El establecimiento de un marco legal para la unión de personas del mismo sexo requiere de una discusión serena en el seno de la sociedad costarricense. Implica, para la comunidad homosexual, el reclamo de amparo legal para derechos reconocidos a las parejas tradicionales, como la posibilidad de heredar, cobrar seguros y tramitar créditos en forma conjunta. Para otros sectores, incluyendo a muchos que simpatizarían con el reconocimiento de algunos de los derechos reclamados, la preocupación se centra en la necesidad de preservar los fundamentos de la tradicional unión entre hombre y mujer.
El tema tiene importantes implicaciones para los derechos civiles y vastas repercusiones en el ámbito de los valores sociales y religiosos. El debate está abierto y si bien la Presidenta electa no lo tiene entre sus prioridades, los grupos interesados están en libertad de promover su causa. En ningún país han resultado fáciles los cambios exigidos por los defensores de los derechos de los homosexuales. Allí donde han obtenido victorias, las han conseguido a costas de intensos y prolongados procesos de acción política.
Adoptar esa perspectiva es aceptar, con realismo, que la profundidad del cambio promovido exige la construcción de un acuerdo nacional, capaz de expresarse en leyes aprobadas por vía de la normalidad democrática. Son procesos de discusión interna, donde vence quien convence. Por eso no se entiende la petición elevada a la Unión Europea para suspender el Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras Costa Rica no amplíe el amparo legal a las parejas del mismo sexo.
El planteamiento tiene escasas posibilidades de éxito, primero porque el Acuerdo de Asociación es regional, y no solo costarricense. Además, Europa caería en una contradicción insalvable, dado que no todos los Estados miembros de la Unión reconocen los derechos exigidos por los activistas nacionales. Por el contrario, grupos interesados de la Unión Europea han logrado incorporar a sus ordenamientos jurídicos la definición del matrimonio como una unión entre hombre y mujer.
En Polonia, por ejemplo, la falta de reconocimiento de estos derechos exigió la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos para resolver un caso específico. La ley polaca permite al sobreviviente de una unión de hecho heredar la condición de inquilino ostentada por el compañero fallecido. Así se garantiza al sobreviviente la permanencia en la vivienda alquilada, pero los tribunales negaron tal derecho a un homosexual, al argumentar que la protección solo se extiende a las parejas heterosexuales. En un fallo reciente, la Corte Europea condenó a Polonia por la discriminación en el caso concreto, aunque reconoció el derecho del Estado a conservar la definición tradicional de pareja.
Los magistrados concluyeron que, en este caso, Polonia carecía de un interés inequívoco para sustentar la diferenciación del trato dispensado a las parejas heterosexuales y homosexuales. Además, reconocieron la dificultad de mantener el equilibrio entre el matrimonio tradicional y los derechos de las minorías sexuales.
La Convención Europea sobre Derechos Humanos, dijo la Corte, es un instrumento vivo, que debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales. Si la Unión Europea apenas está en curso de perfilar su respuesta a las exigencias de las minorías sexuales y lo hace a partir de las condiciones vigentes en las sociedades que la integran, mal haría en escuchar la petición de los activistas costarricenses, que buscan para su causa una victoria impuesta desde afuera.
Las pocas posibilidades de éxito del planteamiento no obstan para ocuparnos de él en un editorial. El recurso de acudir al apoyo extranjero en beneficio de causas locales, a expensas de los intereses comerciales del país, no es nuevo. Otros grupos, en particular algunos sindicatos, lo han intentado. Esos esfuerzos deben cesar por contraproducentes y porque no hacen más que introducir distracciones en procesos de negociación donde los intereses del país son otros, y muy importantes.
Renunciar a esas vías no implica condenarse a la indefensión. En Costa Rica existen tribunales capaces de resolver conflictos de gran profundidad y también en América existe una Corte de Derechos Humanos.
Nuestros procesos políticos, por lo demás, son abiertos y aptos para llevar la discusión de estos temas a las esferas de resolución donde corresponde encararlos.
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