¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan? Resulta que la diputada Paulina Ramírez, del PLN, soltó la bomba en el plenario legislativo: el Gobierno de Chaves metió la pata hasta el cuello con la Ley Marco de Empleo Público. Según ella, pura bochornosa negligencia, y vaya que le pegó con toda.
Todo esto salió a colación porque la Contraloría General de la República (CGR) hizo una auditoría que dejó claro que Mideplán –el ministerio encargado– no había hecho absolutamente nada. Ni políticas públicas, ni programas, ni siquiera la dichosa declaración anual de política de remuneración, que es como la brújula para los salarios del Estado. ¡Qué brete!
La diputada Ramírez no anduvo con rodeos, mae. Le dijo al dedillo a Chaves que el fracaso no fue por falta de tiempo, ni por si acaso no le avisaron antes, sino por falta de dirección, liderazgo y, pa' rematarla, ¡responsabilidad política! Pura falta de maña, vamos.
Y ahí nomás puso el dedo en la llaga contra Laura Fernández y Marta Esquivel, las ex jefas de Mideplán. "¿Qué hicieron estas dos?”, preguntó retóricamente Ramírez, haciendo referencia al manejo anterior de estos personajes dentro del gobierno. La Contraloría, añadió, respondió con claridad: cero liderazgo, cero planificación, y el sistema del empleo público vagando como pollo sin cabeza.
Pero eso no es todo, chunches. La auditoría descubrió otra tareaza: ¡solo 4 de 247 instituciones tienen publicado su plan institucional de empleo público! Ni siquiera el 2%, ay, Dios. "¿Cómo demonios vamos a tener un sistema nacional de empleo público decente si ni las instituciones básicas cumplen?” se lamentó la diputada. ¡Qué sal!
Recuerden que una de las grandísimas promesas de la ley era lograr eficiencia salarial y cuidar las finanzas del país. Pero, sorpresa, sorpresa, los estudios de Mideplán tenían datos medio chuecos que no reflejaban la realidad. En algunos casos, incluso, predecían aumentos de gastos cercanos al 3,9% en algunos ministerios si se hacía la transición a salario global de corrido. ¡Una torta!
La diputada Ramírez cerró su intervención dejando claro que este es un “fracaso político de enormes proporciones”. Afecta la eficiencia del Estado, la equidad de los salarios públicos, la planificación del talento humano y, ya saben, la tan importante sostenibilidad fiscal. Un desastre total, vamos, no hay pa’ qué andar mintiendo. Una verdadera debacle, diay.
Ahora bien, mi gente, díganme: ¿crees que esta auditoría debería llevar a sanciones para los responsables, o simplemente es otro episodio más en la larga lista de problemas administrativos del Gobierno? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la Ley de Empleo Público, finalmente, cumpla su cometido y traiga beneficios reales para todos los servidores públicos?
Todo esto salió a colación porque la Contraloría General de la República (CGR) hizo una auditoría que dejó claro que Mideplán –el ministerio encargado– no había hecho absolutamente nada. Ni políticas públicas, ni programas, ni siquiera la dichosa declaración anual de política de remuneración, que es como la brújula para los salarios del Estado. ¡Qué brete!
La diputada Ramírez no anduvo con rodeos, mae. Le dijo al dedillo a Chaves que el fracaso no fue por falta de tiempo, ni por si acaso no le avisaron antes, sino por falta de dirección, liderazgo y, pa' rematarla, ¡responsabilidad política! Pura falta de maña, vamos.
Y ahí nomás puso el dedo en la llaga contra Laura Fernández y Marta Esquivel, las ex jefas de Mideplán. "¿Qué hicieron estas dos?”, preguntó retóricamente Ramírez, haciendo referencia al manejo anterior de estos personajes dentro del gobierno. La Contraloría, añadió, respondió con claridad: cero liderazgo, cero planificación, y el sistema del empleo público vagando como pollo sin cabeza.
Pero eso no es todo, chunches. La auditoría descubrió otra tareaza: ¡solo 4 de 247 instituciones tienen publicado su plan institucional de empleo público! Ni siquiera el 2%, ay, Dios. "¿Cómo demonios vamos a tener un sistema nacional de empleo público decente si ni las instituciones básicas cumplen?” se lamentó la diputada. ¡Qué sal!
Recuerden que una de las grandísimas promesas de la ley era lograr eficiencia salarial y cuidar las finanzas del país. Pero, sorpresa, sorpresa, los estudios de Mideplán tenían datos medio chuecos que no reflejaban la realidad. En algunos casos, incluso, predecían aumentos de gastos cercanos al 3,9% en algunos ministerios si se hacía la transición a salario global de corrido. ¡Una torta!
La diputada Ramírez cerró su intervención dejando claro que este es un “fracaso político de enormes proporciones”. Afecta la eficiencia del Estado, la equidad de los salarios públicos, la planificación del talento humano y, ya saben, la tan importante sostenibilidad fiscal. Un desastre total, vamos, no hay pa’ qué andar mintiendo. Una verdadera debacle, diay.
Ahora bien, mi gente, díganme: ¿crees que esta auditoría debería llevar a sanciones para los responsables, o simplemente es otro episodio más en la larga lista de problemas administrativos del Gobierno? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la Ley de Empleo Público, finalmente, cumpla su cometido y traiga beneficios reales para todos los servidores públicos?
