¡Ay, Dios mío, qué torta! Aquí estamos otra vez, viendo cómo le meten hielo a la seguridad del país. Hacienda, esos señores siempre tienen una excusa, ahora dicen que no hay lana porque andamos ajustados, pero mientras tanto, los delincuentes se ríen a carcajadas. Parece broma, pero no lo es: 8.688 millones de colones, plata que ya estaba presupuestada y aprobada por la Asamblea, quedaron varados en el camino para el OIJ y la Fiscalía. ¡Una pena!
La jugada maestra, ejecutada el 19 de diciembre pasado, vino directamente desde Rudolf Lücke Bolaños, el ministro de Hacienda, quien consideró “imprudente” soltar esa lana en tiempos de crisis fiscal. Según el comunicado oficial –porque claro, siempre tienen un comunicado–, la plata venía de rebajas en el pago de intereses de la deuda pública, y por eso, según ellos, no debimos haberla considerado. ¿En serio? Entonces, ¿para qué aprobarla en primer lugar si luego se la guardan?
Esto significa que se han congelado contrataciones de 176 nuevos oficiales judiciales y 99 fiscales adicionales. Imagínate la pila de trabajo que ya tienen estos señores, y ahora tendrán que hacer aún más magia para poder mantenerlo todo en orden. Además de eso, se paralizan gastos esenciales para el día a día de ambas instituciones. Desde el Poder Judicial ya empezaron a sonar alarmas: el presidente de la Corte le mandó una carta a Lücke recordándole que esto pega duro a los planes de lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la violencia que nos está comiendo el coco.
Y no es la primera vez que pasa esto, diay. El año 2025 fue un festival de trabas por parte del Ejecutivo para liberar fondos destinados a fortalecer al OIJ y la Fiscalía. Por eso mismo, el Congreso tuvo que reincorporarlos al presupuesto de 2026, con la esperanza de solucionar problemas básicos como la falta de personal e infraestructura. Pero parece que Hacienda siempre encuentra la forma de ponerle hielo al asunto.
Las consecuencias ya se sienten: retrasos en las investigaciones, fiscalías saturadas hasta arriba, y hasta riesgo de cierre técnico de algunos despachos, sobre todo en los casos de corrupción, narcotráfico, y violencia de género, que son los que realmente dan miedo. ¡Qué brete! ¿Cómo esperan que investiguen bien si no les dan las herramientas necesarias?
Pero lo más risible de todo es la contradicción del gobierno. Por un lado, le están apretando a la Fiscalía para que vaya rápido con las investigaciones sobre las supuestas amenazas al Presidente; por otro, se niegan a entregarles los fondos necesarios para poder trabajar correctamente. ¡Hipócritas! El Presidente anda criticando la lentitud del Poder Judicial, olvidando que sus instituciones están operando bajo una enorme presión y con recursos mínimos.
Estamos hablando de un país que atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia reciente, con más de 3.000 homicidios acumulados en esta administración. El narcotráfico está entrando por todos lados, y la delincuencia organizada se siente dueña de las calles. En este contexto, que Hacienda decida frenar fondos ya aprobados para seguridad, levanta sospechas. Parece que alguien no quiere que se atrapen a los malos, o que quizás tiene algún interesito… ¡Qué sal!
En fin, la situación es crítica y pone en evidencia la falta de compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana. Este asunto sigue generando tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mientras la población observa impotente cómo los recursos para combatir el crimen permanecen atascados. Ahora me pregunto: ¿Ustedes creen que el gobierno debería priorizar el pago de intereses de la deuda pública o invertir en mejorar la seguridad de los ciudadanos?
La jugada maestra, ejecutada el 19 de diciembre pasado, vino directamente desde Rudolf Lücke Bolaños, el ministro de Hacienda, quien consideró “imprudente” soltar esa lana en tiempos de crisis fiscal. Según el comunicado oficial –porque claro, siempre tienen un comunicado–, la plata venía de rebajas en el pago de intereses de la deuda pública, y por eso, según ellos, no debimos haberla considerado. ¿En serio? Entonces, ¿para qué aprobarla en primer lugar si luego se la guardan?
Esto significa que se han congelado contrataciones de 176 nuevos oficiales judiciales y 99 fiscales adicionales. Imagínate la pila de trabajo que ya tienen estos señores, y ahora tendrán que hacer aún más magia para poder mantenerlo todo en orden. Además de eso, se paralizan gastos esenciales para el día a día de ambas instituciones. Desde el Poder Judicial ya empezaron a sonar alarmas: el presidente de la Corte le mandó una carta a Lücke recordándole que esto pega duro a los planes de lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la violencia que nos está comiendo el coco.
Y no es la primera vez que pasa esto, diay. El año 2025 fue un festival de trabas por parte del Ejecutivo para liberar fondos destinados a fortalecer al OIJ y la Fiscalía. Por eso mismo, el Congreso tuvo que reincorporarlos al presupuesto de 2026, con la esperanza de solucionar problemas básicos como la falta de personal e infraestructura. Pero parece que Hacienda siempre encuentra la forma de ponerle hielo al asunto.
Las consecuencias ya se sienten: retrasos en las investigaciones, fiscalías saturadas hasta arriba, y hasta riesgo de cierre técnico de algunos despachos, sobre todo en los casos de corrupción, narcotráfico, y violencia de género, que son los que realmente dan miedo. ¡Qué brete! ¿Cómo esperan que investiguen bien si no les dan las herramientas necesarias?
Pero lo más risible de todo es la contradicción del gobierno. Por un lado, le están apretando a la Fiscalía para que vaya rápido con las investigaciones sobre las supuestas amenazas al Presidente; por otro, se niegan a entregarles los fondos necesarios para poder trabajar correctamente. ¡Hipócritas! El Presidente anda criticando la lentitud del Poder Judicial, olvidando que sus instituciones están operando bajo una enorme presión y con recursos mínimos.
Estamos hablando de un país que atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia reciente, con más de 3.000 homicidios acumulados en esta administración. El narcotráfico está entrando por todos lados, y la delincuencia organizada se siente dueña de las calles. En este contexto, que Hacienda decida frenar fondos ya aprobados para seguridad, levanta sospechas. Parece que alguien no quiere que se atrapen a los malos, o que quizás tiene algún interesito… ¡Qué sal!
En fin, la situación es crítica y pone en evidencia la falta de compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana. Este asunto sigue generando tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mientras la población observa impotente cómo los recursos para combatir el crimen permanecen atascados. Ahora me pregunto: ¿Ustedes creen que el gobierno debería priorizar el pago de intereses de la deuda pública o invertir en mejorar la seguridad de los ciudadanos?
