PACyazos de shit...

Agrupaciones con representación en la Asamblea postularán a sus candidatos para el gabinete de gobierno nacional
PAC mantendría al menos el 51% de los Ministerios y Presidencias Ejecutivas y el resto se integraría con líderes de otros partidos


Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica para el periodo 2018-2022 buscará conformar un gabinete de trabajo integrado, en al menos un 51% por miembros del Partido Acción Ciudadana y el resto por personas que postulen los partidos políticos que lograron representación en en la próxima Asamblea Legislativa.

La intención de Alvarado quedó expresa en una carta de invitación a formar parte de un gobierno nacional que envió este lunes a los partidos Restauración Nacional (RN), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN), Frente Amplio (FA) y Republicano Socialcristiano.

La eventual elección de los miembros de la oposición que formarían parte del círculo más íntimo del nuevo presidente se realizaría mediante ternas de candidatos para puestos específicos en Ministerios y Presidencias Ejecutivas que ofrecerán las agrupaciones políticas que firmen un acuerdo multipartidario.

Cuando Alvarado y su equipo tengan los candidatos propuestos por los partidos políticos, sus atestados y hojas de vida, el presidente tomará la decisión final de quienes integrarán el gobierno nacional y quienes no.

Así lo explicó el fundador del PAC, Ottón Solís, quién aseguró que la visión es avanzar a un nuevo estilo de conformar gobierno, dejando por fuera a gente del partido oficialista para que los liderazgos los asuman adversarios políticos que trabajarían por una agenda común.

“Es una forma de lograr parlamentarismo sin parlamento y sin reforma constitucional, sino con decisiones políticas importantes. Don Carlos ha fomentado esa idea y la puso en práctica ahora en esta segunda etapa de la campaña… significa sacrificar cargos para que no sean de gente del PAC y que los otros partidos sean los que los nombren -con la aprobación del presidente-” explicó Solís.

Requisitos y compromisos

El principal requisito para ser parte del gobierno nacional es que, tanto los miembros que participarán en el gabinete, como los partidos políticos interesados, firmen y cumplan con un compromiso de aprobar una serie de proyectos de ley que estarán en una agenda legislativa común y que no se opongan a obstaculizarlos.

El partido Unidad Social Cristiana es parte del acuerdo y según su excandidato presidencial, Rodolfo Piza Rocafort, se concentrarán en avanzar en agendas comunes que solucionen problemas urgentes que tiene el país.

“Un gobierno nacional requiere participación de figuras fuertes de cada partido, los acuerdos firmados por el PUSC con don Carlos son concretos con metas específicas… para un gobierno nacional se necesita la mejor gente y esa mejor gente tiene que creer en que podemos sacar adelante problemas específicos como eliminar los cuellos de botella en las carreteras, 25 por año, que crean que es posible modernizar el tren y que hagan posible la renovación de las alianzas público privadas, la mejora de la ruta 27… todo eso requiera gente comprometida y que comparta esos acuerdos y que sean capaz de llevarlos adelante” indicó Piza a CRHoy.com.

Ante la eventual duda del nivel de fidelidad y coordinación que tendrían los miembros del gobierno nacional hacia un líder que no pertenece a su partido, Ottón Solís indicó que sería fácil destituirlos en caso de que no cumplan con los compromisos.

“Es fácil lograr acuerdos, en todos los partidos hay gente que quiere tener cargos y para eso tendrían que cumplir acuerdos… ¿sabe cuánto cuesta echar a un ministro? (en caso de que no siga la línea del presidente) nada, ni siquiera hay que escribirles una carta, solo hay que enviarles un mensaje. Si se desvían los ministros del acuerdo, todo el poder lo tiene el presidente para despedirlos” aseguró Solís.

Consultado al respecto Mario Redondo diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana y vocero electoral del partido Restauración Nacional indicó que están anuentes a analizar la posibilidad de formar alianzas e incluso participar del gobierno nacional. “El terremoto electoral acaba de pasar, estamos esperando a que pasen las replicas para replantear el futuro del movimiento que agrupó don Fabricio Alvarado” .

