¡Aguante! Después de tanto rodeo, parece que el proyecto del marchamo digital finalmente va a despegar. La Contraloría General de la República (CGR) le echó freno a las apelaciones presentadas contra la adjudicación, así que el Instituto Nacional de Seguros (INS) puede seguir adelante con sus planes.
Para refrescarle la memoria a algunos, este brete viene arrastrándose desde hace rato. En junio del 2023, el INS lanzó la licitación para encontrar una compañía que les diseñe e implemente unos 1.5 millones de etiquetas digitales. Se habla de una inversión considerable, alrededor de ¢2.740 millones, pa’ modernizar el sistema y hacer que la recolección del derecho de circulación sea más eficiente. Suena chiva, ¿verdad?
Pero la cosa no ha sido sencilla. Después de la primera adjudicación, allá por marzo del 2024, la CGR tuvo que anularla y pedir que se reiniciara todo desde cero. Dicen que hubo algunas vueltas de tornillo con los requisitos técnicos y el precio ofrecido por las empresas que estaban pujando. Un mamarracho, vamos.
Y luego vinieron las objeciones. Las compañías que querían quedarse con el contrato empezaron a poner palos en la rueda, alegando cosas y otras. Por eso, varias veces se pospuso la fecha de inicio. ¡Qué torta! Pero bueno, parece que ya se aclararon todas esas varas y se llegó a un acuerdo.
Según Roberto Rodríguez, gerente de la División de Contratación Pública de la CGR, las empresas que presentaron los recursos no cumplían con ciertos requisitos clave, como tener la certificación de interoperabilidad necesaria y detallar todos los costos incluidos en su propuesta. Lo que significa que el INS tenía razón en exigir esos estándares.
Ahora, la pelota está en el techo del INS. Según la resolución de la CGR, la institución tiene la responsabilidad de retomar el proceso y ejecutar el contrato con la empresa ganadora. Esperemos que esto no se vaya al traste como otras iniciativas gubernamentales. Tenemos ganas de ver cómo funciona el marchamo digital, si realmente será tan práctico como dicen.
Muchos se preguntan si esta vez sí van a cumplir con el plazo previsto, que sería iniciar el uso del marchamo digital en el 2026. Será crucial que el INS trabaje rápido y coordinadamente con la empresa contratada para evitar nuevos retrasos. Imagínate ir a cambiar el marchamo con el mismo rollo de siempre... ¡Qué lata!
Con todo este panorama, queda claro que la implementación del marchamo digital ha sido un camino lleno de obstáculos. Ahora bien, con la aprobación de la CGR, surge la gran interrogante: ¿Logrará el INS entregar un producto final que realmente mejore la experiencia del ciudadano costarricense y simplifique el proceso de pago del derecho de circulación, o volveremos a lamentarnos por otro proyecto prometedor que se quedó a medias?
Para refrescarle la memoria a algunos, este brete viene arrastrándose desde hace rato. En junio del 2023, el INS lanzó la licitación para encontrar una compañía que les diseñe e implemente unos 1.5 millones de etiquetas digitales. Se habla de una inversión considerable, alrededor de ¢2.740 millones, pa’ modernizar el sistema y hacer que la recolección del derecho de circulación sea más eficiente. Suena chiva, ¿verdad?
Pero la cosa no ha sido sencilla. Después de la primera adjudicación, allá por marzo del 2024, la CGR tuvo que anularla y pedir que se reiniciara todo desde cero. Dicen que hubo algunas vueltas de tornillo con los requisitos técnicos y el precio ofrecido por las empresas que estaban pujando. Un mamarracho, vamos.
Y luego vinieron las objeciones. Las compañías que querían quedarse con el contrato empezaron a poner palos en la rueda, alegando cosas y otras. Por eso, varias veces se pospuso la fecha de inicio. ¡Qué torta! Pero bueno, parece que ya se aclararon todas esas varas y se llegó a un acuerdo.
Según Roberto Rodríguez, gerente de la División de Contratación Pública de la CGR, las empresas que presentaron los recursos no cumplían con ciertos requisitos clave, como tener la certificación de interoperabilidad necesaria y detallar todos los costos incluidos en su propuesta. Lo que significa que el INS tenía razón en exigir esos estándares.
Ahora, la pelota está en el techo del INS. Según la resolución de la CGR, la institución tiene la responsabilidad de retomar el proceso y ejecutar el contrato con la empresa ganadora. Esperemos que esto no se vaya al traste como otras iniciativas gubernamentales. Tenemos ganas de ver cómo funciona el marchamo digital, si realmente será tan práctico como dicen.
Muchos se preguntan si esta vez sí van a cumplir con el plazo previsto, que sería iniciar el uso del marchamo digital en el 2026. Será crucial que el INS trabaje rápido y coordinadamente con la empresa contratada para evitar nuevos retrasos. Imagínate ir a cambiar el marchamo con el mismo rollo de siempre... ¡Qué lata!
Con todo este panorama, queda claro que la implementación del marchamo digital ha sido un camino lleno de obstáculos. Ahora bien, con la aprobación de la CGR, surge la gran interrogante: ¿Logrará el INS entregar un producto final que realmente mejore la experiencia del ciudadano costarricense y simplifique el proceso de pago del derecho de circulación, o volveremos a lamentarnos por otro proyecto prometedor que se quedó a medias?
