¡Ay, Dios mío! Esto sí que cayó del cielo, mi clave. Después de tanto batallar y polémica, parece que finalmente le dieron el tiro de gracia al intento de reformar la ley de capitales emergentes. Un alivio pa’ muchos, pero también deja abierta la pregunta de cómo vamos a combatir esos dineros turbios que entran al país.
La cosa es que este proyecto, que venía arrastrando desde el tiempo de Don Carlos Alvarado, quería darle más poder al Estado para meterle mano a bienes y propiedades que aparentemente salen de actividades sospechosas, como el narcotráfico o el lavado de plata. La idea era simple en teoría: si ves una mansión que no cuadra con el salario de quien la vive, ¡a investigar!, pero la práctica se complicaba porque no había límites claros ni garantías para evitar abusos.
Y vaya que hubo resistencia. Ayer mismo, en la Asamblea Legislativa, la propuesta quedó varada con 20 votos en contra. Se necesitaban 38 para aprobarla, y bueno, ahí no llegaron ni cerca. El oficialismo, Nueva República, el PLP y hasta una buena parte del PUSC dijeron ‘no’. Parece que la idea de que el Estado se pueda meter en todos lados dio escalofríos a varios diputados, y razón tienen, ¿quién quiere que le revisen hasta el changuito?
Claro, no todo fue rechazo rotundo. El PLN, el Frente Amplio, algunos diputados independientes como Johana Obando, Gilbert Jiménez y Luis Diego Vargas, y Horacio Alvarado del PUSC, se pusieron del lado del proyecto, argumentando que era necesario fortalecer las herramientas para perseguir a los narcos y lavadores de dinero. Pero incluso dentro del PUSC hubo divisiones, con las diputadas María Marta Padilla y Cynthia Córdoba votando en contra. Ahí se ve que ni entre primos siempre hay acuerdo, diay.
El expediente 22.834, como oficialmente se llamaba este churrito legal, proponía agregar unos cuantos artículos a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Básicamente, daba vía libre al Ministerio Público para solicitar al juez que agarre, literalmente, cualquier bien que levante sospechas, sin necesidad de pruebas sólidas al principio. Imagínate, te pueden embargar la casa solo porque no saben de dónde sale tu platón, ¡una torta!
Lo que más preocupa es que no había un umbral claro para iniciar estas investigaciones. Eso abría la puerta a que cualquier vecino envidioso pudiera denunciarte por tener un carro bonito o una tele grande. “¡Ahí anda el problema!”, decían los críticos. Teníamos que ser cuidadosos de no caer en un abuso de poder que afectara a gente inocente. Además, les faltó pensar en las consecuencias económicas: ¿quién iba a querer invertir en Costa Rica si el Estado puede decomisar tus bienes sin justificación suficiente?
Ahora, el proyecto queda archivado en el Congreso, listo para morir y esperar un resucitado en el próximo cuatrienio, si es que alguien tiene el coraje y la visión para proponer algo parecido. Pero mientras tanto, la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un brete, y necesitamos encontrar soluciones que sean efectivas pero que protejan nuestros derechos y libertades. No podemos solucionar un problema creando otro igual de grave.
Con todo esto, me pregunto: ¿Es realmente viable darle al Estado poderes tan amplios para investigar y decomisar bienes sin una prueba sólida de culpabilidad? ¿O deberíamos enfocarnos en fortalecer otras áreas, como la inteligencia financiera y la cooperación internacional, para rastrear estos flujos ilegales de manera más efectiva? ¡Denme su opinión, mi clave, en los comentarios!
La cosa es que este proyecto, que venía arrastrando desde el tiempo de Don Carlos Alvarado, quería darle más poder al Estado para meterle mano a bienes y propiedades que aparentemente salen de actividades sospechosas, como el narcotráfico o el lavado de plata. La idea era simple en teoría: si ves una mansión que no cuadra con el salario de quien la vive, ¡a investigar!, pero la práctica se complicaba porque no había límites claros ni garantías para evitar abusos.
Y vaya que hubo resistencia. Ayer mismo, en la Asamblea Legislativa, la propuesta quedó varada con 20 votos en contra. Se necesitaban 38 para aprobarla, y bueno, ahí no llegaron ni cerca. El oficialismo, Nueva República, el PLP y hasta una buena parte del PUSC dijeron ‘no’. Parece que la idea de que el Estado se pueda meter en todos lados dio escalofríos a varios diputados, y razón tienen, ¿quién quiere que le revisen hasta el changuito?
Claro, no todo fue rechazo rotundo. El PLN, el Frente Amplio, algunos diputados independientes como Johana Obando, Gilbert Jiménez y Luis Diego Vargas, y Horacio Alvarado del PUSC, se pusieron del lado del proyecto, argumentando que era necesario fortalecer las herramientas para perseguir a los narcos y lavadores de dinero. Pero incluso dentro del PUSC hubo divisiones, con las diputadas María Marta Padilla y Cynthia Córdoba votando en contra. Ahí se ve que ni entre primos siempre hay acuerdo, diay.
El expediente 22.834, como oficialmente se llamaba este churrito legal, proponía agregar unos cuantos artículos a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Básicamente, daba vía libre al Ministerio Público para solicitar al juez que agarre, literalmente, cualquier bien que levante sospechas, sin necesidad de pruebas sólidas al principio. Imagínate, te pueden embargar la casa solo porque no saben de dónde sale tu platón, ¡una torta!
Lo que más preocupa es que no había un umbral claro para iniciar estas investigaciones. Eso abría la puerta a que cualquier vecino envidioso pudiera denunciarte por tener un carro bonito o una tele grande. “¡Ahí anda el problema!”, decían los críticos. Teníamos que ser cuidadosos de no caer en un abuso de poder que afectara a gente inocente. Además, les faltó pensar en las consecuencias económicas: ¿quién iba a querer invertir en Costa Rica si el Estado puede decomisar tus bienes sin justificación suficiente?
Ahora, el proyecto queda archivado en el Congreso, listo para morir y esperar un resucitado en el próximo cuatrienio, si es que alguien tiene el coraje y la visión para proponer algo parecido. Pero mientras tanto, la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un brete, y necesitamos encontrar soluciones que sean efectivas pero que protejan nuestros derechos y libertades. No podemos solucionar un problema creando otro igual de grave.
Con todo esto, me pregunto: ¿Es realmente viable darle al Estado poderes tan amplios para investigar y decomisar bienes sin una prueba sólida de culpabilidad? ¿O deberíamos enfocarnos en fortalecer otras áreas, como la inteligencia financiera y la cooperación internacional, para rastrear estos flujos ilegales de manera más efectiva? ¡Denme su opinión, mi clave, en los comentarios!