CRHoy,com solicitó al comando de campaña de Acción Ciudadana una copia de la carta de invitación enviada por el presidente electo a los partidos políticos, sin embargo al cierre de edición no enviaron el documento.

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Los nuevos tributos que impulsa el gobierno están cerca de convertirse en realidad. El fin del proyecto expediente 20.580, denominado Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es transformar el de ventas en impuesto al valor agregado (IVA), que mantendrá una tasa del 13%, pero ampliando su base de cobro.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?



Que muchos servicios como ir al cine, cortarse el cabello, ir al gimnasio, al estadio, al médico o la educación privada de sus hijos pagarán impuestos.

Para el economista Melvin Garita la reforma tendrá un impacto directo en el bolsillo de los costarricenses.

“Es un aumento de impuestos que afectará negativamente a todas las familias y empresas costarricenses. La introducción del IVA implicará que la mayoría de servicios tenga que pagar este nuevo tributo, el cual es muy probable recaiga en los consumidores y no en las personas y empresas que ofrecen el servicio”, explicó.



PRECIOS AL ALZA



Otra posibilidad es que al inicio el IVA incluso encarezca aún más el pago de algunos servicios por el redondeo que algunos comercios harían a sus tarifas.

Por ejemplo, si un barbero cobra hoy ¢3.500 por un corte de cabello para hombres, con el IVA deberá aplicar el 13% a esa tarifa, es decir ¢455 más. Para términos de comodidad es probable que redondee el precio al alza a un número más fácil de cobrar, por ejemplo ¢4.000.

“Una parte del impuesto -casi siempre toda- la asume el consumidor, otra el productor o prestador del servicio. Esa dinámica hace que en ocasiones estos problemas de redondeo se den hacia arriba, provocando que los precios aumenten más del 13%.

Sin embargo todo depende del grado de competencia en el mercado del bien o servicio. Un mercado muy competitivo hace que la parte que asumen los consumidores sea menor en comparación con uno donde hay menos competencia”, añadió.

Otro elemento que los comercios deberán tomar en cuenta es que se vuelve obligatorio entregar facturas porque el objetivo de Hacienda es “dejar una huella fiscal”.



PARCHE



Si bien la iniciativa toca en parte algunos “privilegios” que hoy tienen los empleados públicos, para Garita son apenas “parches fiscales”, ya que no se propone la verdadera solución, que sería el salario único.

“Cualquier iniciativa que pretenda dar más impuestos al Estado sin estar condicionada a la adopción del salario único se puede catalogar como una chambonada. El problema fiscal está explicado por la forma en que crecen los gastos en salarios.

Los sindicalistas tergiversan esta realidad para que no se ponga orden de una vez por todas al enredo que hace el ‘salario base’ y la antigüedad en el empleo público. Una persona tiene que ganar por el tipo de trabajo que desempeña, no por la antigüedad que tiene en el puesto”, manifestó.

Si bien esta reforma la conocen los actuales diputados, quienes le aplicaron una moción de vía rápida, los tiempos parecen que no darán y los nuevos legisladores tendrán que votarla en primer debate y luego enviarla a la Sala IV.

SERVICIOS QUE GRAVA

El proyecto pondrá tributos a la gran mayoría de servicios que componen el 46% de la economía nacional y hoy no tienen gravámenes. Por ejemplo, los siguientes:

Ir al cine

Ir al teatro

Ir al gimnasio

Eventos deportivos

Conciertos

Clases de baile, yoga

Salones de belleza

Casinos

Televisión por Internet

Compras por Internet

Mecánicos

Alquiler de vehículos

Dentistas

Médicos privados

Psicólogos

Psiquiatras

Abogados

Arquitectos



CREAR EL IVA

El proyecto pretende transformar el impuesto de ventas en impuesto de valor agregado (IVA) con una tasa del 13% y ampliando su base de cobro. En un inicio la reforma lograría recaudar poco más de ¢660.000 millones anuales.

