¡Aguafiestas! La cosa está que quema en Naranjo, fiaco. Resulta que el Gobierno, pa' demostrar quién manda, mandó a la Fuerza Pública y al AyA a hacer de las suyas en el acueducto municipal. Según parece, querían asegurar la conexión del proyecto La Esperanza, pero el alcalde Randall Vega no se quedó calladito y ya le metió un amparo de legalidad al Tribunal Contencioso Administrativo. ¡Imagínate el bronco!
Vega, que no es precisamente mudo, le echó la espina dorsal al asunto. Asegura que se violaron hasta los derechos más básicos: el debido proceso, la defensa y, lo más importante, la autonomía municipal. Eso de meterle mano al acueducto sin previo aviso, dice, es una falta de respeto gravisima, como decirle a un señor que se quite los zapatos en plena calle.
La movida ocurrió un sábado por la mañana, cuando llegaron los tipos del Gobierno con toda la pinta y empezaron a remover cosas. Desde la municipalidad denuncian que dejaron calles hechas puré y utilizaron maquinaria que no estaba autorizada. ¡Una torta!, vamos. Imagínate la gente de la comunidad viendo cómo destruyen lo que tanto les costó construir.
Y ojo, que esto no es la primera vez que hay problemas con ese proyecto La Esperanza. Ya hay recursos pendientes en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo. Parece que el Gobierno no aprende la lección, oiga. Como dicen por ahí, 'el perro rabioso sigue ladrando'.
Pero no todo es bronca y controversia. El AyA, defendiéndose, dice que todo fue legal y que tienen un estudio técnico que avala lo que hicieron. Afirman que garantizan el agua para más de 12.000 personas en el casco central del cantón. Claro, pero ¿a qué costo?, ¿no?
La Junta Directiva del AyA había dicho antes que el alcalde debía realizar la interconexión, o que ellos hacían el trabajo directo. Pero llegar con la Fuerza Pública... ¡Qué nivel de atropello! Hasta la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y varias diputadas de la zona de Occidente sacaron pecho para criticar al Gobierno. Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, soltó que parecía “matonismo” del presidente Chaves, creando un precedente peligroso. Montserrat Ruiz, liberacionista, puso énfasis en la importancia de respetar la autonomía de los gobiernos locales.
Recordemos también que esta no es la primera rosca entre Vega y el Gobierno. El alcalde ya tuvo problemas con esta administración cuando fue destituido como viceministro de Seguridad. Así que la cosa tiene sabor a revancha y a batalla campal, pure. Ahora, la pelea se da en los tribunales, esperando ver quién sale campeón. Esto nos hace pensar: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno para imponer sus decisiones, incluso si eso significa pisoteando la autonomía de los municipios y generando conflictos innecesarios?
Ahora, cuéntame, ¿qué te parece a ti este rollo? ¿Crees que el Gobierno se excedió en su actuar en Naranjo o simplemente estaban protegiendo el acceso al agua para miles de personas? ¿Debería el alcalde Vega haber cedido ante las exigencias del AyA o tenía razón en defender la autonomía municipal? Dale, ponte creativo y comparte tu opinión!
Vega, que no es precisamente mudo, le echó la espina dorsal al asunto. Asegura que se violaron hasta los derechos más básicos: el debido proceso, la defensa y, lo más importante, la autonomía municipal. Eso de meterle mano al acueducto sin previo aviso, dice, es una falta de respeto gravisima, como decirle a un señor que se quite los zapatos en plena calle.
La movida ocurrió un sábado por la mañana, cuando llegaron los tipos del Gobierno con toda la pinta y empezaron a remover cosas. Desde la municipalidad denuncian que dejaron calles hechas puré y utilizaron maquinaria que no estaba autorizada. ¡Una torta!, vamos. Imagínate la gente de la comunidad viendo cómo destruyen lo que tanto les costó construir.
Y ojo, que esto no es la primera vez que hay problemas con ese proyecto La Esperanza. Ya hay recursos pendientes en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo. Parece que el Gobierno no aprende la lección, oiga. Como dicen por ahí, 'el perro rabioso sigue ladrando'.
Pero no todo es bronca y controversia. El AyA, defendiéndose, dice que todo fue legal y que tienen un estudio técnico que avala lo que hicieron. Afirman que garantizan el agua para más de 12.000 personas en el casco central del cantón. Claro, pero ¿a qué costo?, ¿no?
La Junta Directiva del AyA había dicho antes que el alcalde debía realizar la interconexión, o que ellos hacían el trabajo directo. Pero llegar con la Fuerza Pública... ¡Qué nivel de atropello! Hasta la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y varias diputadas de la zona de Occidente sacaron pecho para criticar al Gobierno. Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, soltó que parecía “matonismo” del presidente Chaves, creando un precedente peligroso. Montserrat Ruiz, liberacionista, puso énfasis en la importancia de respetar la autonomía de los gobiernos locales.
Recordemos también que esta no es la primera rosca entre Vega y el Gobierno. El alcalde ya tuvo problemas con esta administración cuando fue destituido como viceministro de Seguridad. Así que la cosa tiene sabor a revancha y a batalla campal, pure. Ahora, la pelea se da en los tribunales, esperando ver quién sale campeón. Esto nos hace pensar: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno para imponer sus decisiones, incluso si eso significa pisoteando la autonomía de los municipios y generando conflictos innecesarios?
Ahora, cuéntame, ¿qué te parece a ti este rollo? ¿Crees que el Gobierno se excedió en su actuar en Naranjo o simplemente estaban protegiendo el acceso al agua para miles de personas? ¿Debería el alcalde Vega haber cedido ante las exigencias del AyA o tenía razón en defender la autonomía municipal? Dale, ponte creativo y comparte tu opinión!
