¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con temas medioambientales que parecen no tener fin en este país. Resulta que la Sala IV le metió presión a la Municipalidad de Cartago y al Ministerio de Salud, diciéndoles que tienen solamente dos meses para ponerle remedio a la chincha que se armó en el antiguo botadero de Dulce Nombre de Cartago. Un botadero que, para colmo, lleva años siendo una fuente de problemas y preocupación para los vecinos.
La historia es así: desde 2002, una empresa privada estaba encargada de operar el lugar bajo un sistema de “operación mejorada”. Pero esa vaina terminó en 2018, y desde entonces, parece que nadie quiere hacerse responsable de limpiar el desastre. El Tribunal Ambiental Administrativo ya había lanzado alertas en 2019, advirtiendo sobre la importancia de mejorar la recolección de lixiviados, controlar las aguas pluviales y estudiar la estabilidad del suelo. ¡Pero qué les digo!, esas recomendaciones quedaron varadas en un cajón.
Y ahora, la Sala Constitucional viene a decirnos que la inacción ha empeorado la situación, poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. ¡Imagínate la bronca!, las lluvias arrastran toda esa mugre hacia los ríos y quebradas, contaminando el agua y afectando la vida silvestre. Además, los vecinos respiran esos vapores tóxicos día tras día. No es precisamente un panorama que te alegre el alma, ¿verdad?
Según la resolución, el alcalde Mario Redondo Poveda, la presidenta del Concejo Municipal, Grettel Quesada Moya, y el director del Área Rectora de Salud Cartago, Carlos Alberto Granados Siles, tienen que sentarse a dialogar y encontrar una solución definitiva. Le dieron dos meses, ¡y ni un día más! Porque la verdad, esto ya se puso serio. Ya no pueden seguir haciendo chacota con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Esto huele a promesas incumplidas y dedos acusatorios, pero hay que esperar y ver qué sale de esta movida.
Lo que me preocupa es que no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones en Costa Rica. Siempre tenemos municipios que andan despistados o empresas que no cumplen sus compromisos. Parece que necesitamos una ley que obligue a los responsables a actuar rápido y a pagar si no lo hacen. Porque dejar estas chinchorritas sin atender solo hace que el problema se agrave y termine costando muchísimo más a la larga.
También, y aquí va mi opinión personal, creo que es fundamental hacer una investigación a fondo para determinar quiénes fueron los responsables de permitir que esta situación llegara tan lejos. No basta con echarle la culpa a la municipalidad actual; hay que revisar contratos, permisos y decisiones tomadas en el pasado. Porque seguramente hay gente que se lució y ahora necesita rendir cuentas. La transparencia y la responsabilidad son claves para evitar que estas tragedias se repitan.
Y hablando de tragedias, esto me recuerda a otros casos similares que hemos vivido en el país. ¿Recuerdan la chincha del vertedero de Bagaz?, ahí sí que nos tocó sudar la gota gorda. Esa experiencia debería servirnos de lección para no volver a cometer los mismos errores. Tenemos que aprender a cuidar nuestro medio ambiente y a exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo mismo. Porque al final, todos somos afectados por la contaminación y la destrucción de nuestros recursos naturales.
Ahora bien, dejando atrás la crítica social y volviendo al caso de Cartago... ¿Ustedes creen que la Municipalidad podrá cumplir con el plazo impuesto por la Sala IV? ¿O será otra promesa electoral que se irá al traste? Compartan sus opiniones y experiencias en el foro, porque este asunto nos concierne a todos. ¿Qué medidas concretas deberían implementar para solucionar este problema de una vez por todas?
La historia es así: desde 2002, una empresa privada estaba encargada de operar el lugar bajo un sistema de “operación mejorada”. Pero esa vaina terminó en 2018, y desde entonces, parece que nadie quiere hacerse responsable de limpiar el desastre. El Tribunal Ambiental Administrativo ya había lanzado alertas en 2019, advirtiendo sobre la importancia de mejorar la recolección de lixiviados, controlar las aguas pluviales y estudiar la estabilidad del suelo. ¡Pero qué les digo!, esas recomendaciones quedaron varadas en un cajón.
Y ahora, la Sala Constitucional viene a decirnos que la inacción ha empeorado la situación, poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. ¡Imagínate la bronca!, las lluvias arrastran toda esa mugre hacia los ríos y quebradas, contaminando el agua y afectando la vida silvestre. Además, los vecinos respiran esos vapores tóxicos día tras día. No es precisamente un panorama que te alegre el alma, ¿verdad?
Según la resolución, el alcalde Mario Redondo Poveda, la presidenta del Concejo Municipal, Grettel Quesada Moya, y el director del Área Rectora de Salud Cartago, Carlos Alberto Granados Siles, tienen que sentarse a dialogar y encontrar una solución definitiva. Le dieron dos meses, ¡y ni un día más! Porque la verdad, esto ya se puso serio. Ya no pueden seguir haciendo chacota con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Esto huele a promesas incumplidas y dedos acusatorios, pero hay que esperar y ver qué sale de esta movida.
Lo que me preocupa es que no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones en Costa Rica. Siempre tenemos municipios que andan despistados o empresas que no cumplen sus compromisos. Parece que necesitamos una ley que obligue a los responsables a actuar rápido y a pagar si no lo hacen. Porque dejar estas chinchorritas sin atender solo hace que el problema se agrave y termine costando muchísimo más a la larga.
También, y aquí va mi opinión personal, creo que es fundamental hacer una investigación a fondo para determinar quiénes fueron los responsables de permitir que esta situación llegara tan lejos. No basta con echarle la culpa a la municipalidad actual; hay que revisar contratos, permisos y decisiones tomadas en el pasado. Porque seguramente hay gente que se lució y ahora necesita rendir cuentas. La transparencia y la responsabilidad son claves para evitar que estas tragedias se repitan.
Y hablando de tragedias, esto me recuerda a otros casos similares que hemos vivido en el país. ¿Recuerdan la chincha del vertedero de Bagaz?, ahí sí que nos tocó sudar la gota gorda. Esa experiencia debería servirnos de lección para no volver a cometer los mismos errores. Tenemos que aprender a cuidar nuestro medio ambiente y a exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo mismo. Porque al final, todos somos afectados por la contaminación y la destrucción de nuestros recursos naturales.
Ahora bien, dejando atrás la crítica social y volviendo al caso de Cartago... ¿Ustedes creen que la Municipalidad podrá cumplir con el plazo impuesto por la Sala IV? ¿O será otra promesa electoral que se irá al traste? Compartan sus opiniones y experiencias en el foro, porque este asunto nos concierne a todos. ¿Qué medidas concretas deberían implementar para solucionar este problema de una vez por todas?