EDUCACIÓN Y SALUD

La iniciativa de ley establece un IVA gradual para la educación privada y la medicina privada. Se establece arrancar en un 4% para que en un periodo de 5 años se alcance el total de la tasa.

Es decir, cuando el proyecto se convierta en ley y entre en vigencia, si una visita al ginecólogo privado cuesta hoy ¢60 mil, con el IVA en el primer año subiría a ¢62.400. Ese 4% se aplicará también en el primer año de vigencia para las matrículas de sus hijos en escuelas, colegios y universidades privadas.

ANUALIDADES

El principal cambio en el caso del empleo público es el tope en el pago de anualidades. En un principio el proyecto la establecía en un 2,54% (algunas instituciones la tienen hasta en un 5%), pero tras una moción se estableció en un 1,94%. También se propone un tope de ¢5,4 millones a los salarios de los funcionarios públicos y jerarcas de los poderes del Estado y Administración Pública.

ALQUILERES

Quienes paguen alquileres superiores a ¢425.000 mensuales y consuman más de 250 kilovatios/hora de electricidad al mes también estarán sometidos al 13% del IVA.

RENTA

El cambio en el impuesto de renta tiene que ver con las rentas al capital. Se incluye un impuesto del 15% a las ganancias de capital, por lo que si usted vende un lote o una casa a un precio mayor al que la compró tendrá que pagar ese 15% adicional. Por ejemplo, si usted compra una casita en ¢20 millones y luego la vende en ¢22 millones, tendrá que pagar a Hacienda ¢300.000 únicamente porque hizo un buen negocio.

SALARIOS

El proyecto recibió modificaciones de los diputados, una de ellas es aumentar el impuesto de renta a algunos salarios. Por ejemplo:

Entre ¢799.000 y ¢1.199.000 mensuales pagarán un 10%.

Entre ¢1.199.000 y ¢2.103.000 pagarán un 15%.

Entre ¢2.103.000 y ¢4.205.000 pagarán un 20%.

Sobre el exceso de ¢4.205.000 mensuales pagarán un 25%.

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Shankleto dijo:

para DESPICHARsh màs al pobre ... para eso quieren màs IMPUE$TO$ ...

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El ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexander Mora, recibió ¢29.574.828 de manera ilegal por concepto del sobresueldo de prohibición. Así se confirma en la investigación realizada por la Dirección de Asesoría Legal de este ministerio.

Sin embargo, en el informe, entregado el 23 de marzo al viceministro de la cartera, John Vega, no se indica que el jerarca deba devolver ese dinero, sino más bien se hace la recomendación de que Mora valore “la eventual devolución del monto percibido”.

Asó lo señala el apartado H. “Recomendaciones del Órgano Investigativo al señor Viceministro de Comercio Exterior”.

“Poner esta investigación en conocimiento del Ministro Mora, a efecto de que valore su contenido y alcances, así como la eventual devolución del monto percibido por el rubro de prohibición, durante el período que no estuvo incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas”, dice la recomendación número 1 del informe del cual CRHoy.com tiene una copia.

Consultado el ministro, aseguró que no se iba a referir a la situación hasta tanto la Procuraduría emita un criterio, a la que se le realizó la consulta sobre el tema, situación que también fue una de las recomendaciones del órgano que investigó el caso.

“El Ministro no estima prudente pronunciarse sobre los extremos consultados, hasta conocer la respuesta que emita la Procuraduría General de la República, en relación con la consulta que le formuló el Ministro a.i., atendiendo la recomendación que contempla el informe emitido por el órgano investigativo”, fue la respuesta proporcionada desde el departamento de comunicación del Comex.

Si la Procuraduría tarda en emitir el criterio, el ministro Mora dejaría su puesto el próximo 8 de mayo al mediodía sin tener resuelto el tema y sin devolver los casi ¢30 millones que recibió ilegalmente.

La investigación del jerarca del Comex tardó alrededor de 10 meses en concretarse, luego de que a inicios de mayo del año anterior se diera a conocer en conferencia de prensa después de Consejo de Gobierno.

