¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con el tema del 5G. Resulta que el ICE, como siempre, ha dado marcha atrás en la licitación de las redes de quinta generación, extendiendo el plazo para presentar ofertas hasta el 3 de octubre. Esto luego de que la Contraloría General le metiera presión con varias observaciones que dejaron a todos con la boca abierta.
Verán, el asunto es que la licitación, valuada en unos jugosos $250 millones, venía dando para hablar desde el principio. Se basaba en un modelo de red abierta, el famoso Open RAN, que prometía modernización y más competencia, pero también generaba ciertas inquietudes entre los potenciales oferentes. De hecho, varios pidieron amablemente (pero con firmeza) más tiempo para ajustar sus propuestas luego de que la CGR hiciera sus correcciones.
Y vaya que la Contraloría sí que se fajó. Declararon parcialmente con lugar algunos recursos interpuestos contra el pliego de licitación, obligando al ICE a hacerle cositas. No era nada catastrófico, pero sí suficiente para poner a pensar a los interesados. Hablando claro, algunos querían meter mano a cosas más profundas, pero la CGR les cerró el camino, diciendo que esas objeciones eran infundadas y buscaban desestabilizar el proceso.
El ICE, sin embargo, no se quedó cruzado de brazos. Respondieron a las objeciones, defendiendo sus decisiones y asegurando que todo se hizo conforme a la ley. Dijeron que acataron las correcciones de forma, pero que las que iban en contra del fondo de la licitación, se las tragaron. Les preocupaba que algunas personas intentaran sabotear el proceso y echar por la borda años de planificación. Según ellos, el cartel licitatorio cumple con los principios de libre competencia, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad, ¡pura verdad!
Ahora bien, ¿por qué este cambio de fecha? Bueno, aparentemente, las empresas necesitaban más tiempo para digerir todas las observaciones de la Contraloría y asegurarse de que sus propuestas estuvieran pulcitas. Preparar una oferta de estas dimensiones no es moco de pelusa, ¡requiere analizar números, estudios de mercado y un montón de papeleos! Imaginen el brete que tienen estos señores…
Este retraso podría afectar los planes de expansión del servicio 5G en el país. Muchos esperábamos que ya estuviéramos disfrutando de velocidades ultrarrápidas y conexiones más confiables, pero parece que todavía nos toca esperar un poco más. Al final del día, esto es parte del juego; la burocracia a veces se pone quisquillosa, pero hay que seguir adelante con la frente en alto.
Lo interesante de todo esto es ver cómo el ICE ha respondido a las críticas. Han sido transparentes al explicar sus decisiones y defender el proceso. Demuestran que, pese a los obstáculos, están comprometidos a llevar adelante este proyecto estratégico para el desarrollo del país. Si se hace bien, el 5G puede impulsar la innovación, mejorar la conectividad y abrir nuevas oportunidades para todos los costarricenses, ¡qué tuanis sería eso!
En fin, ahora la pelota está en la cancha de las empresas interesadas. Tendrán casi un mes más para presentar sus ofertas ajustadas a las nuevas condiciones. Pero me pregunto: ¿cree usted que esta extensión del plazo beneficiará realmente al proceso licitatorio, permitiendo una mayor competencia y mejores propuestas, o simplemente prolongará la incertidumbre y retrasará aún más la llegada del 5G a Costa Rica?
Verán, el asunto es que la licitación, valuada en unos jugosos $250 millones, venía dando para hablar desde el principio. Se basaba en un modelo de red abierta, el famoso Open RAN, que prometía modernización y más competencia, pero también generaba ciertas inquietudes entre los potenciales oferentes. De hecho, varios pidieron amablemente (pero con firmeza) más tiempo para ajustar sus propuestas luego de que la CGR hiciera sus correcciones.
Y vaya que la Contraloría sí que se fajó. Declararon parcialmente con lugar algunos recursos interpuestos contra el pliego de licitación, obligando al ICE a hacerle cositas. No era nada catastrófico, pero sí suficiente para poner a pensar a los interesados. Hablando claro, algunos querían meter mano a cosas más profundas, pero la CGR les cerró el camino, diciendo que esas objeciones eran infundadas y buscaban desestabilizar el proceso.
El ICE, sin embargo, no se quedó cruzado de brazos. Respondieron a las objeciones, defendiendo sus decisiones y asegurando que todo se hizo conforme a la ley. Dijeron que acataron las correcciones de forma, pero que las que iban en contra del fondo de la licitación, se las tragaron. Les preocupaba que algunas personas intentaran sabotear el proceso y echar por la borda años de planificación. Según ellos, el cartel licitatorio cumple con los principios de libre competencia, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad, ¡pura verdad!
Ahora bien, ¿por qué este cambio de fecha? Bueno, aparentemente, las empresas necesitaban más tiempo para digerir todas las observaciones de la Contraloría y asegurarse de que sus propuestas estuvieran pulcitas. Preparar una oferta de estas dimensiones no es moco de pelusa, ¡requiere analizar números, estudios de mercado y un montón de papeleos! Imaginen el brete que tienen estos señores…
Este retraso podría afectar los planes de expansión del servicio 5G en el país. Muchos esperábamos que ya estuviéramos disfrutando de velocidades ultrarrápidas y conexiones más confiables, pero parece que todavía nos toca esperar un poco más. Al final del día, esto es parte del juego; la burocracia a veces se pone quisquillosa, pero hay que seguir adelante con la frente en alto.
Lo interesante de todo esto es ver cómo el ICE ha respondido a las críticas. Han sido transparentes al explicar sus decisiones y defender el proceso. Demuestran que, pese a los obstáculos, están comprometidos a llevar adelante este proyecto estratégico para el desarrollo del país. Si se hace bien, el 5G puede impulsar la innovación, mejorar la conectividad y abrir nuevas oportunidades para todos los costarricenses, ¡qué tuanis sería eso!
En fin, ahora la pelota está en la cancha de las empresas interesadas. Tendrán casi un mes más para presentar sus ofertas ajustadas a las nuevas condiciones. Pero me pregunto: ¿cree usted que esta extensión del plazo beneficiará realmente al proceso licitatorio, permitiendo una mayor competencia y mejores propuestas, o simplemente prolongará la incertidumbre y retrasará aún más la llegada del 5G a Costa Rica?
