales, pero abren la puerta a que se escondan los verdaderos financiadores. El TSE ya había puesto un butazo al PPSO porque no estaban poniendo todos los detalles de quién estaba botando la lana, y ahora sí tuvieron que poner una lista actualizada con los 39 personitas que compraron bonos por casi 455 millones de colones. Pero, ay, ahí empezaron los problemas, porque apenas 388,5 millones se habrían desembolsado realmente.
Y miren, mire, resultaaa… que algunos nombres resaltan como los jefes mandamás de estos bonos. Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, dueños de Ridivi, una empresa de remesas en Escazu, se llevan la palma con un 32% de los bonos vendidos, eso son unos 123 millones de colones entre ambos. Mauricio Wong Mayorga, con sus 35 bonos de un millonito cada uno, también puso una buena varita. Pero eso no es todo, porque Alejandro Vargas Fuentes gastó 30 millones en bonos, y hasta Liana Denis Noguera Ruiz, exdirectiva del BCR que nombó Chaves, se fajó con 17 millones.
Pa’ complementar la cantina, el PPSO también recibió donaciones directas, pero eso fue arroz y frijoles comparado con los bonos. El TSE está echándole ojo vivo, porque quieren asegurarse de que no haya nadie escondiéndose detrás de nombres falsos ni empresas fantasma. El código electoral prohíbe esas cosas, ¡y no se andan jugando!
Lo que nos lleva a otra jugada rara. Resulta que el TSE descubrió que alguien donó 10 millones de colones, pero le pusieron un número de cédula que no coincidía con el nombre que tenían registrado. ¡Un verdadero mamarracho! Según el papeleo original, la donación vino de Mario Antonio González, pero el número de cédula que dieron pertenece a un tipo diferente, Mario Antonio Carvajal Brenes, de Heredia. El jefe del departamento de financiamiento del TSE, Rónald Chacón, dijo que van a investigar si este señor tiene la capacidad económica para hacer esa donación. ¡Imagínate, una verdadera sopa boba!
Y como si fuera poco, resulta que el encargado de las finanzas de la campaña de Laura Fernández, Carlos Valenciano –el mismo del canal OPA– se fue de onda hace poquito. Dicen que lo echaron porque tenía “muchos negocios y empresas”, y necesitaba tiempo para atenderlos. ¡Uy, uy, uy! Qué brete se armó ahí dentro del PPSO, diay.
Esta situación deja ver que el financiamiento de campañas políticas en Costa Rica sigue siendo un tema espinoso. Aunque la ley dice una cosa, siempre hay quien trata de encontrarle la térmica y meter las manos donde no debe. El TSE tiene la tarea de mantener todo bajo control y asegurar que la competencia sea justa y transparente, pero a veces se siente como perseguir cometas con una red de pescar.
Ahora, díganme ustedes, ¿creen que todo esto afectará las posibilidades de Laura Fernández en las elecciones? ¿Es justo que el TSE revise tanto el financiamiento de un partido político o debería darle más espacio para operar? Déjenme sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensa el pueblo!
Como ya saben, esos bonos – esos certificados que los partidos venden pa’ juntar moras– son legales, pero abren la puerta a que se escondan los verdaderos financiadores. El TSE ya había puesto un butazo al PPSO porque no estaban poniendo todos los detalles de quién estaba botando la lana, y ahora sí tuvieron que poner una lista actualizada con los 39 personitas que compraron bonos por casi 455 millones de colones. Pero, ay, ahí empezaron los problemas, porque apenas 388,5 millones se habrían desembolsado realmente.
Y miren, mire, resultaaa… que algunos nombres resaltan como los jefes mandamás de estos bonos. Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, dueños de Ridivi, una empresa de remesas en Escazu, se llevan la palma con un 32% de los bonos vendidos, eso son unos 123 millones de colones entre ambos. Mauricio Wong Mayorga, con sus 35 bonos de un millonito cada uno, también puso una buena varita. Pero eso no es todo, porque Alejandro Vargas Fuentes gastó 30 millones en bonos, y hasta Liana Denis Noguera Ruiz, exdirectiva del BCR que nombó Chaves, se fajó con 17 millones.
Pa’ complementar la cantina, el PPSO también recibió donaciones directas, pero eso fue arroz y frijoles comparado con los bonos. El TSE está echándole ojo vivo, porque quieren asegurarse de que no haya nadie escondiéndose detrás de nombres falsos ni empresas fantasma. El código electoral prohíbe esas cosas, ¡y no se andan jugando!
Lo que nos lleva a otra jugada rara. Resulta que el TSE descubrió que alguien donó 10 millones de colones, pero le pusieron un número de cédula que no coincidía con el nombre que tenían registrado. ¡Un verdadero mamarracho! Según el papeleo original, la donación vino de Mario Antonio González, pero el número de cédula que dieron pertenece a un tipo diferente, Mario Antonio Carvajal Brenes, de Heredia. El jefe del departamento de financiamiento del TSE, Rónald Chacón, dijo que van a investigar si este señor tiene la capacidad económica para hacer esa donación. ¡Imagínate, una verdadera sopa boba!
Y como si fuera poco, resulta que el encargado de las finanzas de la campaña de Laura Fernández, Carlos Valenciano –el mismo del canal OPA– se fue de onda hace poquito. Dicen que lo echaron porque tenía “muchos negocios y empresas”, y necesitaba tiempo para atenderlos. ¡Uy, uy, uy! Qué brete se armó ahí dentro del PPSO, diay.
Esta situación deja ver que el financiamiento de campañas políticas en Costa Rica sigue siendo un tema espinoso. Aunque la ley dice una cosa, siempre hay quien trata de encontrarle la térmica y meter las manos donde no debe. El TSE tiene la tarea de mantener todo bajo control y asegurar que la competencia sea justa y transparente, pero a veces se siente como perseguir cometas con una red de pescar.
Ahora, díganme ustedes, ¿creen que todo esto afectará las posibilidades de Laura Fernández en las elecciones? ¿Es justo que el TSE revise tanto el financiamiento de un partido político o debería darle más espacio para operar? Déjenme sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensa el pueblo!