El informe libró de responsabilidades al ministro sobre el pago, aduciendo que él nunca lo solicitó y señaló más bien un error del departamento de Recursos Humanos.

Incluso, se recomienda abrir un proceso administrativo disciplinario al señor Rolando Chavarría, jefe de ese departamento para verificar la verdad real de los hechos.

El caso de Mora es el único que no se ha resuelto, de los que se dieron a conocer durante esta administración.

Las viceministras de Gobernación, Carmen Muñoz, de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, así como el viceministro de Paz, Víctor Barrantes y la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos tuvieron que devolver el dinero de prohibición recibido, ya que no contaban con los requisitos.

La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez también tiene que devolver alrededor de ¢29 millones, aunque aún no han informado acerca de cómo reintegrará ese dinero al Estado.

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El Gobierno informó este lunes de que una auditoría forense efectuada en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) reveló que, en los últimos 10 años, esta entidad perdió ¢45.000 millones a causa de un manejo irregular de los fondos públicos destinados a financiar cooperativas.

Casa Presidencial aseguró, en coferencia de prensa, que la "fuga" de recursos ocurrió por seis vías: a través de créditos otorgados irregularmente, transferencias, viajes, donaciones, contrataciones e inversiones.




La afectación corresponde a dineros perdidos, fondos mal aprovechados o recursos que debieron haber ingresado, pero que nunca se percibieron.

Se identificaron 14 créditos con irregularidades, que suman ¢19.000 millones.

“Normativa debilitada, aprobación de créditos con omisiones, con conflictos de interés, con serias irregularidades con respecto al reglamento interno. Un seguimiento nulo o deficiente”, enumeró Luis Emilio Cuenca, subcoordinador de la Junta Interventora de Infocoop viceministro de Trabajo y coordinador de la Junta Interventora.

Según Zapote, la auditoría forense a cargo de la empresa KPMG determinó, además, que la tasa de equilibrio (tasa de interés para los préstamos) que manejó la institución durante varios años fue manipulada, producto de lo cual se dejaron de percibir ¢4.740 millones.

"Esa tasa de equilibrio interna fue manipulada y fue aprobada en la Junta Directiva anterior con errores matemáticos muy graves, que hacían que bajara dos puntos. Es decir, que se pudo bajar en dos puntos la tasa mínima a la cual el Infocoop presta sin pérdida, y eso representó ¢4.740 millones de ingresos no percibidos", explicó Cuenca.

Ese sistema, según el funcionario, a la vez causó que se permitiera un abuso de las tasas subsidiadas, lo cual resultó en otros ¢18.000 millones de ingresos no percibidos.

También, apuntó que se detectaron casos en los que directivos del Instituto aprobaron créditos a cooperativas en cuyas cúpulas figuraban familiares.

El Gobierno intervino al Instituto en febrero del año pasado, basado en denuncias anónimas y en dos informes de la Contraloría General de la República que señalaron debilidades en el manejo de la cartera crediticia de la entidad.

Casa Presidencial informó de que la investigación, así como los documentos que la respaldan, se remitirán al Ministerio Público para que se sumen a la investigación penal del caso, por lo que aún no se harán públicos.

Un análisis penal que se realizó como parte del estudio identificó cuatro potenciales delitos en el manejo de los fondos públicos: peculado, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y legitimación de capitales.

"El Infocoop fue una especie de tubo abierto durante 10 años", dijo Gustavo Fernández, director ejecutivo de la entidad.



Con la intervención, además, el Gobierno reemplazó la Junta Directiva del Instituto. Sustituyó a los cuatro representantes del sector cooperativo por personas elegidas a dedo, pero mantuvo a los tres representantes del Ejecutivo, aunque dos de ellos (Luis Felipez Arauz, ministro de Agricultura y presidente del Infocoop, y Édgar Quirós, representante del Banco Nacional) participaron en la aprobación de créditos con tasas de hasta un 2%.

Esa nueva Junta también designó un nuevo director ejecutivo, quien desistió de asumir el puesto una semana después de haber sido nombrado.

Cuatro meses después de la intervención, Casa Presidencial anunció que la administración que se había hecho con los recursos de la entidad había puesto en riesgo unos ¢28.000 millones, equivalentes en ese momento a un 25% de la cartera total de créditos del Infocoop, la cual se financia con recursos públicos de los bancos del Estado.

Está previsto que la Junta Interventora se mantenga en funciones hasta junio de este año.

Cuenca informó de que el futuro de la Junta Directiva del Instituto lo determinará el próximo Gobierno, y que la recomendación de la Junta Interventora es que el Ejecutivo se mantenga en control de la entidad hasta que se pueda modificar la ley para evitar los conflictos de interés en el otorgamiento de créditos, con un proyecto de ley que está en redacción.

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El presidente electo, Carlos Alvarado, estima que su gabinete tendrá figuras de Liberación Nacional, en consonancia con el grupo que le dio su apoyo a pocos días de que concluyera la segunda ronda electoral.

Además, insistió en que el plan fiscal que impulsa el actual gobierno, no es suficiente pasa subsanar las alicaídas finanzas públicas.

Vea aquí una de las primeras entrevistas que concede el próximo, quien asumirá el poder este 8 de mayo.

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Con el fin de recuperar parte de los recursos utilizados por el Gobierno para restaurar la infraestructura vial y servicios básicos de agua potable, afectados por la Tormenta Tropical Nate, el gobierno recurrirá a un préstamo otorgado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Poder Ejecutivo ya presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 20.747, “Aprobación del Contrato de préstamo N° 4433/Oc-Cr para el programa de emergencia en respuesta a la Tormenta Tropical Nate”.

Este proyecto contempla un préstamo de $20 millones por parte del BID y consiste en una modalidad de financiamiento para la “Facilidad de Respuesta Inmediata”, que busca ayudar a los países a cubrir gastos urgentes para la reanudación de los servicios básicos a la población afectada por un desastre.

Con estos recursos se financiarán retroactivamente aquellos gastos que efectuó el Gobierno para la atención de esta emergencia y los que el BID considere como elegibles. Todos los gastos deben estar acordes con los daños reportados en el plan general de la emergencia correspondiente.

El ejecutor será la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) como órgano rector en esta materia, con el apoyo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que actuarán en su carácter de organismos subejecutores, de acuerdo con sus competencias.

Lo anterior por cuanto con este crédito se cubrirá costos por la atención incurrida en dos sectores específicamente: infraestructura vial e infraestructura de provisión de agua potable.

En el primer sector se contemplan obras de rehabilitación de rutas y de puentes correspondientes a diversas vías de la Red Vial Nacional y el segundo se incluye la reparación de sistemas dañados y reparto de agua potable.

El plazo del crédito es a 25 años y el desembolso a 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato. La administración de los recursos del préstamo se hará bajo el principio de Caja Única, para lo cual la Tesorería Nacional acreditaría los recursos provenientes de los desembolsos en una cuenta a favor del Fondo Nacional de Emergencias.

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Shankleto dijo:

Carlos Alvarado: Proximo gabinete tendra figuras del PLN - La Nacion

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Ya Los Medios De Comunicación NO Tienen Miedo De Que Su Candidato Vaya A Perder Las Elecciones, Entonces Se Vuelve A Tocar El Tema De Impuestos.

Como dice un comentario en crhoy por MARIA MAGDALENA

“Ohh TICOS .. QUE RIDICULO. AHORA LLORAN SOBRE LA LECHE DERRAMADA... VOTAN POR EL PAC y luego LLORAN. Votaron como zombies por un tema sin ninguna importancia y AHORA vienen a reclamar.. PAGUEN contentos y alegres.. 1.3 millones de votantes estuvieron de acuerdo con más de lo mismo.”


Lo que buscan con tanto préstamo con las bancas privadas “judías” es enjaranar al país/ciudadanos empobreciendo a la mejoría con el fin de ir entregando la soberanía del país a los globalistas.

Pero cuándo la mierda caiga en el abanicó “When The Shit Hits The Fan” estos del PAC, PLN y el resto de los cerdos que nos vendieron van a estar bien acomodados.

Hubieron candidatos que NO estaban de acuerdo con estas cosas, sin embargo se eligió lo mismo de siempre.


O Hay Fraude Electoral O Los Ticos Son MASOQUISTAS

El gobierno de Luis Guillermo Solís flexibilizó la directriz que restringía e impedía a las instituciones públicas llenar todas las plazas que estuvieran o quedaran vacantes.

Entre julio del 2014 y enero del 2018, el mandatario Solís ordenó que solo se podía llenar hasta un 15% de los puestos en donde no hubiese alguien nombrado. El resto no se podía ocupar ni siquiera de manera interina. La medida pretendía contener el gasto ante el creciente déficit fiscal.

Sin embargo, ese porcentaje se elevó al 50% con una nueva directriz emitida por el presidente junto al ministro de Hacienda, Helio Fallas, el pasado 26 de enero



Gracias a esta nueva directriz, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) llenará 37 de las 75 plazas que tiene vacantes. Con las directrices anteriores, el tope hubiese sido de 11.

Se trata del mandato N.° 98-H, cuyo artículo 9 señala textualmente: "Durante el 2018, los ministerios, los órganos desconcentrados y entidades que reciben transferencia de Gobierno para el pago de remuneraciones, y que están cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, podrán utilizar el 50% de las vacantes existentes y las que se generen a futuro".

La directriz original fue emitida el 17 de julio del 2014, como parte de una serie de medidas para contener el gasto y mejorar la eficiencia de los recursos públicos, ante el crecimiento constante del déficit fiscal.

Se trata de la directriz N.° 9-H, la cual posteriormente fue reformada mediante la modificación N.° 14, del 11 de setiembre del 2014. También se incluyó en la N.° 23-H, del 20 de abril del 2015, que derogó la N.° 9-H.

"Durante los siguientes dos años, los ministerios, así como los órganos desconcentrados y entidades que reciben transferencia de Gobierno para el pago de salarios, y que están cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, podrán hacer uso de hasta un 15% de las plazas que se encuentren vacantes a la fecha de publicación de la Directriz Presidencial Nº 009-H y ese mismo porcentaje para las que en adelante queden en esa condición".

"Entiéndase que de cada siete plazas vacantes, solo se podrá ocupar una", señala el artículo 12 de la directriz del 2015.

Este medio solicitó explicaciones a Hacienda sobre la nueva medida, consultando si es congruente con las políticas de restricción de gasto en momentos de estrechez financiera, pero no respondió.
Ampliación en excepciones

El Gobierno no soló varió el porcentaje máximo de contratación de plazas vacantes, sino que también amplió el número de instituciones que estaban excluidas de esta restricción.

Ahora, en el 2018, se excluyeron "las direcciones, departamentos, oficinas, unidades o áreas integradas con cinco o menos funcionarios", así como los puestos donde hubo un despido sin responsabilidad patronal, salidas por pensión o por muerte del funcionario.

Además, se hizo una excepción con las plazas de la Dirección de Apoyo al Consumidor, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entre otras.

En la primera directriz, la de julio del 2014, solo se consignó que estaban excluidos los nombramientos en plazas vacantes para el Servicio Exterior y que la Autoridad Presupuestaria podría hacer, por "una única vez" en cada institución, una excepción "en razón de conveniencia y necesidad de la administración".

Esa directriz se modificó tres meses después para agregar otra serie de excepciones y se quitó la leyenda "una única vez".

Se excluyeron las plazas para personas con discapacidad, los puestos de confianza y regímenes sin oposición; así como algunos puestos jerárquicos en el Ministerio de Planificación Nacional, las plazas en los ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, y en Bomberos de Costa Rica.

Luego, en el 2015, también se sacó de la restricción a algunos puestos de Gestión Aduanera del Ministerio de Hacienda, los cuerpos policiales y las plazas en la Dirección de Policía de Tránsito.

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